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Gobierno federal vuelve a contratar servicios de limpieza por outsourcing

Se trata de un contrato con un presupuesto de hasta 45 millones de pesos a una empresa particular que realizará el trabajo de limpieza de las oficinas de la SCHP y Palacio Nacional durante 2022.



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22 diciembre, 2021

El 1 de septiembre de 2020 entró en vigor la reforma al outsourcing que prohibe la subcontratación laboral y solo permite la contratación de servicios especializados. Dichos cambios aplicaron para la iniciativa privada a partir de esa fecha , sin embargo, para el gobierno los cambios aplicarán hasta el 1 de enero del 2022.

Pese a la prohibición de subcontratar trabajadores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) otorgó una licitación por un año para la limpieza de oficinas de SHCP, incluyendo las de Palacio Nacional, de acuerdo a lo que informa El Universal.

Se trata de un contrato con un presupuesto de hasta 45 millones de pesos a una empresa particular que realizara el trabajo de limpieza de las oficinas de la SCHP y Palacio Nacional durante 2022.

En la licitación se detalla que el 9 de diciembre pasado, la dependencia federal acordó entregar este servicio integral de limpieza a la empresa Ocram Seyer, S.A. de C.V., el cual tendrá una vigencia de un año, según datos de dicho medio.

“Se adjudica el contrato ITP-41-037/2021 para el ‘servicio integral de limpieza’ al licitante Ocram Seyer, S.A. de C.V., con una vigencia a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022”

Adicionalmente, el documento indica que para este servicio se contratará a 414 trabajadores de limpieza, quienes recibirán un salario diario de 319.07 pesos.

“El monto del presupuesto incluyendo impuestos que podrá ejercerse durante la vigencia del contrato, considerando los precios unitarios ofertados en la propuesta económica del licitante será el siguiente: monto mínimo: 27 millones de pesos; monto máximo: 45 millones de pesos. La dependencia no está obligada a ejercer el monto máximo del contrato”.

Como lo informa El Universal, se limpiarán 14 inmuebles, entre ellos sus oficinas en Palacio Nacional, avenida Constituyentes 810 y 1001 y en Insurgentes Sur 795 y 1971, así como las localizadas en Calzada de la Virgen 2799, Calzada Legaria 662, Jalapa 321, Moneda 4, Profesora Eulalia Guzmán 168, República de El Salvador 49, República de Guatemala 8 y 80, y Viaducto General Miguel Alemán 105, en la colonia Escandón.

No es la primera vez

De acuerdo a un análisis de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno federal ha gastado alrededor de 5 mil millones de pesos en la celebración de 50 contratos con empresas de outsourcing, durante 2019 y 2020.

En diciembre de 2020, El Universal informo que Palacio Nacional contrató servicios de limpieza a través de la empresa Decoaro y Supervisión S.A. de C.V., dedicada al outsourcing.

La empresa recibió más 180 millones de pesos en contratos del gobierno federal por la subcontratación de más de 1,500 empleados y 23 contratos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de las Secretarías de Turismo (Sectur), Relaciones Exteriores (SRE) y Comunicaciones y Transportes (SCT).

En ese año se realizó una investigación a las empresas Relissa Servicios Corporativos S.A. de C.V. y Gerlim S.A. de C.V., que se dedican a dar servicios de limpieza a dependencias gubernamentales, por la presunta realización de actos de corrupción, entre los que está su relación con empresas factureras.

Y en noviembre de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contrató a una empresa pesar de que no cumplió con sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con más de 100 trabajadores de limpieza no inscritos, de acuerdo con una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En ese mismo mes, trabajadores de limpieza de diversas empresas particulares, que prestan servicio de limpieza a las oficinas SAT en todo el país, se manifestaron debido a falta de pago de sus salarios durante más de cinco meses.

Como reportamos en El Contribuyente, algunas de los órganos de gobierno a los que dichas empresas les han prestados sus servicios son el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la Fiscalía General de la República (FGR), la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, el Colegio de Bachilleres y el Instituto Nacional de Pediatría.


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