“La Procuraduría Fiscal no amenaza”, responde Hacienda ante acusaciones de abogados
El Gobierno de México negó estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de tener representación legal
La semana pasada, la American Bar Association (ABA) envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. La institución (conocida en México como el Colegio de Abogados de Estados Unidos) exigió al gobierno que respete el Estado de Derecho de los contribuyentes.
De acuerdo con la ABA, hay tres situaciones recientes en las que el gobierno mexicano violentó el Estado de Derecho:
- Funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han declarado que los abogados defensores de los contribuyentes son un obstáculo para los objetivos de transformación de México.
- Funcionarios de varias ramas del gobierno han invitado a los contribuyentes con irregularidades fiscales a que vayan directamente con el SAT para arreglar su situación. El problema aquí es que los mismos funcionarios han aconsejado a los contribuyentes a no buscar representación legal.
- La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha amenazado a contribuyentes con investigaciones como una forma de presionarlos.
México incumple tratados internacionales
En el documento, la ABA dice que se violan el artículo 8, párrafo 2, sección d), y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto es lo que establecen los numerales mencionados:
Artículo 8. Garantías Judiciales
[…]
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
[…]
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Además, las acciones del gobierno incumplen los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución.
La carta de la ABA también está dirigida a Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Raquel Buenrostro, jefa del SAT, y Carlos Romero Aranda, titular de la PFF.
La defensa de Hacienda
La secretaría de Hacienda publicó un comunicado donde se defiende y niega las acusaciones de la ABA:
El Gobierno de México niega categóricamente estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio justo a través de una adecuada representación legal. Reconoce, promueve y celebra las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas. No sólo los considera importantes y trascendentes, sino necesarios para el Estado de derecho.
[…]
La Procuraduría Fiscal no amenaza; denuncia conductas socialmente reprobables y presenta su postura ante un juez. Si algún contribuyente – imputado penalmente por la comisión de un delito fiscal- propone o solicita celebrar un acuerdo reparatorio, comprometiéndose a corregir su situación fiscal, la Procuraduría Fiscal valorará si es oportuno otorgarlo, con base en las características del caso y los requisitos normativos.
Una de las grandes prioridades del Gobierno mexicano y de su ciudadanía es perseguir penalmente las conductas criminales. Por lo tanto, la Procuraduría Fiscal de la Federación aplicará todo el rigor de la ley en contra de quienes pretenden burlar sus obligaciones fiscales.
Cualquier acusación se realizará en estricto apego a las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México.
[…]
Como podemos ver, el comunicado dice que la Procuraduría Fiscal solamente denuncia conductas. Por esto, no se puede hablar de que amenaza a los contribuyentes. El comunicado también niega que el Gobierno de México esté restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes .
Hacienda también argumenta que si la autoridad identifica conductas de abogados o asesores fiscales que tienen como propósito planear o ejecutar un acto de defraudación fiscal, también ellos serán imputados penalmente, dado que la Constitución defiende y garantiza el libre ejercicio de las profesiones, siempre y cuando ese ejercicio sea legal. Por lo tanto, cuando no lo sea, dichas conductas serán sancionadas, no sólo en interés del sistema tributario federal, sino del gremio de abogados en general.
Con información de El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-niega-amenazas-y-restriccion-de-derechos-como-lo-acusan-abogados-de-eu
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