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Prodecon tiene una esperanza para evitar recorte de 75%

Prodecon tiene una esperanza para evitar recorte de 75% de su presupuesto
8 junio, 2020

La semana pasada se anunció que la Prodecon tendría un recorte de 75% de su presupuesto. Pero algunos especialistas alegan que la ley impide este recorte.

El viernes pasado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer que sufrió un recorte del 75% a sus gastos de operación. Por este motivo, a partir de julio próximo dejarían de operar 16 delegaciones de la Procuraduría. El recorte pondría en riesgo los derechos humanos de los contribuyentes en sectores vulnerables de la sociedad.

En entrevista con Reforma, Cristian Nazael García Olalde, delegado de la Prodecon en Nuevo León, dijo que todavía no se sabe qué delegaciones cerrarán. Según el funcionario, más del 80% de los servicios gratuitos de la Prodecon a nivel nacional se dan a través de las delegaciones.

El servicio de representación gratuito, dice la Prodecon, tiene un carácter esencialmente social en los términos planteados en su propia Ley Orgánica, que tiene una efectividad del 77% a favor de los contribuyentes.

Para colmo, este recorte se da cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está presionando más a los contribuyentes. Durante los primeros cinco meses del año, las quejas contra el SAT en la Prodecon crecieron 46%.

Todavía hay una esperanza para la Prodecon

Sin embargo, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de la Comisión Fiscal de la Concanaco, afirmó en otra entrevista con Reforma que la ley impide reducir el presupuesto de la Prodecon.

El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Prodecon establece que ,en ningún caso, el presupuesto que se asigne podrá ser inferior al presupuesto que se le haya asignado en el ejercicio inmediato anterior. Por esto, Pérez Góngora cree que esta reducción podría arreglarse a través de una controversia constitucional.

Por otro lado, García Olalde dice que la reducción se opone a un decreto hacendario del 28 de abril. En él, se determinó que, durante la crisis de COVID-19, no podían quitar recursos federales de las dependencias relacionadas con la defensa de derechos humanos para aplicarlas en otras áreas.

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