Legisladores gastan mil millones de pesos en asesores
Senadores y diputados aseguran que dichos recursos fueron necesarios por el incremento de los trabajos legislativos en 2014, sin embargo, no entregaron a la ASF la documentación que probara que efectivamente esos recursos se usaron para eso.
El Congreso de la Unión gastó 1,000 millones de pesos (mdp) en honorarios y contratación de asesores en 2014, de acuerdo con hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el más reciente informe de la ASF, “la Cámara de Diputados reportó un presupuesto ejercido de 1,000 millones 118,000 pesos en la partida Honorarios Asimilables a Salarios, que representó 26.5% del total ejercido en el Capítulo de Servicios Personales, por 4,225 mdp”.
Este gasto representa un aumento de 29.8% en comparación con 2013, cuando se usaron 862 mdp para asesores legislativos.
El área de finanzas de la Cámara de Diputados explicó que el aumento fue en “atención y apoyo a los requerimientos de las áreas sustantivas que llevan a cabo las tareas de legislar, proponer iniciativas y resolver los temas de interés nacional relacionados con leyes primarias y secundarias en materia energética, económica, educación, fiscal y de seguridad social, entre otras, por lo que en ese contexto se autorizaron acuerdos adicionales para la contratación de prestadores de servicios presentados por los grupos parlamentarios y órganos de gobierno”.
Mientras que el gasto ejercido por el Senado de la República en el mismo año, en la partida denominada Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, creció un 55.8%, en 468 mdp.
Así, entre esos dos rubros de las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, el incremento del gasto para 2014 con respecto a un año antes fue de 700 mdp.
El Senado respondió que “dichos incrementos obedecieron al crecimiento de los trabajos legislativos, donde destacan cinco periodos extraordinarios y la expedición de 16 nuevas Leyes”.
Sin embargo, la Auditoría destacó que al momento de elaborar el informe, no recibió por parte del Poder Legislativo, los documentos que probaran que los recursos efectivamente se aplicaron para los trabajos legislativos.
Por ello, la ASF sugirió al Senado implementar las medidas necesarias “con el fin de que los recursos presupuestales que fueron autorizados para atender compromisos contractuales no sean utilizados para incrementar el presupuesto de la partida Asignaciones a los Grupos Parlamentarios” (con información de 24 horas).
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