Ahora sí, las auditorías electrónicas empiezan en septiembre

A partir de septiembre comenzarán las primeras auditorías que constituyen una nueva modalidad a través de la cual las autoridades fiscales podrán realizar procedimientos de fiscalización a través de medios electrónicos e interactuar con el contribuyente a través de estos medios, informó hoy el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En un comunicado, el SAT y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recordaron que el pasado 6 de julio, por unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la constitucionalidad de las revisiones electrónicas vía buzón tributario.

Esto, con la única salvedad de que aun cuando el contribuyente no objete en línea la resolución provisional con la que inicia la revisión, en todo caso el SAT tendrá que emitir una liquidación definitiva fundada y motivada.

“Tal pronunciamiento no afecta la puesta en operación de las revisiones electrónicas que inician en septiembre”, subrayaron ambas instituciones.

Por ello, lo recomendable es que los contribuyentes revisen el estatus de sus balances ante cualquier revisión del SAT.

La Prodecon recordó que un contribuyente que sea sujeto de auditorías electrónicas tiene el derecho a solicitar el apoyo del ombudsman fiscal para que se soluciones su problemática.

“Desde que el contribuyente reciba en su buzón tributario la determinación provisional de adeudos con la que inicia la revisión electrónica, podrán acudir ante Prodecon para solicitar Acuerdo Conclusivo, mediante el cual se puede suspender la auditoría, desvirtuar las observaciones de la autoridad o en su caso, regularizarse, a través de la figura del Acuerdo Conclusivo”, señalaron la Prodecon y el SAT.

Los Acuerdos Conclusivos son un derecho de los contribuyentes desde la reforma fiscal de 2013, mediante ellos se solicita la intervención de la Prodecon para que sirva de mediador entre el SAT y los causantes, y de esta forma evitar un juicio.

De acuerdo con la Prodecon, estos acuerdos permiten evitar los costos y tiempos de un largo juicio fiscal, permiten regularizar la situación del contribuyente debido a que no pueden ser objetados ante instancia alguna y ofrecen la posibilidad de condonar multas y recargos.