El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización de cinco empresas que certifican facturas electrónicas, luego de detectar que realizaban operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como factureras.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control en el SAT realizó una auditoría a la supervisión de los Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Como resultado, identificó a siete proveedores que realizaban operaciones con EFOS. Hasta el momento del comunicado, cinco ya habían perdido su autorización y otros dos enfrentaban procedimientos administrativos de revocación.

El caso destaca por el peso de estas empresas dentro del sistema de facturación mexicano: los siete proveedores validan aproximadamente 20.53% de la facturación nacional.

¿Qué hacen los proveedores de certificación de CFDI?

Los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) son empresas autorizadas para validar y certificar comprobantes fiscales digitales.

Su intervención permite que las facturas electrónicas cumplan con los requisitos técnicos correspondientes para su timbrado.

Por ello, la revocación de sus autorizaciones puede tener repercusiones tanto en la operación de los propios proveedores como en las empresas que utilizan sus servicios para emitir comprobantes.

Ahora bien, que un proveedor haya sido señalado por realizar operaciones con EFOS no significa que todas las facturas que certificó sean falsas ni que todos sus clientes hayan cometido irregularidades.

La autoridad continuará con las acciones de supervisión

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que continuará realizando acciones de supervisión dentro de sus atribuciones y dará seguimiento a los procedimientos correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial Federal.

El objetivo, de acuerdo con el comunicado, es prevenir y sancionar las operaciones fiscales simuladas y contribuir al combate contra la evasión fiscal.

Para las empresas, el caso también plantea una cuestión práctica: verificar quién certifica sus facturas y qué medidas deben tomar si utilizan los servicios de un proveedor cuya autorización fue revocada.