SCJN admite el caso de Elba Esther, pero el juicio fiscal por $21 millones queda en pausa hasta septiembre
La Corte aceptó revisar el último recurso de Elba Esther Gordillo contra un crédito fiscal de 21.2 millones de pesos. Aunque el caso fue admitido, su resolución se pospondrá hasta la llegada de nuevos ministros. La ex lideresa sindical alega que los depósitos cuestionados eran gastos sindicales, no ingresos personales.
El último intento legal de Elba Esther Gordillo para frenar un crédito fiscal millonario fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque su análisis se pospondrá hasta que entre en funciones la nueva integración del tribunal, en septiembre.
La presidencia de la Corte confirmó este jueves que el recurso de la ex lideresa del SNTE fue aceptado, pero al no tratarse de un asunto urgente, no fue turnado a ningún ministro o ministra en activo. Así, el caso quedó en pausa.
El litigio se centra en un crédito de 21.2 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) que el SAT le fincó en 2021, con base en depósitos y pagos con tarjeta que realizó entre 2008 y 2009, cuando aún dirigía el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
En marzo pasado, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que, en julio de 2024, falló en contra de Gordillo. Según esa resolución, la ex dirigente no logró demostrar que los recursos cuestionados eran gastos de representación sindical y no ingresos personales.
La Corte no entrará al análisis de los hechos ni de la actuación del SAT, sino únicamente a los temas de constitucionalidad relacionados con la aplicación de la ley fiscal en este caso.
En ocasiones anteriores, Gordillo había tenido mejor suerte. En 2021, logró echar abajo dos créditos fiscales por 25.5 millones de pesos, relacionados con los ejercicios 2010 y 2012.
Entonces, el TFJA consideró que se había violado su derecho a una defensa adecuada, ya que el SAT llevó a cabo las auditorías mientras ella se encontraba privada de la libertad.
Sin embargo, para el caso actual, ese argumento quedó descartado: Gordillo fue absuelta de todos los cargos penales en 2018.
La también ex diputada, senadora y dirigente del PRI ha sostenido que los recursos observados por el SAT eran parte de su labor como representante del SNTE, y que sus gastos en tiendas de lujo en EE. UU. eran parte de su función sindical. Además, ha insistido en que declaró ingresos por 373.3 millones de pesos en 2012, supuestamente provenientes de una herencia de su madre, los cuales estarían exentos del ISR.
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