La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) rechazó las propuestas para gravar con ISR los recursos heredados de cuentas Afore y las herencias en general, y advirtió que la impartición de justicia no debe responder a objetivos recaudatorios ni a agendas fiscales de ningún signo.
En un pronunciamiento público, la organización fue directa: los tribunales no pueden convertirse en "oficinas de recaudación". Las decisiones judiciales, sostiene, deben apegarse a la Constitución y a la protección de los derechos fundamentales, no a criterios ideológicos ni a metas de recaudación que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo.
El respaldo al fallo de la SCJN sobre Afores
El pronunciamiento llegó una semana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que los beneficiarios de un trabajador fallecido no deben pagar ISR al recibir los recursos acumulados en su cuenta individual de Afore.
La JUFED respaldó esa postura con un argumento de fondo: los recursos acumulados en la Afore de un trabajador no representan un ingreso nuevo para quien los recibe. Son el patrimonio que el trabajador construyó durante su vida laboral con el propósito explícito de brindar protección económica a su familia. Gravarlo equivaldría a afectar directamente el patrimonio de los deudos y a desvirtuar la finalidad de la seguridad social.
La respuesta al debate sobre herencias
El pronunciamiento también aborda el debate más amplio que se abrió en semanas recientes cuando la ministra Lenia Batres planteó revisar el régimen fiscal para que las herencias y los legados paguen impuestos, argumentando que ese mecanismo podría contribuir a reducir la desigualdad. La propuesta fue descartada posteriormente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su gobierno no promoverá un impuesto sobre herencias ni contempla una reforma fiscal con ese propósito.
La JUFED tomó postura en ese debate con una distinción conceptual que considera central: "La función constitucional del Poder Judicial no es actuar como una entidad de diseño fiscal ni forzar una redistribución de la riqueza a través de la vía impositiva", señaló la asociación.
Para la organización de jueces y magistrados, atribuir a los órganos jurisdiccionales la obligación de gravar el patrimonio que dejan los trabajadores fallecidos desnaturaliza la función de la justicia constitucional y pone en riesgo la certeza jurídica de las familias.
El argumento sobre la independencia judicial
La JUFED cerró su pronunciamiento con una afirmación sobre el papel que debe cumplir el Poder Judicial en este tipo de debates: solo un poder judicial independiente puede garantizar que el patrimonio familiar quede protegido frente a interpretaciones que, en su opinión, confunden la equidad con la carga tributaria.
El posicionamiento no es una decisión jurisdiccional ni tiene efectos normativos. Es un pronunciamiento institucional de la organización que agrupa a jueces y magistrados federales, y que en este caso opta por articular su postura pública en un debate que, en pocas semanas, pasó de ser una discusión técnica dentro de la SCJN a convertirse en un tema con resonancia política y fiscal.