Ley de Transición Energética afectara inversiones, dice IP
Aunque el gobierno prevé un incremento de 2.25%, empresarios afirman que las tarifas de energía eléctrica subirán más del 10%; advierte CIDAC sobre discrecionalidad y falta de reglas claras en el tema.
La Ley de Transición Energética (LTE) no es clara y ha creado incertidumbre entre industriales mexicanos en dos temas centrales: la atracción y permanencia de inversiones y el posible aumento en las tarifas de energía eléctrica, afirmó Miguel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).
“Hay inversiones por 3,500 millones de dólares que ya habían decidido para México y que ahora están en el cajón en espera de saber cómo sale la ley”, dijo Guillermo Vogel, presidente de Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.
Rodrígo Alpízar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, señaló que la ley transgrede el principio de equidad, porque incurre en omisiones relevantes al tratar de manera igual a sujetos que difieren en su régimen fiscal, financiero y operativo.
“La carga fiscal y la omisión de ajustes en el esquema de deducibilidad, sobre todo a tasas fiscales comparables con los países que implementan tales medidas (para mitigar los efectos del cambio climático), construyen un modelo que limita la capacidad de inversión en las áreas productivas”, señaló, si bien no dio ejemplos de qué sucede en esos otros países.
Régulo Salinas, de la comisión de energía de la Concamin, indicó que si bien la industria está a favor de la reducción de emisiones de dióxido de carbono, no está de acuerdo con las obligaciones que México está tomando, ya que son muy superiores a las de los principales emisores y competidores: China y Estados Unidos.
“Nos preocupa que como consecuencia de la obligación de consumir energía eléctrica proveniente de fuentes limpias, el costo de la electricidad aumente significativamente. Lo que buscamos es certidumbre en qué tanto puede aumentar la electricidad”, dijo.
Explicó que según lo aprobado por el Senado si no existen Certificados de Energías Limpias (CEL) para cubrir al menos 70% de la obligación durante los primeros 4 años, se podría diferir el 50% de la obligación hasta por dos años.
Sin embargo, dijo, existe incertidumbre en caso de que hubiera CEL para cubrir sólo 75% de la obligación, ya que no habría forma de cumplir y se tendrían que pagar fuertes multas. “Nadie debería estar obligado a cumplir lo incumplible”.
Además, los industriales temen que el mercado de CEL sea pequeño y cuente con pocas empresas generadoras, con lo que el precio de los certificados sería alto y podría disparar el precio de la energía eléctrica.
La Secretaría de Energía afirma que sus modelos estiman que el aumento en costo promedio de la electricidad sería sólo del 2.5%, debido al mayor costo de generación de energías limpias, en comparación con los combustibles fósiles.
Salinas sostuvo que los aumentos serían superiores (de 10 a 14%), ya que “el costo de las energías renovables en el menor de los casos es 48% superior al costo de generación de un ciclo combinado basado en gas natural”.
Por eso los empresarios pidieron un diálogo abierto sobre el tema, al tiempo que analizan si se amparan contra esta ley.
Voluntad política y rezago, los obstáculos de la LTE
De acuerdo con el dictamen de la Cámara de Diputados, la LTE establece las condiciones para generar nuevos mercados, más empleos, fortalecer las actividades del sector energético en el corto y mediano plazos, a fin de que que la competencia propicie costos más bajos, mejores servicios y tarifas competitivas.
Según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), la LTE beneficiará el crecimiento del Producto Interno Bruto: para el año 2029, la derrama económica será de 45,000 millones de dólares además de 180 mil nuevos empleos.
No obstante, la poca voluntad política, el rezago en materia de energías renovables, y la alta dependencia en combustibles fósiles ponen en riesgo una verdadera transición energética.
“La discrecionalidad en la definición de energías limpias representa uno de los principales obstáculos de la LTE. Uno de los cambios más preocupantes en la minuta en el Senado –resultado de la presión de la industria acerera- fue sustituir el término energías renovables por energías limpias, con el fin de que pudieran entrar empresas de gas natural– a pesar de que éste es una fuente fósil”, señala CIDAC.
Destaca que otro reto es la implementación de los CEL, que requiere blindar contra la corrupción y contar con prácticas de transparencia sólidas para dar seguimiento a los contratos.
La ley también contempla la creación de los fondos para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de energía, los cuales se constituirán con recursos públicos y privados, nacionales e internacionales, cuya función será financiar proyectos que contribuyan a alcanzar las metas de energías limpias.
La organización afirma que si bien la constitución de estos modelos de financiamiento es acertada, es necesario apuntar la falta de claridad en los criterios y la transparencia que se utilizará para la administración de los fondos.
De acuerdo a la LTE, el nuevo Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) podrá acceder a estos recursos para aplicaciones específicas, sin detallar el concepto o requerimientos en el texto.
“La discrecionalidad en la asignación de los fondos y la falta de claridad de los proyectos que serán prioritarios para acceder a esta fuente de financiamiento, quedará sujeta a la voluntad del gobierno y puede resultar en una inversión poco acertada”, asegura Cidac.
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