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Reforma al Código Fiscal pone en riesgo a contadores: IMCP

El instituto alertó por la modificación al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación que asigna nuevas obligaciones para los auditores



El contribuyente
4 octubre, 2021

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) hizo un llamado a la autoridad por el riesgo que supone a su profesión la propuesta de reforma al Artículo 52, fracción II del Código Fiscal de la Federación (CFF), en la cual establece nuevas obligaciones para los contadores públicos.

El instituto considera que son positivas algunas propuestas incluidas en el paquete fiscal 2022 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre éstas destaca la obligación de los contribuyentes con ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior por 876 millones 171 mil 996.50 pesos de dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales.

Los riesgos del Artículo 52

Los contadores manifestaron que hay aspectos de la propuesta fiscal para el próximo año que deben modificarse antes de que sean votados y aprobados por el Poder Legislativo pues, de lo contrario, afectarían gravemente el ejercicio de su actividad profesional.

“En este escenario se inscribe la reforma al Artículo 52, fracción II del Código Fiscal de la
Federación, que establece la nueva obligación para el contador público auditor de informar
a las autoridades cuando un contribuyente ha incumplido las disposiciones o cuando éste ha
llevado a cabo una conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal”,  señalaron en el comunicado.

De acuerdo con el IMCP, la omisión de esta obligación puede acarrear severas sanciones al auditor, que van desde la suspensión por tres años del registro del contador público, hasta prisión de tres a seis años.

Los contadores consideran que la autoridad transfiere a los contadores una responsabilidad pertinente a los contribuyentes, que es implementar el control interno de su empresa y evitar cualquier incumplimiento referente a disposiciones fiscales.

Además, los cambios le atribuyen al contador público inscrito facultades propias de los profesionales en derecho; de aprobarse esta reforma, el auditor perderá la imparcialidad e independencia que requiere llevar a cabo un dictamen fiscal, ya que asumiría tareas gerenciales que no le corresponden.

 

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