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Propuesta de reforma constitucional de AMLO apunta a combatir a factureras

Entre las propuestas de reformas presentadas por el Presidente, destaca una en la que penaliza severamente el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco



6 febrero, 2024

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una propuesta de 20 reformas constitucionales al Congreso de la Unión, entre estas reformas, la número nueve destaca por su enfoque en penalizar severamente el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco, especialmente a través del uso de empresas factureras.

Fortalecimiento de la justicia fiscal

Esto se realizó en el contexto del aniversario de la Constitución de 1917 y busca establecer un marco legal más robusto contra las prácticas fiscales fraudulentas. Esta propuesta de reforma apunta directamente a las operaciones que han permitido a individuos y corporaciones evadir sus responsabilidades fiscales, socavando así la equidad y la justicia en el sistema tributario mexicano.

Según señala el abogado Luis Pérez de Acha, la propuesta de reforma constitucional incluye la prisión preventiva oficiosa —es decir, automática— para defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas de empresas fantasma.

Compromiso del SAT con la transformación fiscal

Por su parte, mediante un mensaje en X (Twitter), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha expresado su firme apoyo a estas reformas, señalando su compromiso con la transformación y la justicia fiscal en México. La institución, dijo, ve en estas reformas una oportunidad para reforzar sus esfuerzos en combatir la evasión fiscal y asegurar que todos los sectores contribuyan de manera justa al desarrollo y bienestar del país.

Implicaciones de las reformas

La implementación de estas reformas constitucionales podría tener un impacto significativo en el panorama fiscal y económico de México. Al penalizar con mayor severidad el delito fiscal:

  • Se espera una disminución en las prácticas de evasión fiscal.
  • Se fortalecerán los ingresos del Estado, permitiendo una mayor inversión en programas sociales y de desarrollo.
  • Se promoverá una cultura de cumplimiento fiscal y transparencia entre las empresas y los ciudadanos.

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