Boletín semanal. Lunes 18 de junio, 2018

Con notas de la semana del 11 al 15 de junio

«Somos testigos de una asombrosa generación de individuos más interesados en las motivaciones y el sentido, que en los bienes materiales. Y sus lugares de trabajo se basan en una vocación de plenitud, no sólo de salario.»

―Adam Neumann CEO de WeWork

Suprema Corte de Justicia de la Nación

En la CDMX ya no se podría aplicar el recurso de revisión contenciosa administrativa

En mayo del 2015 se decretó una reforma al artículo 104 de la Constitución con la que se le daba la facultad a los Tribunales Colegiados de Circuito de conocer los recursos de revisión que los contribuyentes interponen ante las resoluciones administrativas tomadas por los tribunales (el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los distintos tribunales locales). El recurso de revisión es un medio de defensa que los contribuyentes generalmente usan cuando se cree que se tiene que revisar el procedimiento porque algo se pasó por alto.
En enero del 2016 se publicó en el Diario Oficial una reforma al artículo 104 de la Constitución, donde se estableció que los Tribunales Colegiados de Circuito podrán conocer, únicamente, las revisiones interpuestas contra las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero no dice nada de los tribunales locales. Esto implica que ya no existe una regulación constitucional que señale que los Tribunales Colegiados puedan conocer las revisiones interpuestas contra el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Una nueva tesis aislada del Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito afirma que como esos Tribunales ya no tienen la facultad de conocer los recursos de revisión que se presenten ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el recurso de revisión contenciosa administrativa ya no puede proceder; por lo menos en Tribunales de la CDMX. Por tanto, este medio de defensa ya no es posible en esta la ciudad.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: I.10o.A.68 A (10a.), fecha: 8 de junio del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Para ceder un crédito civil, debes cumplir con este test de requisitos ante un juez

Los créditos civiles son los préstamos que se dan entre personas físicas. Este tipo de créditos se pueden ceder (en lo que se le llama “cesión de crédito”), de tal modo que una persona entrega a otra el derecho de cobro que se menciona en el crédito.
Al hacerse la cesión de crédito, las autoridades deben comprobar que se le notificó formalmente al deudor que ahora tiene que pagarle a otra persona. Esto lo hacen mediante un test de evaluación realizado ante notario con dos testigos. Este test, efectuado al momento de admisión de la demanda que da inicio al procedimiento de cesión, es menos rígido que el test que se hace al pronunciar la sentencia que da término al procedimiento. En este segundo test se verifica la efectividad de la notificación ante notario. Si no se cumplen estos tests, no se puede verificar que las notificaciones se hicieron correctamente, por lo que alguno de los involucrados podría impugnar la notificación para que la cesión del crédito no fuera válida.
Según una nueva jurisprudencia del Pleno en materia civil del Primer Circuito, en ese segundo test el juez debe asegurarse de que la notificación cumpla con los requisitos mínimos de las notificaciones personales:

• Fecha y hora en que se practica
• El nombre de la persona que la realiza y la calidad con que actúa; es decir, si lo hace por propio derecho o representación
• Nombre del destinatario de la notificación
• Lugar en el que se practica
• Si la notificación se entendió directamente con el destinatario o con otra persona
• Mención de la persona con la que se entendió el acto
• Mención del acto que se notifica
• Debe hacerse constar si la comunicación se realizó verbalmente o mediante la entrega de un documento
• Debe anotarse que toda la actuación fue presenciada por dos testigos, asentado por lo menos su nombre y domicilio
• Debe constar la firma de quienes intervinieron

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: créditos civiles, fecha: 8 de junio del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

La autoridad está obligada a recordar al trabajador que traiga su último estado de cuenta en los juicios laborales de seguridad social

Una jurisprudencia del año 2017 determinó que si el trabajador presenta una demanda laboral, pero no cumple con los requisitos formales que establece la Ley Federal del Trabajo, la autoridad debe prevenirlo para que arregle esas irregularidades.
En el caso de demandas que reclaman la devolución y entrega de la subcuenta de vivienda, el trabajador debe presentar el documento que corresponda al último estado de cuenta de ahorro para el retiro, ya que es una carga que la ley le impone.
¿Pero qué pasa si se le olvida?
Una nueva tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Séptimo Circuito, dice que si el trabajador no presenta este documento, el tribunal que lleve el caso debe prevenirlo para que lo haga. De no hacerlo, sería una violación procesal que deja sin defensa al trabajador. Esto último, según la Ley de Amparo, es suficiente para que se reponga el procedimiento.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: VII.2o.T.161 L (10a.), fecha: 8 de junio del 2018.

Secretaría de Economía

Diseñadores, registren sus dibujos y modelos industriales internacionalmente

El Sistema de La Haya es parte de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y ofrece una solución práctica para registrar hasta 100 dibujos o modelos en más de 60 países miembros con una sola solicitud internacional.
En México se ha reformado el trámite para el registro de diseños industriales, además de que se otorgó más tiempo de vigencia de derechos para los diseñadores.
Todas las personas que tengan un establecimiento industrial o comercial en alguno de los países que formen parte del Arreglo de La Haya tienen derecho a presentar la solicitud internacional. Para presentarla, no es necesario tener antes una solicitud o registro nacional, por lo que puede pedirse la protección de un modelo industrial por primera vez a través del Arreglo.
Las solicitudes internacionales están sujetas al pago de tres tipos de tasas: de base, de publicación y, dependiendo del país, una tasa de designación estándar o una tasa de designación individual.
Cuando una solicitud cumple con los requisitos, se inscribe en el Registro Internacional y se publica en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales. Este es un boletín semanal oficial de la OMPI con toda la información que tiene que ver con el registro internacional y cuenta con una reproducción de los dibujos protegidos.
La OMPI y el Sistema de la Haya tienen una guía para el registro internacional de diseños industriales.

Revisa el comunicado oficial aquí.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Sociedad mercantil obtuvo amparo porque cierta ley no establece plazo para llegar a resolución —haciéndola inconstitucional

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas multó a una sociedad mercantil y, de paso, revocó su autorización para funcionar como intermediaria de reaseguro (que es cuando un asegurador toma a su cargo un riesgo ya cubierto por otro asegurador sin alterar lo convenido originalmente).
Esta sociedad mercantil presentó un amparo alegando que el artículo 138 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS, que regula las sanciones por no cumplir con esa ley) no establece un plazo para que la Comisión dicte una resolución. Las sociedades mutualistas son asociaciones de personas que sin dar pólizas o contratos, conceden a sus miembros coberturas en caso de muerte, beneficios en los accidentes y enfermedades o indemnización por daños.
El hecho de que no se establezca un plazo es una falta que va en contra de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución; es decir, los principios de legalidad y seguridad jurídica. La idea es que, como no existe un plazo, el caso puede alargarse indefinidamente, lo que dejaría en incertidumbre jurídica a los involucrados.
El artículo 2 Bis de la LGISMS dice que las autoridades no pueden tardar más de dos meses para llegar a una resolución. Pero más adelante en el mismo artículo se dice que este plazo de dos meses no puede aplicarse a lo establecido en los Capítulos II y III de la ley, y el artículo 138 se encuentra en el Capítulo III.
Por estas razones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 138 de la LGISMS no tiene un plazo definido para que la autoridad llegue a una resolución, por lo que sí viola el principio de seguridad jurídica.
Con esto, se revocó la sentencia y la sociedad consiguió su amparo.

Revisa el comunicado oficial aquí.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Quieres ganar tiempo? Si un menor de edad en tu empresa es quien recibe alguna notificación, ésta perderá efectos jurídicos

Como sabemos, los mayores de 15 años pueden trabajar legalmente bajo algunas condiciones establecidas por la ley, y los menores de esa edad no pueden trabajar bajo ninguna circunstancia. Esto lo establece el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo.
Por otra parte, otros artículos del Código Civil Federal (22, 23, 24, 646 y 647) dicen que las personas adquieren la facultad para crear, modificar, o extinguir derechos y obligaciones con la mayoría de edad; es decir, a los 18 años.
Sin embargo, esas leyes por sí mismas no aportan claridad ante ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si justamente el menor que trabaja legalmente en una empresa es quien recibe una notificación?
Para resolverlo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una jurisprudencia en la que se afirma que si un menor de edad trabajador de una empresa recibe por cualquier motivo una notificación de cualquier tipo, ésta no puede surtir plenos efectos jurídicos, pues por ser menor de edad no es sujeto de ese tipo de obligaciones. Esto quiere decir que la notificación es ilegal.

