Hay muy pocas sanciones contra factureras por parte del gobierno federal
Una falta de coordinación entre dependencias hace que sea más difícil que se castiguen los delitos.
Hace un año, 10 gerentes y administradores aduanales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron destituidos por corrupción. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de estos funcionarios ha sido detenido.
Desde enero de 2020, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tienen documentados dos expedientes con evidencias de corrupción en las aduanas ubicadas en los puertos de Progreso, Yucatán y Tuxpan, Veracruz.
Los directores de las aduanas presuntamente incurrieron en diversos delitos. Estos van desde el enriquecimiento por pagos de sobornos, hasta permitir el tráfico de drogas a través de los puertos mencionados. Desde ese entonces, se espera que se presenten órdenes de aprehensión contra los funcionarios.
La impunidad no solamente se da en las aduanas
Al parecer, el gobierno federal tampoco ha aplicado sanciones a sus propios proveedores que entregaron facturas falsas. Entre 2006 y 2021, el gobierno federal solamente ha sancionado a siete empresas por entregar facturas falsas, así como a otras 11 por irregularidades.
En 2018, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una red de 34 factureras que trabajaban con gobiernos estatales y municipales. Esto demuestra el bajo número de sanciones que se han presentado desde 2006 contra los casos conocidos.
En entrevista con Reforma, Marco Fernández, investigador de México Evalúa, dijo que el problema para castigar a estas factureras es la falta de coordinación entre instituciones. Instituciones como el SAT, la Procuraduría Fiscal, Fiscalía General de la República y la ASF no comparten información sobre estos casos. Así, los funcionarios no pueden verificar fácilmente si un proveedor del gobierno federal presentó irregularidades.
En entrevista con el mismo medio, Miguel Fuentes, fiscalista de Carbajal Bermúdez, explicó que falta capacitación especializada en cada dependencia para encontrar estos actos.
El último factor importante es la falta de profundidad de la ASF. Actualmente, la ASF es el organismo que más fácilmente puede identificar delitos como facturas falsas en la cuenta pública; sin embargo, realizan muy pocas auditorías al año. En 2019, las auditorías forenses de la ASF fueron solamente el 3% del total; para el ejercicio de 2020, se espera que sean menos.
Con información de Reforma y Milenio
https://www.reforma.com/deja-el-gobierno-impune-a-factureras/gr/
https://www.milenio.com/negocios/sat-agrega-116-nombres-lista-presuntas-empresas-factureras
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