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La FGR recibió denuncias contra 90 funcionarios del SAT en 2020

El año pasado se presentaron 49 denuncias por presuntos delitos en contra de 90 funcionarios del SAT, lo que representó un aumento de 96% respecto de 2019.


La FGR recibió denuncias contra 90 funcionarios del SAT en 2020
(Imagen: El Contribuyente)
8 febrero, 2021



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente reveló el número de denuncias recibidas en contra de sus servidores públicos.

En su Informe tributario y de gestión. Cuarto trimestre 2020, la autoridad fiscal compartió los siguientes datos:

En 2020, la Administración General de Evaluación (AGE) atendió 2 mil 583 denuncias, de las cuales mil 943 procedieron para su análisis e investigación. Esto representó un incremento de 4% respecto a 2019.

Ante el Órgano Interno de Control (OIC) se promovieron 263 denuncias, en contra de 654 servidores públicos del SAT.

Denuncias ante la Fiscalía General de la República

En cuanto a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), se presentaron 49 por presuntos delitos en contra de 90 servidores públicos. Esto representó un aumento de 96% en cuanto al número de servidores públicos denunciados en 2019. 

El SAT informó que se consignaron seis asuntos por parte de la FGR y se emitieron dos sentencias en contra de dos servidores públicos, una con acuerdo reparatorio y una con sentencia condenatoria.

El informe indica que de las acciones coordinadas de las diversas áreas del SAT, se obtuvo un gran avance en el combate a la corrupción en las aduanas del país. Esto se debe a que de los servidores públicos denunciados ante el OIC y la FGR, el 75% y 53%, respectivamente, correspondieron a la Administración General de Aduanas (AGA).

Denuncias contra contribuyentes

Asimismo, el SAT denunció penalmente a 1,018 contribuyentes:

  • 514 personas físicas.
  • 504 son personas morales.

Las denuncias contra los contribuyentes estuvieron vinculadas, principalmente, a lo siguiente:

  • Falsedad de información fiscal.
  • Falsificación de documentos.
  • Contrabando.
  • Comprobantes fiscales ilegales.
  • Y desocupación de los domicilios fiscales cuando se inician actos de fiscalización.

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