Revisa la jurisprudencia aquí con estos criterios de búsqueda; P./J. 19/2018 (10a.), fecha: 8 de junio del 2018.

Secretaría de Economía

No tienes pretexto: curso gratuito y en línea sobre propiedad intelectual

Este curso intensivo, avalado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual e impartido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está dirigido a todos los que estén interesados en conocer las prácticas para la protección de este tipo de derechos. Así que si eres inventor, empresario, emprendedor, estudiante y profesor de la Propiedad Industrial, esto te interesa.
El curso está dividido en doce módulos; cada uno cuenta con una etapa de autoevaluación y con una herramienta que conecta a los estudiantes con profesionales del área. Estos son los módulos:

• Introducción a la propiedad industrial
• Derecho de autor
• Derechos conexos
• Marcas
• Indicaciones geográficas
• Diseños industriales
• Patentes
• Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
• Competencia desleal
• Protección de las obtenciones vegetales
• Resumen y debate sobre los derechos de propiedad industrial
• La agenda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para el desarrollo

Es completamente gratis y en línea; tiene una duración de 55 horas y se llevará a cabo del 1 de octubre al 18 de noviembre. Las inscripciones abren el 1 de julio y cierran el 23 de septiembre.

Revisa el comunicado oficial aquí.

Diario Oficial de la Federación

¿Eres accionista de una SA o de una RL? Ahora estás obligado a presentar avisos a la Secretaría de Economía

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. El cambio principal es que las sociedades anónimas (donde todo el capital se encuentra dividido en acciones) y de responsabilidad limitada (donde la responsabilidad está limitada al capital aportado y en el caso de que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios), tienen que presentar un aviso a la Secretaría de Economía sobre los cambios en sus estructuras accionarias.
Estas modificaciones a la ley se hicieron para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (una asociación internacional que busca combatir el lavado de dinero y la financiación al terrorismo), derivadas de los ataques al sistema financiero del país.
Estas nuevas obligaciones no se traducen en gastos nuevos para las empresas, ya que todo se hará a través del portal de Publicaciones de Sociedades Mercantiles. Por último, todos los avisos que hagan los accionistas serán confidenciales, a menos que “la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas cuando ésta sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de la legislación correspondiente”.

El decreto entrará en vigor a partir del 15 de diciembre del 2018 y puedes revisarlo aquí.

Diario Oficial de la Federación

Extienden el plazo para recaudar contribuciones de operaciones de comercio exterior

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a las Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito. El único cambio se encuentra en el artículo primero transitorio:
“La recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de contribuciones provenientes de operaciones de comercio exterior y demás que deban pagarse conjuntamente con éstas, quedarán sujetas a las presentes Reglas hasta los 634 días naturales siguientes a la publicación de las presentes Reglas en el Diario Oficial de la Federación”.
La versión anterior, del 2016, se hizo para homologar la retribución que se paga a las instituciones de crédito que recaudan recursos federales, incluyendo las de operaciones de comercio exterior. Con esto, se puede modernizar el esquema de tarifas para acercarlo más a los estándares internacionales.
En esa versión, se estableció una homologación de la recepción de información de declaraciones fiscales y de comercio exterior hasta 540 días naturales después de que se publicaran en el DOF.  Pero como este plazo no es suficiente para conservar los estándares internacionales y mejorar los nuevos sistemas, se alargó 94 días hasta establecerse en 634 días naturales después de su publicación. Como se publicó el pasado 14 de junio, el plazo vence el lunes 9 de marzo de 2020.

Revisa el decreto oficial aquí

Notas de la semana en la página web de El Contribuyente |Inteligencia fiscal para tu negocio

• Opinión: ¿Por qué debes actualizarte en las tasas de aranceles durante la guerra comercial?
• ¿Cuáles son las propuestas fiscales de los candidatos presidenciales?
• Un proveedor quiso verle la cara al SAT y este fue el resultado
• ¿En qué casos puedo cancelar un CFDI sin la aprobación del receptor?
• Opinión: ¿Cuándo debo presentar el Anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple?

Indicadores de la semana

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Boletín semanal. Lunes 11 de junio, 2018

Con notas de la semana del 4 al 8 de junio

«Sin experimentación, sin la disposición a hacer preguntas e intentar cosas nuevas, nos volveremos estáticos, repetitivos y moribundos.»

―Anthony Bourdain (1956 – 2018). Chef, empresario y figura pública

Diario Oficial de la Federación

Más cambios al Código Fiscal de la Federación (…por aquello de las gasolineras)

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación modificaciones y adiciones al Código Fiscal de la Federación; estos son los cambios más importantes. Algunos de ellos, como podrá verse, fueron motivados por la introducción de las nuevas cadenas de gasolineras.

• Se modificó el Artículo 28 que habla cómo se debe llevar la contabilidad. En la nueva versión se modifica la definición de los documentos e información por los que se integra la contabilidad, con un especial énfasis en las “personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero”. Estos deberán contar “con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, así como con dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo, que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina.”

• También se actualizó el Artículo 29 que habla de la obligación de expedir comprobantes fiscales y los requisitos que deben cumplir. En la versión anterior, los contribuyentes tenían que expedir sus propios comprobantes fiscales sin facilidades del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ahora, este organismo podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios o por medios electrónicos. Además, podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías.
  Además, se añadió un nuevo párrafo con el que el SAT podrá establecer las características de los documentos digitales que amparen actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no haya obligación de emitir comprobante fiscal digital por Internet.

• Se añadió el Artículo 53-D. Esta serie de artículos habla de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y de la información que pueden solicitar de los contribuyentes: “las autoridades fiscales podrán auxiliarse de terceros para la toma de muestras o para el análisis, identificación o cuantificación de bienes o mercancías de difícil identificación.”
  La toma de muestras se desarrollará conforme al procedimiento siguiente:
  1. Se realizará por triplicado, salvo que no sea posible por su naturaleza o volumen.
  2. La autoridad fiscal asignará el número de registro que corresponda a las muestras obtenidas. Una muestra se utilizará para su análisis, otra quedará bajo custodia de la autoridad fiscal que haya participado en la diligencia de la toma de muestra y la tercera será entregada al contribuyente.
  3. La autoridad fiscal levantará acta de muestreo y notificará el resultado correspondiente al interesado antes del levantamiento de la última acta parcial para que pueda aportar pruebas en su defensa.
• Se añadió un párrafo al Artículo 69-B. En él se habla de cómo las autoridades fiscales pueden presumir que se realizó una transmisión indebida de pérdidas fiscales:
  • Artículo 69-B Bis. La autoridad podrá presumir que se efectuó la transmisión indebida de las pérdidas fiscales, cuando del análisis de la información con que cuenta en sus bases de datos identifique que el contribuyente que tenga derecho a la disminución de esas pérdidas fiscales fue parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien, de un cambio de accionistas y, como consecuencia de ello, dicho contribuyente deje de formar parte del grupo al que perteneció.

Revisa el decreto oficial aquí.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

El SAT no puede legitimar una revisión fiscal mediante la firma electrónica

Los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueden emplear su firma electrónica avanzada, pero esta debe limitarse a sus actos o resoluciones administrativas derivadas de la aplicación de las disposiciones fiscales. Esto así lo establecen los artículos 17-D, 17-I y 38 del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.123.3 de la RMF del 2017.
Tomando esto en cuenta, una nueva jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito dice que si una autoridad del SAT interpone el medio de defensa de la revisión fiscal mediante el uso de la firma electrónica, esta debe desecharse, pues “pues el escrito de agravios no contiene firma autógrafa o firma electrónica válida”.
Esto surge de la interpretación del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece el recurso de revisión fiscal.

Revisa la jurisprudencia aquí con estos criterios de búsqueda:  IV.3o.A. J/16 (10a.), fecha: 1 de junio del 2018.

Secretaría de Economía

Descarga la nueva forma que debes usar en el IMPI para solicitar una patente

La actual forma oficial IMPI-00-009 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya no será recibida después del 13 de julio del 2018. Este formato es el que se utiliza para las solicitudes de patente y el registro de modelo de utilidad y de diseños industriales.
El motivo del cambio es, se supone, lograr que los trámites y solicitudes sean más homogéneos, como lo establece el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

A partir del lunes 16 de julio solo se utilizará el nuevo formato que puedes descargar aquí

Revisa aquí el comunicado oficial.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Qué pasa si un trabajador se pensiona con la ley del 73 y vuelve a trabajar?

