Dependencias subcontratan, incumplen y compran caro
La Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados refiere que informa que entre 2009 y 2014 tanto dependencias federales como gobiernos locales tuvieron que devolver más de 63 mmdp debido a las malas prácticas en el gasto público.
Las irregularidades en el ejercicio del gasto público de dependencias del gobierno federal, organismos, estados y municipios es una constante, de acuerdo con la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados.
Entre los problemas encontrados destacan la subcontratación de obras y servicios en lugar de licitarlos, la contratación a sobreprecios y la no entrega de pruebas de que las obras se hayan realizado de verdad.
La UEC, órgano encargado de supervisar el funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó que entre 2009 y 2014, tanto dependencias como gobiernos locales tuvieron que devolver 63,237 millones de pesos (mdp) por malas prácticas en el gasto público.
Sólo en 2014, último año del que se tiene la revisión de la cuenta pública, se recuperaron 6,116 mdp de los 42,702 mdp en los que se encontraron irregularidades.
En el análisis del informe de la cuenta pública 2014 que presentó ante el Congreso la ASF, el UEC señaló que en los procesos de adquisición se ubicaron dos principales problemas: cuando una entidad gubernamental a la que se adjudican los contratos no posee la capacidad técnica para cumplirlos, y cuando se sobrepasa el límite permitido de subcontratación, que es de sólo 49 por ciento.
‘‘Así, los niveles altos de subcontratación resultantes no están sujetos a las medidas de control que se establecen en un proceso de licitación, y por ende se propician incentivos para actuar con discrecionalidad’’, explicó.
A pesar de que el límite es claro, se encontró casos con una subcontratación registrada de hasta 100%, al igual se encontraron “sobreprecios, pruebas insuficientes de la realización de trabajos contratados y proveedores comunes”.
La UEC los recursos que no se han regresado ni han sido aclarados, podrían exigirse si los entes auditados no presentan la documentación comprobatoria del gasto (con información de La Jornada).
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