Con la aparición de los primeros casos reales bajo el Artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), los especialistas en derecho fiscal también comienzan a identificar las principales líneas de defensa disponibles para los contribuyentes que enfrenten este nuevo procedimiento. Aunque todavía no existen criterios judiciales que las validen o rechacen, los argumentos ya están sobre la mesa.

Primer argumento: cuestionar la suficiencia de las presunciones

Uno de los puntos centrales en la defensa es analizar si la autoridad cuenta con elementos suficientes para presumir que las operaciones son inexistentes, o si sus conclusiones se basan exclusivamente en cruces de información y análisis de bases de datos.

El abogado fiscalista Miguel Ángel García Piña señala que expresiones como "no se logró corroborar" o "se presume" no equivalen a demostrar que una operación es falsa. La autoridad tiene la obligación de explicar con claridad y precisión cómo llegó a esa conclusión: qué información analizó, qué inconsistencia específica detectó y por qué eso lleva a presumir la inexistencia de la operación.

Una presunción genérica sustentada solo en el resultado de un cruce automatizado de datos, sin una explicación concreta del razonamiento que conecta ese dato con la conclusión, puede ser insuficiente para sostener el procedimiento.

Segundo argumento: la suspensión de facturas antes de la audiencia

El Artículo 49 Bis permite suspender la emisión de comprobantes fiscales desde el inicio del procedimiento, antes de que el contribuyente haya tenido oportunidad de presentar pruebas o argumentos en su favor. Eso plantea una pregunta sobre el derecho de audiencia: ¿puede una medida que afecta gravemente la operación del negocio aplicarse antes de que exista cualquier posibilidad de defensa?

La suspensión de la facturación no es una sanción menor. Para muchas empresas equivale a paralizar su operación comercial, interrumpir cobros y afectar el flujo de ingresos. Aplicarla antes de una resolución definitiva, e incluso antes de escuchar al contribuyente, puede ser cuestionada desde la perspectiva de los derechos fundamentales que el propio CFF y la Constitución reconocen.

Tercer argumento: transparencia en el uso de sistemas automatizados

Otro tema que empieza a cobrar relevancia es el posible uso de sistemas automatizados para seleccionar contribuyentes y detectar inconsistencias. Cuando una decisión administrativa que afecta derechos —como la suspensión de la emisión de CFDI— proviene de un proceso automatizado, la autoridad tiene la obligación de explicar:

  • Qué información utilizó el sistema para identificar al contribuyente como sujeto de revisión.
  • Cómo fue procesada y analizada esa información.
  • Qué funcionario revisó el caso y tomó la decisión de emitir la orden antes de que esta fuera notificada.

La tecnología no exime a la autoridad de los requisitos de fundamentación y motivación que exige el marco legal. Un algoritmo que detecta una inconsistencia no sustituye el análisis humano que debe preceder a un acto de autoridad con este nivel de impacto.

Cuarto argumento: la proporcionalidad de la medida

El principio de proporcionalidad plantea una pregunta directa: ¿es razonable impedir que un contribuyente continúe facturando durante todo el procedimiento —que puede extenderse mientras se resuelve— cuando todavía no existe una resolución que determine que sus operaciones son inexistentes?

Impedir la facturación durante ese periodo puede traducirse en contratos incumplidos, pérdida de clientes, daño a la reputación comercial y afectación al flujo de efectivo. Si al final del procedimiento se determina que las operaciones sí eran reales, el daño producido por la suspensión no tiene un mecanismo de reparación claro. Esa asimetría entre el costo para el contribuyente y la certeza con la que actúa la autoridad es un argumento de proporcionalidad que los tribunales deberán evaluar.

Lo que los tribunales tendrán que definir

Ninguno de estos argumentos tiene aún una respuesta judicial definitiva. El Artículo 49 Bis es una figura de aplicación muy reciente y los primeros casos apenas están empezando a desarrollarse. Será la práctica administrativa y, progresivamente, los criterios que emitan los tribunales, lo que irá acotando o expandiendo el alcance de cada uno de estos argumentos.

Ese proceso llevará tiempo. Mientras tanto, los contribuyentes que reciban una orden bajo esta figura deben actuar con rapidez y con asesoría especializada, porque el plazo de respuesta es corto y los efectos de la suspensión son inmediatos.

La recomendación que coincide en todos los especialistas

Hay un punto en el que los distintos especialistas que han analizado estas primeras órdenes coinciden: la mejor defensa ante una revisión exprés no empieza cuando llega la notificación. Empieza mucho antes.

Contar con contratos formalizados, evidencia documental de los servicios prestados o los bienes entregados, comprobantes de pago bancarizado y trazabilidad clara entre el CFDI, la contabilidad y la operación real es lo que determina si un contribuyente puede acreditar la materialidad de sus operaciones cuando la autoridad las cuestione.

Quienes tienen esa documentación organizada y disponible llegan a una revisión exprés en una posición radicalmente distinta a quienes deben construirla bajo la presión de un plazo de cinco días hábiles. Y en un procedimiento diseñado para ser rápido, esa diferencia puede definir el resultado.