Si un trabajador jubilado que tiene una pensión bajo la Ley del Seguro Social del 73 reingresa a trabajar, puede conseguir que se le devuelva el saldo total de la cuenta individual de ahorro para retiro que haya acumulado, siempre y cuando no busque obtener una nueva pensión. Esto lo determinó así una nueva tesis de jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.
Según se argumenta, si el trabajador cotiza ante los institutos correspondientes, se le debería devolver el saldo total de lo que cotizó conforme a la Ley del Seguro Social vigente. Esto es porque su artículo 154 dice que para conseguir una pensión se necesita contar con 60 años o más de edad y que el asegurado tenga un mínimo de 1,250 cotizaciones semanales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si no se cumple este requisito, una de las opciones disponibles es el retiro del saldo de la cuenta individual en una sola exhibición.
Entonces, de elegir esta opción, el trabajador tendría derecho a que la Afore le devuelva el saldo total acumulado, lo que incluye las subcuentas de cesantía, vejez, cuota social y estatal. Por último, la nueva tesis dice que la Afore no puede alegar que estos recursos deben enviarse al Gobierno Federal, ya que eso corresponde al procedimiento de la ley derogada.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda:  VII.2o.T.159 L (10a.), fecha: 25 de mayo del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Patrón, ya tienes dos oportunidades para presentar pruebas en un juicio contencioso administrativo ante el IMSS

En el 2013, la Suprema Corte publicó una jurisprudencia en la que se determinó que quien promovió un juicio contencioso administrativo, no puede ofrecer pruebas que no presentó durante el procedimiento original que llevó al juicio.
Pero ahora ya hay excepciones… Según una nueva tesis del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, si en un litigio contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el patrón exhibe alguna prueba después de que se emitió la cédula de liquidación de un procedimiento, podría presentarla otra vez en el juicio contencioso administrativo a través de un escrito de aclaración. Más adelante, también podrá interponer el recurso de inconformidad.
Esto se debe a que como la prueba sigue siendo parte del proceso administrativo, puede también ser admitido y considerado por la Sala Regional.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda:  I.18o.A.48 A (10a.), fecha: 25 de mayo del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

En una demanda laboral, no es válido usar el nombre comercial de la empresa (ni los nombres artísticos, ni los alias)

En varias ocasiones la Suprema Corte ha dicho que un patrón debe ser, forzosamente, una persona física o moral con derechos y obligaciones. Derivado de esto está el señalamiento de nombre del demandado, que es un requisito para que prospere la demanda.
La única excepción a esto es cuando no se conoce el nombre, denominación o razón social del patrón, con lo que puede usarse el domicilio del centro de trabajo y la actividad a la que se dedica el patrón, como indica el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo.
Ahora, una nueva tesis del Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto Circuito determinó que las denominaciones comerciales, los nombres artísticos, los alias y otros, aunque puedan ayudar a identificar el centro de trabajo demandado, por sí solos no cumplen con el requisito de nombre, denominación o razón social de la empresa demandada.
Entonces, si el trabajador solo tiene estos datos, es mejor optar por la excepción y utilizar el domicilio y la actividad del patrón para identificarlo.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda:  IV.3o.T.39 L (10a.), fecha: 25 de mayo del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Crees que la ley del ISR viola el principio de equidad tributaria? Demuéstralo con contribuyentes de tu mismo nivel

Un caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia en el que cinco contribuyentes diferentes alegaron que diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta violaban el principio de equidad tributaria. Esto se refiere a que cada contribuyente debe pagar impuestos según sus capacidades, y que personas en las mismas circunstancias deben ser tratadas de la misma manera en cuanto a impuestos. Para resolver estos casos, las autoridades hacen un juicio de igualdad tributaria donde se comprueba si dos personas en situaciones similares pagan diferentes cantidades en impuestos.
Un requisito de los juicios de igualdad tributaria es un punto de comparación. Con esto se tienen los parámetros para medir a las empresas o personas entre las que se cree que existe un trato diferente.
Según una nueva tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala, el término de comparación que se proponga debe ser “idóneo”; es decir, debe permitir que se compare una característica homologable, semejante o análoga. Si no se consigue que el punto de comparación sea idóneo, el juicio de equidad tributaria no serviría para enmendar el agravio que dio origen a la demanda.

Revisa la jurisprudencia aquí con estos criterios de búsqueda:  2a./J. 54/2018 (10a.), fecha: 25 de mayo del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

La definición de “trabajador de confianza” es muy “general”…

Para que un trabajador sea considerado de confianza, debe cumplir con dos requisitos, según el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo: 1) realizar funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general; 2) que sus actividades se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Todo eso está muy bien, excepto que la expresión “carácter general” convierte a la definición en algo muy ambiguo.
Una nueva tesis aislada del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito explica cómo debe entenderse la palabra “general” en la definición.
Al decir que las funciones son de confianza cuando tengan “carácter general”, no se refiere a que estos trabajadores deban desarrollarse en todas estas áreas, sino que pueden desarrollarse en cada una, de manera indeterminada.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: I.13o.T.196 L (10a.),  fecha: 1 de junio del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Si estás en las listas de operaciones inexistentes, puedes interponer un juicio contencioso administrativo

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece que el juicio contencioso administrativo federal sólo puede proceder contra una resolución definitiva. Según una tesis de la Segunda Sala del año 2003, las resoluciones son definitivas cuando ponen fin a una instancia o procedimiento o cuando es la manifestación de la voluntad de una autoridad.
La publicación de los datos de los contribuyentes en una lista, como la del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, es una resolución definitiva ya que es la manifestación de la voluntad de la autoridad. Ante eso, los contribuyentes pueden interponer el juicio contencioso administrativo federal contra estos listados. Todo esto según una nueva jurisprudencia del Pleno en materia administrativa del Primer Circuito.

Revisa la jurisprudencia aquí con estos criterios de búsqueda: J/127, fecha: 1 de junio del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Cuándo surten efectos las notificaciones en materia laboral

Una nueva tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Décimo Sexto Circuito determinó cuándo surten efectos las notificaciones en materia laboral.
Según el artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo, si son notificaciones personales, será a partir del día y hora en que se practiquen; si son de otro tipo, al día siguiente al de su publicación en el boletín o en las salas de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
La tesis dice que cuando una de las partes señala los estrados (salas) de la Junta para oír y recibir notificaciones, aunque sean personales, surtirán efectos a partir del día siguiente. Lo anterior se debe a que, aunque formalmente se trata de una notificación personal, materialmente es por estrados, y sus consecuencias y procedimientos son diferentes.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: XVI.2o.T.7 L (10a.), fecha: 1 de junio del 2018.

Secretaría de Economía

Atención, fanáticos del fútbol (y sus proveedores)

Entre el 14 de junio y el 15 de julio, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se encargará de revisar que los proveedores de productos y servicios relacionados con la Copa Mundial no violen la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El Operativo Rusia 2018 se asegurará de que proveedores y prestadores de servicios cumplan con la ley; de que los productos sigan las especificaciones establecidas por las normas oficiales mexicanas, y que los relojes registradores de tiempo se encuentren ajustados.
En el operativo se vigilarán los siguientes tipos de negocios y establecimientos:

• Agencias de viajes
• Bares
• Cantinas
• Restaurantes
• Estacionamientos públicos
• Tiendas de artículos deportivos, vinos, licores y botanas

En cada uno de estos se revisará que exhiban y se respeten los precios, que se entreguen comprobantes por cada compra y que se cumplan las promociones ofertadas. Además, la PROFECO informa que los únicos lugares en el país donde se pueden conseguir boletos para el Mundial son:

• Página oficial de la FIFA
• Agencia Mundomex
• Las agencias que cuenten con un convenio con Match Hospitality

Revisa el comunicado oficial aquí

Notas de la semana en El Contribuyente | Inteligencia fiscal para tu negocio

• ¿Qué son las cédulas de determinación del IMSS y para qué sirven?
• Luis Miguel y otras celebridades culpables (o no) de evasión de impuestos
• ¿Puedo deducir gastos en publicidad de Facebook?
• ¿En qué casos necesito la autorización del receptor para cancelar un CFDI?
• Sospecho que mi patrón miente respecto a las utilidades para negarse al reparto, ¿qué hago?

