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Exhiben desvío de 17 mil mdp en aeropuerto de Texcoco

Se detectó la compra de tezontle y basalto sin contratos previos a empresas y sindicatos que no cumplieron con las normas de calidad requeridas para la obra.



Bonos del aeropuerto
Foto: Despacho Foster+Partners
7 enero, 2019

La Policía Federal indaga un presunto desvío superior a los 17 mil millones de pesos de los recursos que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), los cuales estaban destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

Según reveló EL UNIVERSAL, existen documentos que detallan  el desvío investigado por la Policía Federal y cuyas conclusiones fueron entregadas al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), involucra a Raúl González Apaolaza, ex director General de Obra del NAIM; Carlos Noriega, ex director General de Administración de GACM, y señalan la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño al frente del GACM.

De acuerdo con un informe rendido por la Policía Federal, que señala que derivó de la investigación iniciada por el OIC en enero de 2018 por el ex director del GACM, Federico Patiño, la institución realizó diversas diligencias para indagar sobre la posible comisión de delitos de alto impacto en la construcción del NAIM, mediante la compra de materiales para construcción como tezontle y basalto, sin contratos previos a empresas y sindicatos vinculados principalmente con Apaolaza que no cumplieron con las normas de calidad requeridas para la obra.

El informe detalla que sindicatos y empresas supuestamente controladas por González Apaolaza resultaron beneficiadas por un monto superior a 17 mil 500 millones mediante el monopolio de viajes de carga, y la compra de material al grado tal que, según testimonios de trabajadores en la obra, su ingreso al terreno sólo ocurría con previa autorización del sindicato y mediante el pago de un porcentaje.

“Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, [las compras] no se dieron en las mejores condiciones disponibles, en cuanto precio, calidad y financiamiento”.

“Prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo”, pues el precio pasó de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos, ambas cantidades multiplicadas por los 8 mil metros cúbicos de la superficie”.

De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la compra de material de construcción se calculó para una superficie total de 35 mil 448 millones de metros cúbicos, lo que implica un pago de más de 17 mil 724 millones de pesos de tezontle a 200 pesos el metro cúbico, y basalto, a 300 pesos el metro cúbico.

Además, en 2017 la Auditoría Superior de la Federación documentó que en nivelación, limpieza del terreno y construcción de caminos provisionales de acceso se autorizaron pagos por 3 mil 603 millones 200 mil pesos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, sólo por el suministro y la colocación de 392 mil 570.42 metros cúbicos de tezontle.

De acuerdo con la Policía Federal, de estas acciones se denota “una acción concertada entre funcionarios y sindicatos que se podría tipificar como delincuencia organizada con el fin de crear un monopolio de transportes de los materiales a los precios que ellos establecieron y sólo mediante el uso de sus camiones”.

Involucran a Núñez Soto

El nombre del ex director de GACM, Manuel Ángel Núñez Soto, surgió sin que se le vinculara directamente con las irregularidades.

A Núñez Soto no le correspondió conocer de la construcción del NAIM, pero la PF detectó que no declaró ser propietario de Desarrolladora Corteq, S. A. de C. V. y Almahandm Desarrolladora de Vivienda, empresas que aparecen como parte del Corporativo Grupo Lomax, del empresario Alberto Manuel Díaz de la Riva, consorcio que, según la investigación,no existe.

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Núñez Soto negó conocer la empresa Corteq o tener participación en ella, pero admitió tener participación en Almahandm.

 





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