La Cámara de Diputados aprobó el 3 de noviembre de 2026 las modificaciones que el Senado hizo a la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Con esa votación terminó el proceso legislativo: la industria automotriz terminal y los expendedores de gasolinas y diésel quedan fuera del nuevo mecanismo que limita deducciones y pérdidas fiscales a las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos.
El pleno avaló la minuta con 349 votos a favor, de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, y 92 en contra, del PAN y el PRI. Ese mismo día, la Comisión de Hacienda había aprobado el dictamen con 28 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. Ninguna de las reservas presentadas en tribuna prosperó, y el decreto se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Qué se votó exactamente
Los diputados no volvieron a discutir toda la reforma. Conforme al artículo 72, inciso E, de la Constitución, la cámara de origen solo se pronuncia sobre lo que modificó la revisora. En este caso, eso fue el artículo 78-E, que enumera a los contribuyentes a los que no les aplica el nuevo Capítulo X de la ley: se reformó su fracción III y se adicionó una fracción IX.
El resto del mecanismo quedó como se aprobó en octubre. Para las empresas que sí están dentro, las deducciones se aplican al 99% o se topan en 96.67% de los ingresos acumulables, y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores solo pueden disminuir hasta 50% de la utilidad fiscal. Como detallamos cuando el Senado incorporó las excepciones, las deducciones que no puedan aplicarse se difieren, no se pierden.
| Etapa | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Aprobación en Cámara de Diputados | 13 de octubre de 2026 | Reforma aprobada sin excepciones para estos sectores |
| Aprobación en Senado | 27 de octubre de 2026 | Se modifica el artículo 78-E; regresa a Diputados |
| Comisión de Hacienda de Diputados | 3 de noviembre de 2026 | 28 a favor, 8 en contra, 2 abstenciones |
| Pleno de Diputados | 3 de noviembre de 2026 | 349 a favor, 92 en contra; pasa al Ejecutivo |
Los argumentos para exceptuar
El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, defendió el cambio con dos razonamientos distintos, uno por sector.
Para las armadoras, el argumento fue la semejanza con las empresas de maquila, que ya estaban exentas del mecanismo desde la versión original. Ambas operan con grandes volúmenes de insumos importados y márgenes que no reflejan la escala de su facturación.
Para las gasolineras, el énfasis estuvo en que se trata de una actividad formal y muy regulada, donde el costo de adquirir el combustible pesa casi tanto como el ingreso por venderlo. Además, su capacidad para trasladar aumentos de costo al consumidor es limitada, porque el precio al público está acotado por los estímulos y acuerdos con Hacienda.
Los que se quedaron afuera
La oposición no cuestionó tanto las dos excepciones como su estrechez. Legisladores del PAN señalaron que actividades con una lógica económica parecida siguen dentro del mecanismo: los fabricantes de autopartes, las agencias distribuidoras y comercializadoras de automóviles y los distribuidores de gas LP.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez advirtió que mantener las restricciones para esos sectores puede frenar inversiones y generar incertidumbre jurídica. También anticipó que las empresas afectadas podrían acudir a medios de defensa, entre ellos el amparo, al considerar que reciben un trato distinto al de contribuyentes en situación similar.
PRI y PAN reprocharon además que, en la primera discusión de octubre, la mayoría rechazara propuestas para excluir a estos mismos sectores, y que semanas después el Senado las incorporara.
Una cadena productiva partida en dos
El efecto más visible del nuevo artículo 78-E es que divide cadenas productivas completas. Una armadora que opera bajo depósito fiscal queda fuera del control; el proveedor que le fabrica los asientos, los arneses o las piezas de motor, no. La agencia que vende al público los vehículos terminados, tampoco.
Algo parecido ocurre en combustibles. La estación de servicio que despacha gasolina y diésel está exenta, pero el distribuidor de gas LP que reparte a domicilio con márgenes igual de reducidos sigue sujeto al tope de 96.67%.
Esa asimetría es el punto donde se concentrarán los amparos, si llegan. El argumento previsible es de equidad tributaria: contribuyentes con estructuras de costos comparables reciben un tratamiento distinto sin que la ley explique con suficiente claridad por qué.
Qué sigue para las empresas
Con la votación de San Lázaro ya no hay margen legislativo. La reforma entrará en vigor cuando se publique en el DOF, conforme a sus disposiciones transitorias, y se espera que eso ocurra antes del 1 de enero de 2027.
Para las personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que no estén en ninguna fracción del 78-E, el mecanismo aplica desde el primer pago provisional del año. Conviene modelar desde ahora el efecto del tope sobre la base gravable, el saldo de pérdidas pendientes y el flujo de efectivo, porque el impacto varía mucho según el margen de cada empresa.
Quienes estén evaluando un amparo deben tener presente el plazo: contra una ley autoaplicativa, la demanda se presenta dentro de los 30 días hábiles siguientes a su entrada en vigor; contra el primer acto de aplicación, dentro de los 15 días hábiles siguientes.