Indicadores de la semana

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Boletín semanal. Lunes 4 de junio, 2018

Con notas de la semana del 28 de mayo al 1 de junio

«Nuestra responsabilidad colectiva es garantizar que cada persona sienta que el lugar donde trabaja tiene un ambiente de equidad y seguridad.»

―Channing Dungey, Presidenta de ABC Entertainment

Suprema Corte de Justicia de la Nación

No hay excusa para que el SAT no te devuelva tu dinero si pagaste impuestos de más

Digamos que el contribuyente a la hora de pagar impuestos, calculó mal y pagó más de lo que debió pagar. A esto se le llama pago indebido. En ese caso, tiene el derecho a conseguir la devolución de todo lo que no debió de haber pagado. Es más, según el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la efectividad de este derecho no depende de si la cantidad indebida fue previamente deducida.
Pero ¿qué pasaría si el fisco se niega a hacer esa devolución? Según una nueva tesis aislada del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, no sería lícito que la autoridad fiscal niegue la devolución. También dice que esa devolución en modo alguno representaría un doble beneficio fiscal para el contribuyente, como quiere argumentar el fisco. El primer beneficio (según las autoridades hacendarias), estaría derivado de la deducción autorizada por la ley para efectos del ISR. El segundo provendría de la devolución de esa cantidad, previamente deducida, por considerarla como pago de lo indebido. La idea es que las deducciones no son un beneficio fiscal ni representan el mismo valor real que su valor nominal (lo que deduces no es exactamente lo que ahorras).
Es cierto que algunos montos pagados indebidamente fueron deducidos antes y deben ser devueltos, pero esto sólo implica que el monto declarado al fisco debe ser ajustado. Según la nueva tesis, este ajuste no puede ser usado como obstáculo para no devolver al contribuyente lo pagado indebidamente. Tampoco puede usarse como justificación para que el Estado retenga una suma a la que no tiene derecho. Si llega a haber un problema, la autoridad fiscal puede utilizar su facultades de comprobación para verificar el monto, por lo que no hay excusa.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: I.18o.A.46 A (10a.);  publicada el 25 de mayo del 2018.

Diario Oficial de la Federación

Reforman el artículo 256 de la Ley Federal del Trabajo

Este es el nuevo texto que modifica el artículo 256 de la Ley Federal del Trabajo:

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos.

El artículo se encuentra en el Capítulo VI que habla del trabajo de autotransportes. Ahora se incluyen las actividades específicas que están reguladas por este capítulo. Antes, lo que se regulaba eran “Las relaciones entre los choferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros y de carga”.
Con el cambio, la ley es más específica y queda menos ambigüedad en cuanto a los puntos que le competen.

Revisa el decreto oficial aquí

Servicio de Administración Tributaria

Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018

Se publicó en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria un nuevo anteproyecto para la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2018. Esta vez, se reformó la regla 3.3.1.50 y se añadieron las reglas 2.1.54, 3.1.20 y 4.2.7. A continuación presentamos sus puntos más importantes:

2.1.54 Transmisión de activos y pasivos de un establecimiento permanente en el extranjero
Las personas morales residentes en el país que realicen actividades empresariales de forma permanente en el extranjero podrán transmitir la totalidad de los activos y pasivos a otra persona moral residente en México que forme parte del mismo grupo de sociedades. Para esto, deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos:

• Que la transmisión se realice por la totalidad de los activos y pasivos como consecuencia de una reestructuración corporativa entre empresas.
• Que los activos fijos permanezcan en propiedad directa de la persona moral del mismo grupo que los adquiera, por un plazo no menor a 3 años a partir de la autorización de transmisión y siempre que dichos activos hayan estado afectos a la actividad por lo menos un año antes de la solicitud.
• Las inversiones, inventarios y activos fijos transmitidos tendrán para la sociedad adquirente el mismo saldo pendiente de depreciar y el mismo costo de adquisición que tenían en la sociedad enajenante.
• Si la transmisión del patrimonio da lugar al pago del ISR en el extranjero por el ingreso correspondiente a su enajenación, la sociedad enajenante deberá renunciar expresamente a su acreditamiento en la solicitud correspondiente.
• Que el establecimiento permanente se ubique en un país con el que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación,
• Que el establecimiento permanente haya tributado como tal en el país en el que se realizaron las actividades por un periodo no menor a 3 años anteriores a la fecha en la que se presente la solicitud.

Las personas morales que realicen estas operaciones deberán ser dictaminadas por contador público inscrito y presentar los dictámenes respectivos ante las autoridades fiscales con el trámite “Presentación del dictamen por la transmisión de activos y pasivos de un establecimiento permanente en el extranjero” (Anexo 1-A).

3.1.20 Transmisión de activos y pasivos resultantes de una orden proveniente de una autoridad federal
Cuando una autoridad competente resuelve que una persona moral está obligada a realizar una separación contable, funcional o estructural y, como consecuencia de ello, transmita o enajene parte de sus activos y pasivos a otra persona moral residente en México, los efectos fiscales correspondientes se podrán determinar conforme a lo siguiente:

1. Para el enajenante:
2. La enajenación de activos por motivo de la separación referida podrá realizarse a su valor fiscal.
3. En caso de que junto con los activos también se transmitan pasivos, estos últimos no generarán un ingreso acumulable para quien los transmita.
4. Las personas morales que realicen estas operaciones deben presentar a la autoridad fiscal una copia certificada de la resolución que les emita la autoridad competente con el trámite  “Presentación de la copia certificada de la resolución emitida por autoridad competente y dictamen por la transmisión de activos y pasivos derivada de una resolución emitida por autoridad competente” (Anexo 1-A).
5. Para el adquiriente:
6. Los activos se registrarán al valor fiscal que haya servido de base para su enajenación. En el caso de activos fijos, gastos y cargos diferidos, el adquiriente continuará realizando su deducción en los mismos términos que lo realizaba el enajenante y considerando los mismos montos deducibles durante cada ejercicio, hasta agotar la parte pendiente por deducir que se tenía previo a la enajenación.
7. Los pasivos se registrarán al valor contable que haya servido de base para su transmisión.
8. Los activos que hayan sido recibidos por el adquiriente, no se considerarán para efectos de la Cuenta de Capital de Aportación.
9. Si por esta operación se enajenan acciones, dichas acciones se podrán enajenar a su costo fiscal.

3.3.1.50 Procedimiento por el cual el contratante realiza la consulta de la información autorizada por el contratista por actividades de subcontratación laboral.
Ahora, para deducir los pagos que a la vez sean ingresos (Capítulo I del Título IV Ley del ISR) el primer paso que debe realizarse es ingresar a la aplicación “Consulta por el contratante de CFDI y declaraciones” disponible en el buzón tributario, a partir del último día del mes inmediato posterior al mes que se requiera consultar.

4.2.7 Valor de la contraprestación en la transmisión de activos y pasivos resultantes de una orden proveniente de una autoridad federal
Según el artículo 34 de la Ley del IVA, cuando la contraprestación que cobre el contribuyente por la enajenación de bienes no sea en efectivo ni en cheques, sino en otros bienes o servicios, se considerará como el valor de mercado o en su defecto el de avalúo.
Ahora, cuando una persona moral reciba como contraprestación acciones como consecuencia de la enajenación de activos, se considerará como el valor de la contraprestación el valor fiscal referido en la regla 3.1.20.

