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El maquillaje fiscal impulsó el “desafuero” de Dilma Rousseff

El déficit fiscal y contratar créditos suplementarios sin la autorización del Congreso, prohibido en Brasil, dieron pie al proceso que podría terminar en la destitución de la primera presidente mujer al frente de esta nación.



18 abril, 2016



La Cámara de Diputados de Brasil votó mayoritariamente a favor del “impeachment” de Dilma Rousseff, proceso que sacaría a la presidente brasileña del gobierno para ser sometida a juicio político. No es raro escuchar a fuentes oficialistas que se trata de un golpe de estado.

El proceso que se le sigue a Rousseff consta de dos etapas. La primera es una especie de desafuero (“impeachment”), que la saca de las funciones presidenciales y le quita la inmunidad con la que goza y así dar paso a la segunda etapa: el juicio político.

Para completar el “impeachment” es necesario que ambas cámaras del Congreso lo autoricen. El domingo lo hizo la cámara baja, y pasará al Senado para que éste ratifique o rechace la decisión tomada por los diputados. 

El Senado tiene 10 sesiones legislativas para pronunciarse sobre el tema, lo que se espera que suceda en mayo próximo. Si se vota a favor, se procedería a la segunda etapa: el juicio político.

A pesar de que en los últimos meses han salido a la luz diversos escándalos de corrupción de funcionarios y ex funcionarios brasileños, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la acusación contra Dilma no tiene que ver con corrupción.

De hecho, la acusación formal que podría iniciar su juicio político es por lo que en Brasil llaman “pedaladas fiscales”, que no es otra cosa que maquillar el déficit presupuestal.

El mecanismo que supuestamente utilizó Dilma, fue cargar parte de los gastos del gobierno en 2014 y 2015 a bancos públicos, para de esta forma simular que se estaba cumpliendo con el presupuesto (y la meta de déficit) aprobado por el Congreso.

Los gastos cargados a los bancos sumarían un total de 17 mil millones de dólares (mdd), con base en el tipo de cambio de ese momento.

Adicionalmente, en el informe que se aprobaron los Diputados para justificar el “impeachment” se le acusa de “editar decretos de créditos suplementarios por un monto de 2,500 millones de reales”, con lo que “usurpó la competencia del Legislativo sobre el control del presupuesto”.
Los promotores de la destitución de Rousseff argumentan que el maquillar cifras presupuestarias agravó la peor crisis económica de Brasil desde la Gran Depresión, por lo que se justificaría su salida del gobierno.

Mientras, los partidarios del PT afirman que es una práctica común tanto de gobiernos locales como de anteriores mandatarios, por lo que se usa solo como pretexto para quitarle el gobierno a quien fue reelecta en 2014.

En caso de que el Senado apoye el “impeachment”, Dilma será separada del cargo por los siguientes 180 días mientras es sometida a juicio político. Su lugar lo ocuparía el propio Michel Temer. (Con información de la BBC, O’Globo y La Prensa de Perú).





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