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Procurador Fiscal defiende propuesta de pena de prisión a subcontratación ilegal

Además, si los montos superan 7.8 millones de pesos, los empresarios enfrentarían su proceso en prisión preventiva.


27 noviembre, 2020

Penas de hasta 13 años 5 meses para quienes utilicen esquemas de subcontratación ilegal, fueron las que postuló Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación (PFF), durante su participación en el Parlamento Abierto en materia de outsourcing.

El funcionario dijo que parte de las propuestas de la iniciativa de reforma en materia de outsourcing que envió el Ejecutivo federal para su discusión incluye tipificar como delito calificado esta práctica.

“El mensaje debe ser claro: las simulaciones de esta índole serán sancionadas con penas de prisión agravadas. Por ende, una de las propuestas consiste en modificar el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, estableciendo una calificativa específica para los actos de defraudación fiscal emitidos a través de la subcontratación de personal o la simulación de servicios especializados”, dijo.

Podrá ser delito calificado

Romero Aranda aseguró que la medida está en consonancia con la reforma penal fiscal de 2020. Se considerará como delito calificado, cuando al acusado se le implique por montos superiores a los 7.8 millones de pesos, y enfrentará el proceso en prisión preventiva.

El procurador explicó que “quien sea condenado por un delito calificado recibirá penas de hasta 13.5 años de prisión, pero además, cuando estemos ante grupos de tres o más personas que ejecuten estos esquemas de manera reiterada y permanente, serán procesados por delincuencia organizada. Esto también va en congruencia con la reforma penal fiscal que entró en vigor el 1 de enero de este año”.

Con esta iniciativa, el gobierno federal pretende terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación fiscal como la subcontratación de personal y la simulación de prestaciones de servicios especializados.

Subcontrataciones basadas en el engaño

Carlos Romero Aranda señaló que este problema “trastoca” los derechos más elementales de trabajadores y ocasiona grandes problemas al fisco, ya que de acuerdo con la STPS existen alrededor de 6 mil empresas de subcontratación abusiva que evaden el pago de impuestos por 21 mil millones de pesos.

“Se tienen detectadas mil 200 empresas con distintos esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran 862 mil 489 trabajadores que se ven afectados en sus derechos laborales. Y que son subcontrataciones basadas en el engaño porque están basadas en aparentar la subcontratación de sus propios empleados para eludir el pago del impuesto sobre la renta y acreditar el impuesto al valor agregado (IVA) de manera ilegal”, concluyó.

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