Revisa el documento oficial aquí

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Si la Junta de Conciliación y Arbitraje no arregla un error que afecte el resultado del juicio, debe reponerse

Varios artículos de la Ley Federal del Trabajo (604, 621, 685 y 686) establecen que es responsabilidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje llevar la rectoría del proceso de los juicios laborales. Además, al tomar alguna decisión deben guiarse por las medidas que logren la mayor economía, concentración y sencillez del proceso y de ordenar la corrección de cualquier irregularidad.
Esto implica que antes de que termine cada etapa, las Juntas deben examinarla a fondo para evitar cualquier error que pueda producir una violación procesal que afecte las defensas de los involucrados y afecten el resultado final del fallo.
Según una nueva tesis aislada del Noveno Tribunal Colegiado en materia laboral del Primer Circuito, cuando la Junta olvida u omite alguna de sus responsabilidades, se comete una violación procesal. En estos casos, como se afecta el resultado final del fallo, el procedimiento debería reponerse.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: I.9o.T.62 L (10a.); publicada el 25 de mayo del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

La clave bancaria estandarizada es un dato personal no sensible, y así debe tratarse

Un banco transfirió a un tercero la CLABE de un usuario sin su consentimiento. Ante este hecho, la institución bancaria fue multada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ante este hecho, el banco promovió un amparo directo al reclamar la sentencia del juicio de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino y determinó que la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) es un dato personal “no sensible”, por lo que los sujetos obligados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares debe tratarla con procedimientos especiales. Los datos personales se refieren a cualquier información por la que alguien puede ser identificado; mientras que el ser sensible se refiere a información que pueda propiciar algún tipo de discriminación (sexo, raza, religión, etc.). Añadió que la CLABE es un dato personal no sensible porque los 18 dígitos se asignan de manera individual al titular, es única e irrepetible en el sistema financiero mexicano y proporciona la certeza de que es a su titular a quien se envía una transferencia de fondos.
Determinó también conceder el amparo a la institución bancaria, pues el Instituto Nacional de Transparencia únicamente debió imponer la sanción por transferir datos personales, sin el consentimiento expreso del titular; además, porque la institución lo hizo sin intención.

Revisa el comunicado oficial aquí

Suprema Corte de Justicia de la Nación

La ley dice que una marca debe tener “uso ininterrumpido” para poder cancelarla… ¿pero durante cuánto tiempo?

Si se desea anular el registro de una marca —de acuerdo al artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial— quien lo solicite debe comprobar su uso previo e ininterrumpido. El problema es que en ninguna parte del artículo o en toda la ley se define lo que es el “uso ininterrumpido”.
Según una nueva tesis aislada del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, el hecho de que no se encuentre definido el término no viola los derechos de legalidad y seguridad jurídica. Esto se debe a que la interpretación sistemática de toda la Ley de la Propiedad Industrial concluye que “puede entenderse en el sentido de que quien pide la nulidad de una marca tiene como carga probatoria acreditar que los productos o servicios que distinguen o amparan su registro marcario han sido puestos en el comercio del país o del extranjero, o bien, que la marca misma ha sido o es ostentada públicamente de manera continua o continuada”.
Según esta interpretación, esto no supone que el uso tenga que probarse literalmente de día a día, ya que esto sería excesivo e innecesario. Lo que importa es que se demuestre el uso de la marca, de momento a momento (no más de tres años), en un periodo determinado. Esto debe hacerse de esta manera porque si la marca se ha dejado de usar en tres años, se pierde legalmente la protección.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: I.18o.A.45 A (10a.);  publicada el 25 de mayo del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Para tu devolución de IVA no sería necesario que quien te lo retuvo lo entere al fisco

El Código Fiscal de la Federación dice en su artículo 22 que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas por los contribuyentes por concepto de contribuciones retenidas. También dice que la autoridad fiscal puede devolver una cantidad menor a la solicitada, de acuerdo a la documentación aportada.
En ninguna parte de este artículo, sin embargo, se establece que una condición para la devolución de saldo a favor del impuesto correspondiente es que deba demostrarse que el retenedor la enteró al fisco federal. Lo único que el artículo 22 dice al respecto es que en el caso de contribuciones retenidas, la devolución se hará a los contribuyentes que las hubieran enterado. Más adelante, señala que en impuestos indirectos (los que se aplican sobre el consumo de algún bien o servicio), la devolución por pago de lo indebido (que es cuando el contribuyente paga de más al fisco) aplica para los contribuyentes que los paguen sin haberlos acreditado. Del otro lado, quien trasladó el impuesto no tendrá derecho a pedir su devolución.
Por ejemplo, en el IVA, el cliente compra un producto y paga el impuesto; el cliente puede pedir una devolución de ese IVA, mientras que el vendedor, quien trasladó el impuesto, no puede.
Según una nueva tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Quinto Circuito, de esto se deriva que cuando el contribuyente solicite la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el fisco no podría negarla alegando que el tercero retenedor no enteró el monto correspondiente. Esto es así porque el derecho del contribuyente no debe depender de que un tercero cumpla con sus obligaciones, ya que sería una carga imprevista para el contribuyente.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: V.3o.P.A.11 A (10a.);  publicada el 25 de mayo del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

No porque tengas que pagar tus honorarios médicos de cierta manera, se afecta tu derecho a la salud

Cinco contribuyentes distintos solicitaron amparo debido a que, según ellos, los requisitos para deducir los pagos por honorarios médicos y dentales iban en contra del el artículo 4 de la Constitución que es el que garantiza el derecho a la protección de la salud. En específico, los quejosos cuestionaban el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que es el que establece los medios por lo que se pueden hacer este tipo de deducciones.
Ante estos amparos, la Segunda Sala determinó que los requisitos del mencionado artículo de la LISR no violan el derecho a la protección de la salud.
La tesis de jurisprudencia resultante dice que los servicios de salud son accesibles para todos los mexicanos, sin importar que, para efectos de deducibilidad fiscal, los pagos deban hacerse de cierta manera y cumlpliendo ciertos requisitos. Este dictamen se deriva de que el derecho a deducir los pagos por honorarios médicos no es inherente a las personas físicas solo por ser personas físicas, sino que se consigue cuando los contribuyentes quieren ejercerlo.
Por esto, al establecer los requisitos para poder hacer la deducción, no se está limitando al derecho a la salud, ya que el Estado y los particulares todavía pueden brindar los servicios necesarios. Lo único que se está haciendo es reglamentar el lado fiscal de la operación.

Revisa la jurisprudencia aquí con estos criterios de búsqueda: 2a./J. 47 /2018 (10a.);  publicada el 25 de mayo del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

El recurso de revisión en juicio laboral puede usarse contra cualquier resolución final

En el 2002, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el recurso de revisión de la Ley Federal del Trabajo (art. 849) puede usarse contra todas las resoluciones que se emitan durante la etapa de ejecución. Este es el único medio ordinario para que las partes del juicio laboral soliciten la revisión de los actos y se puedan arreglar los errores de procedimiento.
Ahora, según una nueva tesis de la Segunda Sala, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada y ordena el archivo como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución. Por eso, contra esta resolución puede proceder el recurso de revisión, que debe agotarse antes de que se promueva el juicio de amparo indirecto a fin de satisfacer el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo (art. 61, fracción XVIII).

Revisa la jurisprudencia aquí con estos criterios de búsqueda: 2a./J. 52 /2018 (10a.);  publicada el 25 de mayo del 2018.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Antes de que la CONDUSEF ponga una multa, debe “oír” a la institución financiera

Para poder imponer una multa, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros “debe oír previamente” a la institución financiera infractora dentro de un plazo de cinco días hábiles; según el artículo 96 de la Ley de Servicios Financieros.
Según una nueva tesis aislada de la Segunda Sala, la expresión “oír previamente” incluye los actos de notificación y de comparecencia para argumentar y probar a su favor. Con esto se cubren todas las formalidades del procedimiento administrativo y no se viola el derecho constitucional de audiencia.
Esto significa que aunque el artículo 96 no diga expresamente que deben cumplirse las etapas de notificación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y dictado de resolución, no implica que estas etapas no existan. Esto es así porque, para poner una multa, que es lo mismo que dictar resolución que contenga sanción, la autoridad deberá oír previamente a la institución financiera, lo que involucra todas las formalidades, con lo que se respeta el derecho de audiencia necesario en cada procedimiento.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: 2a. XLV/2018 (10a.);  publicada el 25 de mayo del 2018.

Secretaría de Economía

Firman las Bases de Coordinación para la seguridad de la información

Imaginemos que alguna crisis pueda poner en peligro la seguridad del sistema financiero mexicano… ¡hey, eso acaba de pasar hace unos días cuando los hackers hicieron un desfalco millonario que obligó a poner límites a las transacciones electrónicas!
El caso es que se juntaron la Secretaría De Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional De Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro Para el Retiro (CONSAR), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Procuraduría General de la República y asociaciones del sector para firmar las Bases de Coordinación para que esto no vuelva a suceder.
Los puntos más importantes de las Bases de Coordinación son:

• Se usarán como guía los lineamientos desarrollados por organismos internacionales dedicados a la seguridad de la información contenidos en los “Principios para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad para la Estabilidad del Sistema Financiero Mexicano” firmados el 23 de octubre de 2017.
• Se creará un Grupo de Respuesta Inmediata que estará integrado por un representante de cada una, que deberá dar respuesta a los incidentes de seguridad de la información. También podrán formar parte de este grupo los representantes de las asociaciones gremiales que firmaron.
• Se creará un equipo de identificación y respuesta para incidentes sensibles de información, que será el encargado de avisar a la autoridad sobre cualquier problema que se presente.
• Habrá una coordinación entre las autoridades financieras, par que las regulaciones que emitan sean tratadas de la misma manera por todas las firmantes.
• La PGR colaborará a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, donde se podrán presentar denuncias sobre posibles delitos de esta índole.

