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Walmart demanda a Puerto Rico por subir impuestos

La trasnacional demandó al titular de Hacienda por aumentar los impuestos, medida que aplicó la isla como parte de la solución a un grave problema de liquidez para pagar a sus acreedores.



8 diciembre, 2015



La cadena de tiendas minoristas más grande del mundo, Walmart, demandó a Juan Zaragoza, titular de la Secretaría de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por los cambios que provocó en su estructura tributaria.

La corporación interpuso un recurso legal en el Tribunal Federal de San Juan, Puerto Rico, contra el funcionario por imponer un cambio tributario sobre compras entre la compañía matriz y su filial Walmart Puerto Rico Inc., acción que se conoce como “transfer pricing”.

Con el recurso legal que presentó el viernes, la compañía busca que el tribunal ordene la paralización de la normativa impuesta por la Secretaría de Hacienda, con la que el gobernador del territorio no incorporado de los Estados Unidos, Alejandro García Padilla trata de incrementar la recaudación.

La medida tributaria es para hacer frente a los vencimientos más inmediatos de una deuda de más de 72,000 millones de dólares y prestar a la vez los servicios básicos a la población.

La demanda supone un nuevo golpe para el gobierno que encabeza García Padilla, que acumula problemas financieros y una demanda del primer empleador mundial y de la isla caribeña.

La demanda, de 36 páginas, señala que la Ley 72 viola la cláusula de comercio entre estados y otras leyes federales, además de advertir de que con el actual impuesto sería muy difícil mantener sus operaciones en la isla.

La normativa, apunta la demanda de Walmart, aumenta el impuesto a pagar entre las empresas por compras realizadas fuera de Puerto Rico del 2% al 6.5 %, lo que Walmart asegura es el tributo más alto a pagar en cualquier parte del mundo.

La empresa asegura que se trata de una normativa dirigida específicamente contra la multinacional y que no tiene sentido actuar en contra de una empresa que es parte de la solución a los problemas que sufre Puerto Rico, que esta semana cumplió con un millonario vencimiento de deuda de 354 millones de dólares.

Walmart defendió la importancia de su contribución a la economía de Puerto Rico, dado que emplea a cerca de 15,000 personas. Además de que cuenta en la isla con 55 establecimientos repartidos entre tiendas de las marcas Walmart Supercenters, Walmart, Sam's Club, Super Ahorros y Supermercados Amigo.

La multinacional afirmó que pagó en el último año fiscal 94 millones de dólares en impuestos estatales y municipales.

La deuda de Puerto Rico

En paralelo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunciará sobre si Puerto Rico tiene potestad para permitir que sus empresas públicas se declaren en quiebra y reestructuren su deuda, que en conjunto ronda los 72,000 millones de dólares.

Así lo acordó la máxima instancia judicial de EU sobre la petición presentada por el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante su incapacidad reconocida para pagar la deuda acumulada por sus empresas públicas y otros órganos de la Administración.

"Cualquiera que haya echado un vistazo a los titulares de los últimos meses sabe que el Estado Libre Asociado está en medio de una crisis financiera que amenaza el futuro de la isla", escribió el Gobierno en su petición, presentada el pasado julio.

En ella, solicitó al Supremo que revisara una decisión del Tribunal de Apelaciones que previamente revocó una ley local aprobada por el Gobierno de Puerto Rico en 2014 para dar cobertura legal a la quiebra de sus corporaciones públicas (lo que localmente se terminó conociendo como la Ley de Quiebra Criolla).

"Debido a que la decisión deja a los servicios públicos de Puerto Rico, y a los 3.5 millones de ciudadanos estadunidenses que dependen de ellos, a merced de sus acreedores, la revisión por parte de ese tribunal está justificada, y ha de hacerse pronto", indica el documento.

El pasado julio el Tribunal de Apelaciones de Boston declaró inconstitucional la ley con la que se quería dar viabilidad a la quiebra de las empresas públicas de la isla, y ahora el Supremo accedió a escuchar la petición del Gobierno isleño y revisar la decisión de la citada corte. (Con información de Forbes, El País y El Nuevo Día, de Puerto Rico)





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