Los pecados del gasto público en México
El ajuste presupuestal es un síntoma de los vicios del gasto público, pues persiste la opacidad en el diseño y en el ejercicio del presupuesto, dice CIDAC.
La opacidad en el diseño y ejercicio del presupuesto es uno de los principales obstáculos para el ejercicio de un gasto eficiente, explica el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).
Ejemplo de ello es que en el reporte sobre la cuenta pública del 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró información suficiente sobre en qué o cómo se gastaron 42,000 millones de pesos en ese año. Esa cifra equivale a un tercio del recorte anunciado por Hacienda.
Es decir, debido a la falta de claridad de los objetivos de los programas o dependencias a las que se dirigieron los recursos y a la falta de información que se obtuvo por medio de los mecanismos de transparencia utilizados, la ASF fue incapaz de localizar el destino de estos fondos.
La ASF tiene la facultad de promover responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración, dice CIDAC a propósito de los recursos “extraviados”.
Sin embargo, la lentitud en el proceso ha impedido que se desincentive las acciones de corrupción y opacidad en el ejercicio gasto. Por ejemplo, de las 664 denuncias presentadas a la Unidad Especializada a partir de 2008, solo 21 de ellas están consignadas y el resto permanecen pendientes o se decretó el ejercicio de la no acción penal.
Pese a que la ASF presente las irregularidades en su informe y lleve a cabo las denuncias de los responsables, la ausencia de las sanciones, en los últimos años, dificultan la transparencia y ejercicio responsable del presupuesto.
En 2014 el gobierno federal creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el objetivo de atender y perseguir malos manejos de recursos públicos que involucren actos de corrupción. Sin embargo, a casi dos años de su creación, el Senado no ha nombrado a su titular lo cual la ha dejado inoperante
El recorte y sus causas
La asociación civil analiza también los anuncios económicos de la semana pasada: mientras que Agustín Carstens, gobernador de Banxico, notificó el aumento de la tasa de interés, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció otro recorte al gasto público de aproximadamente 132,000 millones de pesos, equivalentes a 0.7% del PIB.
De acuerdo con el Secretario de Hacienda, el ajuste presupuestal tuvo lugar debido al contexto económico internacional desfavorable, es decir, a los bajos precios del petróleo y la volatilidad financiera internacional.
Al respecto, CIDAC considera que más que enfocarse en factores exógenos, es necesario eliminar los distintos vicios en el gasto público gubernamental, a fin de reducir la vulnerabilidad de la economía mexicana frente al panorama mundial.
Gasto ineficiente
Una de las fuentes de ineficiencia en el ejercicio del gasto público tiene que ver con la falta en la definición de los objetivos de los programas sociales y una ausencia de requisitos y condiciones para la entrega y uso de los recursos, dice CIDAC.
Por ejemplo, como parte de la Reforma Educativa de 2014 se implementaron programas que tenían como objetivo disminuir el rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica con índices de marginación alto o muy alto.
Sin embargo, de acuerdo al reporte de la ASF, de las 20,346 escuelas beneficiadas por estos programas, 2,984 planteles que recibieron el apoyo, tenían un índice de rezago medio, bajo o muy bajo. Además, entre el 20 y 80% de las escuelas beneficiadas, no utilizaron el dinero para resolver las carencias de infraestructura que habían reportado y para lo cual se les otorgó dicho recurso.
La incapacidad para focalizar el envío y gasto de los recursos es una constante en ciertos programas sociales orientados a atender las necesidades básicas de los deciles más vulnerables de la población.
Gasto irresponsable a nivel local
A pesar de que en 2015 el presidente Enrique Peña Nieto introdujo varias reformas constitucionales para dar pie a la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el esquema de incentivos y la falta de rendición de cuentas por parte de los gobernadores sigue ocasionado un despilfarro irresponsable del gasto a nivel estatal, dice CIDAC.
La ley plantea mecanismos como: el establecimiento de un techo a la contratación de obligaciones de corto plazo de las entidades federativas equivalente a un 6% de los ingresos totales, un sistema de alertas en caso de un manejo inadecuado de recursos estatales y municipales, y un Registro Público Único para todos los empréstitos y obligaciones estatales.
Sin embargo, la iniciativa no aborda de manera efectiva los incentivos que tanto estados como municipios tienen para incurrir en el gasto excesivo. La fórmula fiscal actual ignora las gestiones financieras irresponsables al establecer la repartición de recursos de la Federación hacia los estados y municipios sin incorporar aspectos como el nivel de deuda y/o la capacidad de pago subnacional.
Cada año los estados son más dependientes de las participaciones y aportaciones federales más que de ingresos propios. De hecho, en 2015 las participaciones y aportaciones federales representaron el 82% de los ingresos totales estatales, un aumento de 7 puntos porcentuales con respecto al 2012.
La desconexión entre la recaudación local y los ingresos centralizados de los estados y municipios incentivan que los gobiernos locales no sean autosuficientes en sus finanzas públicas, ni que tengan la necesidad de rendir cuentas a la ciudadanía local.
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