Todavía está abierta la posibilidad de que otras instituciones se unan a este acuerdo de cooperación; hasta el momento, estas son las que han firmado, además de las ya mencionadas:

• Asociación de Bancos de México A.C. (ABM),
• Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles A.C. (AMIB),
• Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. (AMIS),
• Asociación Mexicana de Instituciones De Garantías, A.C. (AMIG),
• Asociación de Administradoras de Fondos para El Retiro, A.C. (AMAFORE),
• Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, A.C. (AMSOFIPO),
• Consejo Mexicano de Uniones de Crédito A.C. (CONUNION),
• Asociación de Almacenes Generales De Depósito, A.C. (AAGEDE),
• Asociación de Sociedades Financieras Mexicanas de Objeto Múltiple, A.C. (ASOFOM),
• Asociación Fintech México
• Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, A.C. (AFICO),
• Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, S.C. DE R.L. DE C.V. (CONCAMEX),

Revisa el comunicado oficial aquí

Notas de la semana en la página web de El Contribuyente | Inteligencia fiscal para tu negocio

• El SAT usará un nuevo método para cobrarte más rápido
• Hay nueva prórroga en la declaración de información en subcontratación laboral
• Los grandes contribuyentes deben más de 131 mil millones de pesos en impuestos
• Osvaldo Santín dice que la declaración anual fue un éxito
• Opinión: Así se evalúan los proyectos en el Inadem

Indicadores de la semana

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Boletín semanal. Lunes 28 de mayo, 2018

Con notas de la semana del 21 al 25 de mayo

«Si no te das espacio para fracasar, tampoco podrás innovar.»

―Bob Iger, CEO de Walt Disney Company

SCJN

Las formas para pagar o deducir tus impuestos van a seguir cambiando, te guste o no

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho en ocasiones anteriores que los contribuyentes no tienen el derecho a tributar de forma indefinida de la misma manera, o sobre la misma base o tasa, pues esa sería una forma de privilegio. El hecho es que cada uno tiene bases y circunstancias diferentes para determinar el pago de sus impuestos.
Pese a este precepto, se ha impugnado la constitucionalidad de los cambios al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que establece los requisitos para deducir los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios. Los cambios —se ha argumentado— transgredirían el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, de los derechos humanos. Este principio establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos; mientras que la no regresividad impide medidas que disminuyan la protección a derechos fundamentales.
Según una nueva tesis aislada del a Segunda Sala, el Estado puede y debe revisar las bases y las condiciones por las que cada contribuyente paga sus impuestos. Esto quiere decir que la forma y los montos que pagan no son inmutables y eternos, sino que pueden ser modificados. Entonces, no puede argumentarse que cambios a este artículo sean inconstitucionales, ya que la forma en que se pagan las contribuciones no son derechos fundamentales que no puedan cambiar.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: 2a. LII/2018 (10a.), publicada el 18 de mayo del 2018.

SCJN

No importa si el dinero es ilegal o no, sino que no lo declares a la aduana

No declarar a la autoridad aduanera el envío al extranjero de montos superiores a diez mil dólares debe ser sancionado, según la Ley Aduanera (artículos 184 y 185). Esto es una medida administrativa que busca prevenir el lavado de dinero al establecer un marco legal y un monto límite para la circulación de dinero al exterior.
Según una nueva tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para estos artículos no se debe tomar en cuenta si el origen del dinero es legal o ilegal, sino la forma en la que se declara o deja de declarar a la autoridad aduanera. Es decir, lo que te podría poner en problemas con la aduana es no declarar, pero no el origen del dinero.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: I.4o.A.108 A (10a.), publicada el 18 de mayo del 2018.

SCJN

El IMSS puede revisar tu contabilidad si eres patrón, y no sería inconstitucional

A veces, en las solicitudes, avisos o cédulas de determinación que presentan los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se cuela algún un error aritmético. En esos casos, el organismo tiene la facultad de requerirles la presentación de la documentación necesaria y, según el artículo 251 de la Ley del Seguro Social, puede exigir a los patrones “que exhiban en las oficinas del Instituto la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran”. Si tal fuera el caso, el artículo 171 es el que establece los procedimientos para hacerlo.
Por el otro lado, el 16 constitucional dice que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
Ante esta aparente contradicción, la Segunda Sala ha emitido una tesis aislada que dice que estas dos normas no contradicen el citado artículo constitucional. Argumenta que, en efecto, en los dos preceptos citados no se encuentra la totalidad de las formalidades legales que deben seguirse durante el procedimiento para que la autoridad lleve a cabo la facultad de comprobación, pero que esto no es necesario según la nueva tesis debido a que cada punto específico se encuentra reglamentado en otros artículos de las leyes. En ellos se dice que debe hacerse del conocimiento del contribuyente los errores que cometa al llenar los formatos de pago de las cuotas obrero patronales para que los corrija. Además, también se incluye la inconformidad como medio de defensa para estos patrones. Es decir, si se toma la ley como conjunto, se encuentran las motivaciones, así como el medio de defensa que el contribuyente puede utilizar.
En resumen: el IMSS tiene derecho de revisar la documentación de los patrones cuando crea necesario.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: 2a. XLII/2018 (10a.), publicada el 18 de mayo del 2018.

SCJN

Para demandar una prestación laboral no es necesario cubrir todos los requisitos, sino solamente los que vienen al caso

Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social.
Según algunas jurisprudencias aprobadas en 2017 y 2018, las demandas que se den por estos conflictos deben cumplir los requisitos que se mencionan en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo; esto es así porque se supone que estas demandas necesitan estos datos para que se configuren correctamente.
Pero ahora, según una nueva jurisprudencia de la Segunda Sala, no es necesario que se incluyan todos los datos del artículo 899-C, sino sólo los pertinentes para cada prestación que se demanda.
Para determinar cuáles son pertinentes, debe tomarse en cuenta la prestación de la que se trata y los requisitos que el ordenamiento legal aplicable establece. Esto se hace así para conseguir acelerar el proceso y conseguir justicia de manera rápida.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: 2a./J. 50 /2018 (10a.), publicada el 18 de mayo del 2018.

SCJN

¿Las autoridades en materia de competencia económica consiguieron información confidencial entre tú y tu abogado? No les servirá de nada

Para que pueda darse plenamente el trabajo de un abogado, debe existir una comunicación privada y secreta entre el abogado y su cliente. Con esto, el abogado puede conocer todas las circunstancias necesarias y puede preparar la defensa; por el otro lado, el cliente tiene la garantía de que su información no será divulgada. Este privilegio legal de la confidencialidad está protegido por los artículos 6,14, 16 y 20 de la Constitución.
De esto se deriva que cuando en una sentencia de amparo se concluya que las autoridades consiguieron información confidencial entre abogado y cliente en materia de competencia económica, se deberá ignorar en la investigación, ya que de no hacerlo se estarían violando los artículos mencionados de la Constitución. Todo esto según una nueva tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: I.1o.A.E.228 A (10a.), publicada el 18 de mayo del 2018.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Es ilegal hacer operaciones financieras con entidades vinculadas a la Asamblea Constituyente de Venezuela

Llevar a cabo operaciones con entidades creadas por la Asamblea Constituyente de Venezuela, podrían ser consideradas inválidas por los organismos internacionales, por violar las reglas establecidas y poner en peligro las finanzas del público en general. Por el otro lado, se están estudiando las medidas que se tomarán en caso de que esto suceda.
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Esto fue anunciado en un comunicado conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) se advirtió a las entidades financieras sobre celebrar operaciones .
El comunicado enuncia las siguientes razones que llevaron a tomar esta decisión:

• En agosto de 2017, los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú emitieron la Declaración de Lima en la cual expresaron que los actos jurídicos que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos si son aprobados por la Asamblea.
• En 2017 la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron sobre la invalidez de los actos llevados a cabo por la Asamblea Constituyente de Venezuela, por ser una alteración del orden constitucional.
• Según el Consejo General de la Organización Estados Americanos, los siguientes actos no cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional, por lo que no son válidos:
  • La expedición de leyes sobre el presupuesto nacional, endeudamiento anual y crédito público.
  • La autorización de créditos adicionales al presupuesto nacional.
  • La celebración de contratos de interés nacional por parte del Ejecutivo Nacional, estatal o municipal con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.
  • La extensión del Estado de Emergencia Económica decretada por el Ejecutivo Nacional de Venezuela.
• En abril de 2018, la Secretaría General de la OEA determinó que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es deber de la Asamblea Nacional aprobar los puntos del 1 al 3.
• En cuanto al punto 4, la OEA determinó que el estado de excepción no está en vigencia por haber sido rechazado por la Asamblea Nacional.
• El 21 de mayo de 2018 los gobiernos reiteraron el pronunciamiento respecto de los actos jurídicos que deben ser aprobados por la Asamblea Nacional y acordaron que las autoridades competentes de cada país emitieran circulares a nivel nacional que informen al sector financiero y bancario sobre el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela.

