La industria extractiva en México tiene problemas de corrupción y violencia
Encima, casi no pagan impuestos.
Los tejes y manejes de la industria extractiva en México son problemáticos (con perdón del eufemismo). A pesar de contribuir con una parte significativa de la actividad económica del país (la industria minera es el 1% del PIB y la petrolera aporta el 16% de los recursos públicos), hay un serio problema de fiscalización, pues los ingresos tributarios relacionados a la industria minera son mínimos.
Aunado a esto, el Índice de Gobernanza y Recursos Naturales 2017 ubicó a México en la posición 17 de los 89 países evaluados, confiriéndole una calificación de ‘satisfactorio. Sin embargo, Carlos Monge, director del Índice para América Latina, dijo que “México tiene verdaderos problemas de corrupción, violencia y captura del Estado. En términos generales el país tiene un Estado efectivo, pero estas cuestiones se desbordan hacia el sector de los recursos naturales. Lo advertimos en síntomas como una divulgación limitada de los intereses de los funcionarios públicos en las empresas extractivas, y un esquema de propiedad opaco en las empresas con las cuales el gobierno hace negocios”.
Para ayudar a contrarrestar esto es que existe la Iniciativa de Transparencia para la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés), un estándar mundial que busca hacer transparentes los recursos obtenidos del petróleo, el gas y la minería que los gobiernos, al lado de las empresas y la sociedad civil implementan. Este estándar contempla hacer pública la información sobre el pago de impuestos, licencias, contratos, producción y extracción.
Grupo México, minera mexicana dueña de la tercera mina de cobre más grande del mundo, recientemente fue acusada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de incurrir en prácticas monopólicas en la operación de sus vías férreas.
Hasta el momento hay 51 países que implementan el estándar de EITI y 31 de los cuales cumplen con él. Y, ¿qué creen? México no es uno de ellos. Es más, ni siquiera se encuentra dentro de la lista de países interesados en implementarlo. ¿A alguien le sorprende?
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