Despidos en diciembre y recontratación en enero, la práctica indebida que detectó el IMSS
El despido y recontratación de empleados impacta negativamente en la continuidad de los derechos laborales de los trabajadores.
El gobierno de México tiene identificada una práctica empresarial indebida que consiste en cancelar plazas laborales en diciembre para recontratar a los empleados en enero. Con esto, buscan reducir sus cuotas patronales.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identificó la recontratación irregular de 86,575 trabajadores a principios de año. Dichos empleados fueron dados de baja en diciembre de 2020 y contratados por la misma empresa en enero de 2021.
En este tipo de casos, los patrones dan de baja ante el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a sus empleados, durante diciembre, y los recontratan en en enero del siguiente año.
Lo anterior impacta negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores.
La baja de empleados representa una práctica irregular
Datos del IMSS indican que entre noviembre y diciembre de 2020, se perdieron 277,820 puestos de trabajo, de los cuales 68.8% corresponden a trabajadores registrados como permanentes.
La información publicada señala que el IMSS considera que sí existen contrataciones temporales legítimas. Pero muchos de los trabajadores dados de baja en diciembre y recontratados en enero están registrados como permanentes, y las bajas representan una práctica irregular.
En este contexto, la Secretaría del Trabajo, el IMSS y el Infonavit enviaron cartas a los patrones que identificaron pudieran haber incurrido en estas prácticas.
Esto lo hicieron para que las empresas revisaran que el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente, y eviten realizar acciones que afecten los derechos de sus trabajadores mediante la elusión ilegal de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social.
La información indica que las empresas deben evitar este tipo de prácticas, porque el incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales, lo que puede poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso llevar a los patrones a enfrentar responsabilidades administrativas y penales.
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