La deuda estatal podría duplicarse, advierten organizaciones civiles
Centros de análisis aseguran que la iniciativa de la Ley de Disciplina Financiera, que se votará en el Senado, no considera auditorías ni contiene un catálogo de infracciones por el mal manejo de la deuda pública.
La iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios permite que el gobierno federal garantice el pago a los acreedores para refinanciar las deudas estatales, aun cuando su origen pudo ser inconstitucional porque no fueron aprobadas por los congresos locales o no representan las mejores condiciones los estados.
Así lo advierte un análisis elaborador por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa y Fundar, el cual apunta que esa legislación abre la posibilidad de que la deuda de los estados, que actualmente está garantizada por la Federación, se duplique de 3% a 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Aseguran que la iniciativa de la Ley de Disciplina Financiera, que votará el Senado próximamente, no considera auditorías ni contiene un catálogo de infracciones por el mal manejo de la deuda pública.
“Con su refinanciamiento, en los términos propuestos en la iniciativa, se convalidarían las deudas sin que medie un análisis jurisdiccional sobre su procedencia constitucional, y sin que se haya condicionado su pago a una exhaustiva fiscalización o a procesos de auditoría”, aseguran las organizaciones.
Reconocen que la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios contiene una serie de elementos que contribuyen a la sostenibilidad de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, consideran que el gobierno federal sólo debe respaldar el refinanciamiento de obligaciones apegadas a los artículos 117 y 134 de la Constitución, en cuanto a su aprobación, destino y ejercicio.
Independientemente de su inconstitucionalidad, apunta, es probable que una buena parte de la deuda estatal sea irregular, al haberse contratado a costos superiores a los de mercado, mediante mecanismos opacos que evitan su adecuada vigilancia, control y sanción ante eventuales irregularidades.
Por eso consideran que la legislación debería evitar la eventualidad de que tales compromisos sean refinanciados, sin auditarlos y sin haber revisado su constitucionalidad.
“De lo contrario, se estaría beneficiando sólo a los acreedores de los proyectos de inversión, quienes tendrán ahora la certeza de que la Federación les pagará. Es decir, se estarán asumiendo esas deudas en perjuicio del contribuyente y de las finanzas públicas”, apuntaron.
Las organizaciones solicitaron que, previo a la aprobación del dictamen, se consideren sus argumentos y los senadores abran un espacio para escuchar las opiniones de expertos, académicos y cualquier ciudadano o sector que pueda aportar a la construcción de mejores marcos normativos.
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