El reloj checador está en el centro de la duda de muchas empresas para 2027. La Ley Federal del Trabajo ya las obliga a llevar un registro electrónico de la jornada de sus trabajadores, pero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) todavía no publica las reglas que dirán a quién se aplica, con qué excepciones y con qué tipo de sistemas se puede cumplir.
La falta de esas disposiciones se hizo evidente cuando especialistas y contadores, entre ellos la comunidad de Fiscalandia, consultaron a la dependencia. En su respuesta, la STPS indicó que "aún no se expiden las disposiciones de carácter general que determinen el ámbito de aplicación y excepción a la obligación".
¿Hay que comprar un reloj checador biométrico?
La ley no lo exige. La obligación es llevar un registro electrónico con los horarios de inicio y fin de la jornada; no menciona huella digital, reconocimiento facial ni un modelo específico de dispositivo. Dicho de otro modo, la ley obliga a registrar, no a comprar un aparato determinado.
Eso tampoco significa que cualquier herramienta sirva. Si una empresa podrá usar una aplicación, una plataforma digital o un lector biométrico dependerá de los criterios técnicos que fije la STPS. Mientras no se publiquen, comprar equipo implica un riesgo: podría no cumplir con lo que finalmente se exija.
Qué dice la reforma sobre el registro de jornada
El 1 de mayo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reformó la LFT en materia de reducción de la jornada laboral. Entre sus cambios, el artículo 132 recibió la fracción XXXIV, que obliga al patrón a:
- Registrar electrónicamente la jornada de cada persona trabajadora.
- Incluir la hora de inicio y la de finalización de la jornada.
- Proporcionar el registro a la autoridad laboral cuando se lo solicite.
La misma fracción ordena a la STPS emitir disposiciones de carácter general para fijar el ámbito de aplicación y las excepciones. Además, el contenido del registro hace prueba plena cuando se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y el patrón. El quinto transitorio del decreto establece que esas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.
Es decir, la obligación no nace con los lineamientos: ya forma parte de la ley. Lo que la autoridad debe definir es cómo y a quién se aplica.
Cuánto puede costar no cumplir
El artículo 994, fracción IV Bis, de la LFT sanciona al patrón obligado que incumpla la fracción XXXIV del artículo 132 con una multa de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario de la UMA de 2026, de 117.31 pesos, los montos equivalen a lo siguiente:
| Rango de la multa | UMA | Pesos (UMA 2026) |
|---|---|---|
| Mínimo | 250 | $29,327.50 |
| Máximo | 5,000 | $586,550.00 |
Son cifras de referencia: el monto aplicable dependerá del valor de la UMA vigente cuando se imponga la sanción. Tampoco queda claro, por el texto de la disposición, si la multa se multiplica por cada trabajador o por cada centro de trabajo. El precepto fija el rango para el patrón obligado y no menciona esa multiplicación.
La reducción de jornada también arranca en 2027
La obligación coincide con el inicio de la reducción gradual de la jornada máxima semanal. La reforma constitucional publicada el 3 de marzo de 2026 la lleva hasta 40 horas en 2030, y cada reducción aplica el 1 de enero de cada año:
| Año | Jornada máxima semanal |
|---|---|
| 2026 | 48 horas |
| 2027 | 46 horas |
| 2028 | 44 horas |
| 2029 | 42 horas |
| 2030 | 40 horas |
El periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2026 funcionó como una etapa de ajuste para trabajadores y empleadores. Los detalles del calendario están en la nota sobre cómo baja la jornada máxima semanal a 40 horas.
Con ello, las empresas enfrentan dos cambios a la vez: menos horas de trabajo a la semana y la obligación de documentarlas. Las disposiciones de la STPS serán las que determinen qué empleadores deberán cumplir, cuáles tendrán excepciones y qué características deberán tener los sistemas de control. Hasta que se publiquen, esos tres puntos siguen abiertos.