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Corrupción queda impune por falta de acción de PGR: CIDAC

Las constantes y numerosas denuncias de mal uso de recursos públicos presentadas por la ASF no reciben seguimiento de parte de las autoridades de justicia, denunció la organización. Prácticamente, sólo se cuestiona a los gobernadores salientes en tiempos electorales.



4 marzo, 2016



El Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC) criticó que las constantes denuncias de corrupción y mal uso de los recursos públicos que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF) queden impunes por falta de seguimiento de la PGR.

“La tradicional falta de seguimiento a las investigaciones de la ASF y de otras organizaciones por parte de las procuradurías o fiscalías estatales y la Procuraduría General de la República (PGR) ha permitido que la mayoría de las sospechas de corrupción permanezcan impunes”, refiere un documento dado a conocer por la ONG.

Consideró que a las denuncias de la Auditoría se les presta atención únicamente por motivos electorales y no se les da un seguimiento ni se les aplica la sanción administrativa correspondiente.

Un ejemplo es el del gobierno de Veracruz, Javier Duarte, señalado porque en este año hay elecciones para gobernador en ese estado, al tiempo que se ignora que también otras entidades hacen muy mal uso de los recursos públicos.

“La falta de escrutinio a gobernadores, como el caso de Michoacán, con 8 mil 89 millones de pesos (mdp) pendientes por solventar, o el Estado de México con gastos anómalos por 2,482 mdp hace pensar que la decisión de indagar el desempeño de únicamente algunos ejecutivos locales, responde a motivaciones discrecionales y de corte político, más que de índole institucional o de buen gobierno”, mencionó el CIDAC.

Recordó que en los pasados 15 años, 14 gobernadores han sido investigados por malos manejos de recursos públicos y posibles actos de corrupción.

De las investigaciones, 52.92% se inició por peculado, 23.53% por lavado de dinero, 17.65% por asociación delictuosa y 5.8% por extorsión.

Sin embargo, de los investigados, solamente 5 fueron encarcelados por delitos a la hacienda pública, dejando en la impunidad a un gran número de casos, lo que incentiva posibles actos de corrupción.

“El hecho de que las probabilidades de que algún gobernador sea investigado, procesado y sancionado por una Procuraduría o Fiscalía local sean tan bajas, incentiva las malas prácticas.”

Además lamentó que los gobernadores no tengan contrapesos en sus estados, y que los ciudadanos carezcan de mecanismos para llamarlos a cuentas por sus gestiones de gobierno.

“Muchas veces la oposición es reducida en los congresos locales o fácilmente puede ser cooptada por el gobernador en turno, además de que las fiscalías y procuradurías carecen de la autonomía suficiente para investigar al titular del Ejecutivo local”, destacó el Centro.

Concluyó que el hecho de que los casos de corrupción de gobiernos locales sólo estén en la agenda pública en tiempos electorales, es insuficiente para mejorar las prácticas de gobierno, por lo que llamó a impulsar una mayor autonomía de las procuradurías locales y la federal, así como crear órganos independientes de fiscalización.

De lo contrario advirtió que “si las probabilidades de ser investigado y procesado por este tipo de conductas continúan siendo tan bajas, los incentivos seguirán fomentando el manejo opaco e irresponsable de los recursos y las distintas prácticas de corrupción que observamos actualmente”.





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