Vinculan a proceso a ex funcionario de la Prodecon por adjudicaciones directas a Google
Al ex director de administración se le señala por presuntamente haber cometido los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República solicitó que se vinculara a proceso a un ex funcionario de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) por la posible comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo al semanario Proceso, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, José Artemio Zúñiga Mendoza, determinó vincularlo a proceso.
Guillermo Ignacio González Ávila, quien laboró para la Prodecon durante el sexenio pasado, es señalado por haber presuntamente dado adquisiciones directas a la empresa Google Operaciones de México S de RL de CV sin haber realizado los estudios de mercado que exige la ley, con los que se justificaría la excepción a la licitación pública.
El contrato en cuestión es el Prodecon-SCCVT/080/2014, celebrado el 7 de abril de 2014, con el que se adquirió el servicio de colocación de banners en páginas de internet. El monto del mismo es de 502 mil 220 pesos.
En la denuncia, presentada por el abogado Ulrich Richter Morales, también se incluye a la senadora panista Minerva Hernández Ramos, quien en aquel momento firmó el contrato, cuando fungía como subprocuradora de cultura contributiva y relaciones institucionales del ombusman fiscal. Sin embargo, el juez no pidió vincularla a proceso a ella.
Antes de laborar para la Prodecon, dependencia en la que estuvo de 2011 a 2017, Zúñiga Mendoza trabajó en la Secretaría de Hacienda y el Servicio Postal Mexicano. Esto durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
De acuerdo al artículo 2017 del Código Penal Federal, comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que ilícitamente “otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos”. Este delito se castiga con entre seis meses y 12 años de prisión, además de multas de entre 30 y 150 días de salario mínimo.
El semanario asegura que en 2014 el 9% del presupuesto de la dependencia se destinó a a publicidad. Esto es, 70 millones de pesos.
Con información de Proceso.
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/7/5/el-contrato-irregular-de-prodecon-google-mexico-267210.html
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