Revelan intervención del gobierno en el caso Moreira

Humberto Moreira, ex presidente del PRI detenido en Madrid por presunto lavado de dinero, dispuso de toda la maquinaria diplomática y legal de la embajada de México en España para conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarlo de la cárcel.
Según una investigación firmada por José María Irujo y publicada en el periódico español El País, la gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó la puesta en libertad del ex gobernador de Coahuila.
Arely Gómez, procuradora General de la República y ex senadora del PRI, telefoneó a su homóloga Consuelo Madrigal, fiscal General del Estado, para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles.
“Le respondió que el caso estaba bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la Fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, respondió un portavoz de la Fiscalía General del Estado.
La acusación contra Moreira, suspendida provisionalmente días después por el juez Pedraz, la piden en España los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa.
Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en el aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid cuando viajaba en compañía de su esposa y dos hijas a Barcelona, la ciudad en la que se estableció a principios de 2013, después de las acusaciones de un gigantesco desfalco de fondos públicos en Coahuila.
Se había matriculado en un máster en la Universidad Autónoma y residía en un chalet de lujo por el que pagaba 3,000 euros al mes.
Embajada se encargó del caso 
Según El País, el mismo día de su detención los funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron órdenes para volcarse en el caso: unos en la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de su defensa, otros en la atención a Vanessa Guerrero, la esposa de Moreira, y de sus hijas.
La misma tarde y noche de la detención, cuando Moreira fue conducido ante Enrique de la Mata, el juez de guardia de la Audiencia Nacional, el organismo que investiga los casos de terrorismo y crimen organizado, para comunicarle su ingreso en prisión, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar.
Funcionarios de la PGR adscritos a la embajada les preguntaban porqué se había detenido a Moreira y qué indicios o cargos había en contra del ex presidente del PRI.
El silencio de los agentes españoles fue total, según aseguran fuentes policiales. “Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, afirmó una fuente española.
La relación entre la Policía Nacional y la PGR es muy estrecha, afirma el reportaje de El País.
En la embajada creyeron que los agentes españoles les revelarían porqué había caído Moreira, pero no lograron su objetivo, de acuerdo con el diario español.
Su silencio causó malestar en la sede diplomática, pues en esta ocasión las autoridades españolas no les habían avisado de la detención, como hacen habitualmente, y se enteraron por la prensa digital española.
El interés de la misión diplomática por la situación del político mexicano no terminó ahí. El lunes 18, dos días y medio después de la detención, el cónsul de México en Madrid se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar al reo.
El cónsul visita con frecuencia a presos nacionales, pero fuentes penitenciarias aseguran que sus visitas no se producen "con tanta celeridad". Al mismo tiempo, un funcionario del consulado llamado Víctor telefoneó en varias ocasiones al despacho del abogado Manuel Ollé, que asistió a Moreira, para conocer aspectos de la instrucción.
“Toda la Embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos", afirmó una fuente cercana al caso.
Cabeza intermedia
El gobierno de Enrique Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra su antiguo colaborador y presunto financiador de su campaña electoral.
En la embajada, funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores en el que, amparándose en el Artículo 36 de la Convención de Viena, preguntaron al juez Pedraz, instructor del caso, aspectos relevantes de la investigación.
En el documento se demandó información oficial sobre los delitos por los cuales se investigaba a Moreira, el tiempo que duraría el secreto de sumario, el resultado de la audiencia celebrada el día 22, si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza, y el tiempo que puede durar la instrucción del caso.
La respuesta que dio el juez Pedraz fue estrictamente protocolaria y en la misma no se facilitó ningún dato de la causa declarada secreta, según fuentes judiciales.
El 22 de enero el juez Pedraz dejó en libertad provisional a Moreira, y el 3 de febrero el ex presidente del PRI abandonó España con su esposa y regresó a México donde proclamó su inocencia.
“Se ha marchado sin su teléfono y su iPad, que todavía estaban en poder de la policía. Parece que tenía mucha prisa”, afirmó una fuente de la Fiscalía.
El pasado día 9, Pedraz dictó un auto por el que acordaba el archivo provisional de la causa contra Moreira.
El fin de semana anterior, el magistrado había escuchado en su casa la cinta de tres horas de duración que grabó en San Antonio, Texas, a un testigo protegido y concluyó que las acusaciones que éste vertía contra el ex gobernador sobre su supuesta relación con ‘Los Zetas' no eran suficientemente concretas.
Los fiscales Grinda y Rosa, que viajaron también a EU invitados por un fiscal estadunidense, no piensan lo mismo y han recurrido el archivo del caso. 
La investigación sigue secreta y abierta en España, respecto a otras personas involucradas, algunas mexicanas. (Con información de El País y Reforma)

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