? ¿Qué es el gasto fiscal y para qué sirve?
Has escuchado del “gasto fiscal”, pero no es lo mismo que “gasto público”. Te lo explicamos.
Los servicios públicos de los que gozamos, como educación o salud tienen varias fuentes de financiamiento. En la Ley de Ingresos de la federación (LIF), que define los recursos con los que contará el gobierno federal y la procedencia de los mismos, hay contemplados diez grandes rubros. El más importante de todos, que ha ido ganando terrero a raíz de la reforma fiscal de 2014, es el de los impuestos. Para 2019, la LIF tiene contemplados 5.8 billones de pesos en ingresos tributarios.
El gobierno podría tomar, por ejemplo, 1 mil millones de pesos del dinero obtenido por el fisco para construir un hospital. ¿A esto le llamarías tú un gasto fiscal? Después de todo suena verosímil, pues proviene de los impuestos y es un gasto. Sin embargo, no es tan sencillo.
Cuando el gobierno gasta dinero con el que cuenta, “de su bolsa”, como al construir un hospital con el dinero recaudado, hablamos de gasto público. Si, en cambio, gasta dinero sin desembolsar un solo peso, se trata de un gasto fiscal. Puede sonar paradójico, pero en realidad es un concepto sencillo.
¿Qué es el gasto fiscal?
Cuando decimos que nos referimos a cuando el gobierno gasta dinero sin desembolsar un peso, queremos decir que deja de recaudar dinero al que tiene derecho. El gasto fiscal ocurre cuando el gobierno permite que los contribuyentes paguen menos impuestos debido a tratamientos especiales que se desvían de la estructura “normal” de los impuestos.
Hay muchos mecanismos a través de los cuales puede ocurrir un gasto fiscal. El artículo 31, apartado A, de la LIF 2019, define como gasto fiscal los montos que el gobierno deja de recaudar por varios conceptos. Los conceptos mencionados por la LIF son los siguientes:
- tasas diferenciadas,
- exenciones,
- subsidios y créditos fiscales,
- condonaciones,
- facilidades administrativas,
- estímulos fiscales,
- deducciones autorizadas,
- tratamientos y regímenes especiales.
Imaginemos el caso de un asalariado que tiene ingresos mensuales de 20 mil pesos antes de impuestos, o anuales de 240 mil pesos. Debido a su rango salarial en las tablas generales de ISR, su patrón le retiene 2 mil 978 pesos cada mes. Al año habrá pagado 35 mil 742 pesos de ISR. (Si te da flojera hacer el cálculo manualmente, te recomendamos visitar nuestra calculadora de ISR).
Si esta persona gasta 2 mil 500 pesos mensuales en la colegiatura del bachillerato de su hijo, a fin de año habrá pagado 30 mil pesos de colegiatura. Desde 2013, las colegiaturas son gastos deducibles. Éstas tienen un monto máximo dependiendo del nivel educativo. Al tratarse del bachillerato, el tope es de 24 mil 500.
Así, al hacer su declaración anual, el contribuyente podrá deducir de sus ingresos acumulables los 24 mil 500 de la colegiatura. Es decir, si sus ingresos acumulables eran de 240 mil pesos, al restar los gastos en colegiatura quedarán 215 mil 500. La finalidad de esto es reducir la cantidad de dinero sobre la cual el SAT calcula el impuesto (también conocida como base gravable), con lo que el impuesto a pagar será menor.
Al hacer el cálculo con base en las tablas de ISR, y considerando que su base gravable ahora es de 215 mil 500 pesos, hallamos que el impuesto anual que tendría que pagar es de 30 mil 509 pesos. Es decir, 5 mil 233 pesos menos de impuesto. Esto significa que el contribuyente podrá solicitar una devolución de impuestos por este monto, y, por ende, que el fisco habrá captado menos impuestos de los que hubiera podido en condiciones normales. Esto es el gasto fiscal.
¿Para qué sirve?
Cada año, a más tardar el 30 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene la obligación de publicar el Presupuesto de Gastos Fiscales. Este documento, según establece el artículo 31, apartado A, de la LIF 2019, debe contener montos de los gastos fiscales. Además de una estimación de cuántos habrá el siguiente año.
Éste documento define que algunos de los objetivos del gasto fiscal son disminuir la desigualdad en la distribución de ingreso, mejorar el bienestar de ciertos grupos o fomentar la inversión. En el ejemplo visto arriba, la finalidad claramente es fomentar la educación. La de otros, como el estímulo fiscal del IEPS de las gasolinas, es evitar afectar el bolsillo de los consumidores.
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