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Pide INAI transparentar la condonación de créditos fiscales

4 marzo, 2016

Solicita el organismo a los legisladores modificar el proyecto de dictamen de la Ley de Transparencia para que incluya la obligación de dar a conocer el nombre de los que se benefician con la condonación de los créditos fiscales que en 2007 sumaron 73,960 mdp.


El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hizo un llamado a los legisladores para que incluyan en la Ley de Transparencia, la obligación de dar a conocer los nombres de quienes se les cancelan los créditos fiscales.

El Instituto pidió que se divulguen los nombres y no sólo la razón social o la denominación de quienes reciben el beneficio de la condonación de un adeudo con Hacienda.

Indicó que el dictamen que está en el Congreso de la Unión para modificar la Ley de Transparencia, tiene imprecisiones como el hecho de no incluir la obligación de dar a conocer las circunstancias o motivos por los cuales son cancelados o condonados los créditos fiscales.

Los créditos fiscales son una parte de los llamados gastos fiscales, que es lo que el SAT deja de recaudar por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios, créditos fiscales y condonaciones.

El año pasado, los gastos fiscales asociados a estímulos fiscales representaron 0.22% del Producto Interno Bruto (PIB), con un total de 39,735 millones de pesos (mdp), según datos de del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso que en 2007, los créditos fiscales cancelados representaron un monto de 73,960 mdp.

En aquel momento el SAT se negó a hacer públicos los nombres de los contribuyentes que fueron beneficiados con créditos fiscales, argumentando que al dar los nombres se violaría el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y se podría fincar alguna responsabilidad penal y/o administrativa. 

Es precisamente ese artículo, el que a juicio de Fundar, debe ser modificado para poder eliminar la reserva de información sobre los datos en posesión de Hacienda.

A la vez de incluir en la Ley de Transparencia la obligación de publicar los nombres de todas aquellas personas físicas y morales que reciban recursos públicos por la vía del ingreso (con información de El Economista).



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