Revisa el comunicado oficial aquí

Diario Oficial de la Federación

Ahora debes incluir otros documentos en tus solicitudes ante el IMPI

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación cambios al procedimiento para presentar solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Los cambios se presentan en el artículo 34 del “Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI”.
Ahora, a los documentos  para la presentación de solicitudes señalados en ese artículo, deben añadirse los siguientes:

• Solicitud de Patente de Invención o de Registro de Modelo de Utilidad o de Registro de Diseño Industrial
• Solicitud de inscripción en el Registro General de Poderes
• Solicitud de vigilancia tecnológica, alerta tecnológica y alerta tecnológica complementaria
• Hoja adicional complementaria “Datos Generales de los Solicitantes”
• Hoja adicional complementaria “Datos generales del o de los solicitantes” / “Datos generales del o de los inventores o diseñadores”
• Hoja adicional complementaria “Datos generales del o de los apoderados” / “Autorizados para oír y recibir notificaciones”

Por otro lado, a partir del 16 de junio del 2018 solo se aceptará la forma oficial presentada en el Acuerdo.

Revisa el decreto oficial con la nueva forma oficial aquí

Diario Oficial de la Federación

Reducen plazos de respuesta en el Registro Federal de Trámites y Servicios

El Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) es un inventario en línea de todos los trámites y formatos federales. Las dependencias del Estado no pueden usar trámites diferentes a los inscritos en el RFTS, esto con la intención de que se logre una mayor transparencia.
Con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se cambiaron los plazos que que el RFTS dé una respuesta a los siguientes trámites:

Revisa el decreto oficial aquí

Diario Oficial de la Federación

Modificaciones a las reglas para las Instituciones de Seguros

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con el que se modifican las Disposiciones de Carácter General en Materia de Sanas Prácticas, Transparencia y Publicidad aplicables a las Instituciones de Seguros; estos son los cambios más importantes:

• Punto XI del Artículo 3. Ahora es obligatorio entregar al usuario los folletos de la Circular Única de Seguros y Fianzas.
• Punto VI del Artículo 4. En la contratación telefónica se debe de establecer un medio cierto para la entrega de la documentación que avala la contratación del producto de seguro y que contiene las obligaciones y coberturas que ampara.
• Artículo 6. Los Contratos de Adhesión se integran por: solicitud, carátula de la póliza, consentimientos individuales, certificados individuales, condiciones generales y especiales, endosos y los folletos referidos en la Circular Única de Seguros y Fianzas.
• Artículo 7. La CONDUSEF podrá solicitar en cualquier momento a las instituciones de seguros las solicitudes que deba firmar el asegurado, la carátula de la póliza, las condiciones generales y especiales, los endosos, certificados individuales, consentimientos individuales, recibos de pago de primas, estados de cuenta y los folletos para verificar que la documentación que se utiliza con los usuarios para administrar los productos cumple con la normativa aplicable. Para esto, debe darse aviso previo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
• Artículo 11. Las instituciones de seguros deberán incluir en sus condiciones generales el número de registro en el Registro de Contratos de Adhesión a Seguros otorgado por CONDUSEF.

Todos estos cambios entrarán en vigor a partir del 25 de mayo del 2018.

Revisa el decreto oficial aquí

Secretaría de Economía

Inscríbete al taller de Liderazgo Transformador

El 7 de junio en la Ciudad de México se llevará a cabo el taller “Liderazgo Transformador”, donde los participantes desarrollarán sus habilidades de innovación, impulso al bienestar y el desarrollo integral de las personas.
El taller, impartido por el Premio Nacional de Calidad, busca fomentar conductas de liderazgo, innovación, competitividad, sistemas de trabajo que se enfoquen en la participación, compromiso y trabajo en equipo; así como definir los mecanismos para alinearse con una cultura organizacional.
Se llevará a cabo el 7 de junio a las 10:00 am en Pensilvania Nº 4 , Ciudad de México con un costo de $5,300. Revisa toda la información de la inscripciónaquí.

Revisa el comunicado oficial aquí

Notas de la semana en la página web de El Contribuyente | Inteligencia fiscal para tu negocio

• Ya se podrán pagar y consultar incapacidades del IMSS en línea
• ¿Qué es el reparto de utilidades y cómo sé cuánto me toca?
• ¿Los RIF también deben pagar reparto de utilidades?
• ¿El SAT me puede pedir que le devuelva mi devolución?
• ¿Qué es un estímulo fiscal y cómo se aplica?

Indicadores de la semana

Boletín semanal. Lunes 21 de mayo, 2018

SCJN

El plazo para la reconstrucción de tu contabilidad es de sólo cuatro meses

Hasta abril del 2014 estaba en vigor una versión del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación que decía que cuando la autoridad fiscal esté al tanto de que se destruyó la contabilidad del contribuyente —por caso fortuito o fuerza mayor— debe conceder un plazo para la reconstrucción de esta contabilidad. 
       Como en el precepto no se encontraba delimitado el plazo, la interpretación de la Segunda Sala en una nueva tesis aislada es que debería ser de cuatro meses. Con esto, el contribuyente sabe cuánto tiempo tiene y las consecuencias en caso de no poder hacerlo, por lo que no se viola el principio de seguridad jurídica.
       Sin esta información, no se puede tener una defensa adecuada por parte del contribuyente, que es una parte básica de cualquier procedimiento jurídico.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: 2a. XXXIII/2018 (10a.), publicada el 11 de mayo del 2018.

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SCJN

Si apareces en las listas de operaciones inexistentes de SAT, puedes pedir amparo indirecto

Publicar la información de los contribuyentes en las llamadas “listas de operaciones inexistentes” (artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación) sí afecta la imagen y prestigio profesional de estas empresas. Así lo argumenta una nueva tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. De acuerdo a este razonamiento, aparecer en tales listas implica que las empresas señaladas realizan actividades ilegales, lo que puede afectar sus relaciones profesionales y comerciales. Esto aunque las listas sean preliminares y no demuestren nada.
       Para llegar a esta conclusión se tomaron en cuenta los artículos 6, 7 y 16 de la Constitución que establecen que las libertades de expresión y de imprenta encuentran sus límites en el derecho a la vida privada. También se recurrió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconocen el respeto a la vida privada como un derecho fundamental.
       Se plantea así que el daño a la imagen de estos contribuyentes puede acarrear que posibles o actuales clientes decidan terminar sus relaciones, lo que sería un daño imposible de reparar. Como este daño se deriva de un proceso administrativo, procede solicitar el amparo indirecto.

Revisa la jurisprudencia aquí con estos criterios de búsqueda: XXVII.3o.36 A (10a.), publicada el 11 de mayo del 2018.

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SCJN

Si tu marca es denominada famosa por el IMPI, estará más protegida que una marca menos célebre

Las marcas famosas son las que se conocen más allá de su sector específico; es decir, por el público consumidor en general. Según el artículo 90 la Ley de la Propiedad Industrial, este tipo de marcas necesitan una protección más amplia que las marcas menos identificables. 
       El artículo 213 de la misma ley dice que el uso como marca de las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas de las marcas famosas es una infracción administrativa. Según una nueva tesis aislada del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, debe hacerse una interpretación sistemática de esta ley; es decir, debe tomarse en cuenta como un todo, no por partes.
       Siguiendo esta lógica, la falta administrativa también se lleva a cabo cuando se utilizan como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusión de una marca famosa. Esto es así porque estas características están también protegidas por una fracción diferente del artículo 90, que en la interpretación pasada no se tomaban en cuenta.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: I.18o.A.83 A (10a.), publicada el 11 de mayo del 2018.

