Una investigación del diario Reforma señala a Héctor José Contreras Mercader, exdirector del SAT en Quintana Roo, por presuntos vínculos con una red de empresas relacionada con contratos públicos estatales por más de 80 millones de pesos y la adquisición de una residencia valuada en 65 millones de pesos en el desarrollo Punta Kalia, en Puerto Cancún.
La información publicada corresponde a una investigación periodística basada en documentos corporativos y registrales. Hasta el momento, no se ha informado de ninguna investigación penal o administrativa abierta en contra del exfuncionario derivada de estos hechos.
El contrato y las empresas señaladas
De acuerdo con la investigación de Reforma, en marzo de 2025 el Gobierno de Quintana Roo adjudicó un contrato por 80.5 millones de pesos a la empresa Transportes Ejecutivos Bell para el arrendamiento de vehículos destinados a dependencias estatales.
El medio documentó que la representante legal de esa empresa también aparece como socia de Juan Arturo Contreras Mercader, hermano del exfuncionario, en una sociedad mercantil distinta. Esa segunda empresa fue la que posteriormente adquirió la residencia de lujo en Puerto Cancún.
Según los documentos revisados por el diario, la empresa modificó su objeto social para incluir actividades inmobiliarias antes de concretar la operación del inmueble. El inmueble figura actualmente como domicilio de Juan Arturo Contreras Mercader.
Reforma también documentó que los mismos participantes aparecen relacionados en una tercera sociedad mercantil, la cual registró diversos cambios corporativos durante 2025 y 2026, incluyendo movimientos en la representación legal y en la propiedad de las acciones.
La salida del cargo y el episodio de la NBA
Héctor José Contreras Mercader dejó el cargo como titular del SAT de Quintana Roo el 11 de junio de 2026. Su salida ocurrió días después de que se difundieran imágenes de su asistencia a un partido de la final de la NBA en un palco VIP del Madison Square Garden, en Nueva York. Las imágenes generaron atención pública antes de que se conocieran los detalles de la investigación periodística.
Lo que hay y lo que no hay
La investigación se sustenta en documentos corporativos, registros públicos y estructuras societarias. Lo que documenta son conexiones entre personas y empresas a través de esos registros.
Lo que hasta ahora no existe —según la información disponible— es una investigación formal de la Fiscalía, de la Secretaría de la Función Pública o de cualquier otra autoridad administrativa o penal derivada de los hechos señalados. Tampoco se ha publicado una respuesta oficial del exfuncionario ante los señalamientos.
La distinción entre lo que una investigación periodística documenta y lo que una autoridad competente ha determinado es relevante en este tipo de casos. Los señalamientos del diario son públicos y están basados en documentos verificables; la determinación de si constituyen conductas ilícitas corresponde a las instancias legales competentes.