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SCJN

Publicistas, la multa por quitar o poner anuncios sin permiso en la CDMX no es inconstitucional

El publicista que, sin contar con los permisos necesarios, quite o ponga anuncios merece una multa que va desde 1500 a 2000 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, esto de acuerdo al artículo 86 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.
       La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, anteriormente, que tales multas fijas violan el artículo 22 de la Constitución, que dice que todas las penas deben ser proporcionales al delito, porque imponen la misma pena en casos diferentes, con lo que se da un tratamiento desproporcionado a cada persona.
       Sin embargo, según una nueva tesis aislada de la Primera Sala, el hecho de que exista un rango para fijar la multa no transgrede el artículo 22 constitucional, ya que en cada caso deben exponerse las justificaciones de la multa. Para esto, deben tomarse en cuenta los daños, la intencionalidad, la gravedad, la reincidencia y la capacidad económica del infractor; es decir, características únicas de cada caso.
       Por estas razones, el artículo 86 no impondría multas excesivas ni transgrede el 22 constitucional porque es necesario que cada caso se revise individualmente.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: 1a. XXXVII/2018 (10a.), publicada el 11 de mayo del 2018.

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SCJN

Si solicitas que inicie el proceso de concurso mercantil y no procede, deberías pagar los gastos de la otra parte

Si se declara improcedente un concurso mercantil, debe condenarse a quien lo demande a pagar los gastos y costas judiciales de la otra parte; esto lo dice el artículo 48 de la Ley de Concursos Mercantiles. Pero, ¿obligar a quien demanda a pagar si la demanda no procede no estaría en contra del derecho de acceso a la justicia? Según una nueva tesis aislada de la Primera Sala, no. 
       Aunque se condene con el pago de costas por el hecho de promover una solicitud, esto se justifica porque este tipo de juicios genera mayores molestias y problemas a las partes involucradas que otros tipos de querella. Por eso, las costas son una especie de indemnización para restituir a quien sea llevado a este proceso sin justificación.
       Incluso en los casos en los que el comerciante solicita el concurso mercantil, si no procede, sus acreedores no reciben los pagos que se les deben. Cuando es el acreedor quien lo solicita, las molestias del comerciante incluyen permitir el acceso a su documentación fiscal y financiera, así como visitas a domicilio, etc.
       Además de esto, el juez puede decidir aplicar también el artículo 1084 del Código de Comercio, donde también se toma en cuenta la mala fe de quien lleva a la otra parte a juicio sin justificación.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: 1a. XXXIV/2018 (10a.), publicada el 11 de mayo del 2018.

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SCJN

En concurso mercantil, acreedores y deudores no son tratados de la misma manera (y eso no sería inconstitucional)

Si un acreedor demanda que se declare concurso mercantil (el recurso legal al cual acuden las empresas para entablar negociaciones con sus acreedores cuando es imposible pagar sus adeudos), el comerciante demandado debe cumplir con estos dos supuestos:

1. Que las obligaciones vencidas —en al menos 30 días— representen el 35% o más de todas las obligaciones del comerciante a la fecha de la demanda o solicitud del concurso;
2. Que el comerciante no tenga activos para hacer frente a por lo menos el 80% de sus obligaciones vencidas a la presentación de la demanda o solicitud.

Con esto se puede considerar que el comerciante no puede pagar sus obligaciones y se declara con ello el concurso mercantil.
       Por el otro lado, cuando es el mismo comerciante quien solicita el concurso mercantil, basta con que se encuentre en alguno de los dos supuestos.
       Se ha dicho que estas diferencias en uno y otro caso (asentadas en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles) violan los derechos de igualdad y de acceso a la justicia, pero una tesis de la Primera Sala argumenta que la diferencia entre el acreedor y el comerciante es justificable, de modo que no se puede argumentar que estos artículos violan los derechos de igualdad y de acceso a la justicia.
       La justificación se basa en dos hechos:

1. Cuando es el acreedor quien lo demanda, se piden dos supuestos en consonancia con las tendencias actuales de la materia concursal, donde no solamente se toma en cuenta la insolvencia, sino sobre todo la falta de liquidez del comerciante. Además, someterse a este proceso implica algunas molestias al comerciente como la visita de verificación que implica la revisión de sus documentos contables y financieros, o la imposición de ciertas medidas provisionales.
2. Cuando el comerciante lo solicita es porque puede conseguir algunas ventajas como la revitalización de su empresa o la venta de sus bienes como una forma rápida de arreglar sus problemas con el acreedor. Como es el mismo comerciante quien conoce su situación económica y financiera, debe poder solicitar el concurso mercantil de manera anticipada.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: 1a. XXXV/2018 (10a.), publicada el 11 de mayo del 2018.

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SCJN

Si compraste un inmueble a bajo precio, te lo podrían quitar por efecto de la acción pauliana (y no tener derecho a audiencia)

En derecho, la acción pauliana es una defensa que tienen los acreedores con la que pueden solicitar que se anulen los actos que el deudor haga para perjudicarlo. Por ejemplo, si el deudor vende sus bienes a un precio muy bajo a otra persona para no tener la solvencia necesaria para pagarle al acreedor, puede solicitarse la acción pauliana para que se regresen los bienes al deudor. 
       Cuando gracias a esta acción se anula la validez de una compraventa de inmueble, la persona que lo compró pierde su derecho sobre el inmueble; es decir, es una evicción. En estos casos, lo único que el comprador puede conseguir es un saneamiento, que es una indemnización monetaria que recibirá en lugar del bien, si obtiene sentencia favorable.
       Según una nueva tesis aislada del Noveno Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, estos compradores no deben tener ninguna participación en la acción pauliana, ya que es un proceso personal entre el deudor y el acreedor originales. Además, esto no viola el derecho de audiencia del comprador, porque aunque se le incluyera en el juicio, no cambiaría la resolución final de la acción pauliana, por lo que sería inútil incluirlo. Esto no impide, desde luego, que el comprador exija el saneamiento por evicción que le corresponde.

Revisa la tesis aquí con estos criterios de búsqueda: I.9o.C.46 C (10a.), publicada el 11 de mayo del 2018.

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SCJN

Las instituciones de crédito solo pueden bloquear tus cuentas cuando se deba a un motivo internacional, no nacional

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a las instituciones de crédito una lista de personas bloqueadas, se deben suspender inmediatamente todos sus actos y operaciones con los clientes mencionados (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito). Esta suspensión es una medida cautelar administrativa que, para no violar el principio de seguridad jurídica, debe acompañarse de una advertencia para que los afectados conozcan las consecuencias jurídicas.
       Según una nueva jurispridencia de la Segunda Sala, para asegurar que no se viole este principio de seguridad jurídica, esta medida debe obedecer los siguientes supuestos:

• Únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con compromisos internacionales asumidos por México, lo cual se actualiza ante dos escenarios:
  • Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras.
  • Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental.

Según la nueva jurisprudencia, la medida no puede ser empleada cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas sea estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al principio de seguridad jurídica.

Revisa la jurisprudencia aquí con estos criterios de búsqueda: 2a./J. 46 /2018 (10a.), publicada el 11 de mayo del 2018.

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Notas de la semana en la página web de El Contribuyente | Inteligencia fiscal para tu negocio

• Perdí mi contraseña del SAT, ¿qué hago?
• ¿Qué son los honorarios asimilados a salarios?
• ¿Puedo demandar al SAT?
• Este proveedor autorizado de certificación (PAC) dejará de dar sus servicios pronto
• ¿Qué es y para qué sirve el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles?

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Indicadores de la semana

	Lunes 14	Martes 15	Miércoles 16	Jueves 17	Viernes 18
Monedas internacionales
Dólar	19.6241	19.6950	19.5723	19.7368	19.9518
Euro	23.4056	23.3139	23.1100	23.2776	23.4500
Dólar Canadá	15.3170	15.2982	15.3064	15.4122	15.4742
Indicadores financieros
IPC	48,358.16	48,431.58	48,442.22	48,745.28	49,090.74
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