SAT presenta 30 denuncias contra ex funcionarios de Sonora
Están involucrados en irregularidades detectadas en las auditorías a 574 contribuyentes, que ocasionaron una pérdida al fisco por 1,705 mdp.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 30 denuncias ante autoridades de Sonora contra ex funcionarios de la administración de Guillermo Padrés, por irregularidades en las auditorías aplicadas a 574 contribuyentes y que provocaron una pérdida de 1,705 millones de pesos para el fisco.
Aristóteles Núñez, jefe del SAT, explicó que los ex funcionarios con responsabilidad directa son aquellos “que tuvieron trabajo directo en la auditoría, en la firma de actas parciales, como la revisión de gabinete que pudieron haber hecho con estos contribuyentes”.
Dijo que la investigación también podría involucrar a otros ex servidores públicos, como director, subdirector, coordinadores, y aquellos que tuvieron una función de supervisión en el ejercicio de esta facultad del gobierno del estado.
Descartó que el ex mandatario de Sonora, Guillermo Padrés, sea investigado debido a que “un gobernador no tiene atribución de realizar actos de auditoría fiscal; la tienen sus empleados”.
Sin embargo, dijo, serán las autoridades estatales las que determinen hasta dónde puede llegar el deslinde de responsabilidades para Padrés.
Detalló que al SAT le corresponde dar información a la Secretaría de la Función Pública y, en la medida en que la Procuraduría Fiscal determine que hubo delito en materia fiscal, proceder a preparar expedientes para presentar querellas en la Procuraduría General de la República.
Para el caso de los contribuyentes, explicó, si en las auditorías se acredita mala fe, engaño, dolo o concertación con la administración pública estatal anterior, y eso generó una omisión en el pago de impuestos, se configura delito y se procederá penalmente.
Explicó que, aunque el SAT apenas retomó las facultades para realizar actos de fiscalización el pasado 20 de noviembre, los contribuyentes que pudieron haber sido beneficiados por una práctica irregular empezaron a ser auditados desde febrero y marzo de este año.
“De los 574 contribuyentes detectados en la lista con posibles irregularidades hicimos 194 revisiones a expedientes de esas auditorías, y de esas 194 a 32 contribuyentes iniciamos el ejercicio de facultades en el transcurso del año, que van a terminar una vez que se cumplan los 12 meses que tenemos de plazo para terminar las auditorías”, dijo Núñez.
Durante las revisiones, el fisco ha detectado que no se hizo conciliación a través de las instituciones bancarias para conocer el origen de depósitos bancarios que tenían estos contribuyentes.
Tampoco se hicieron las compulsas respectivas, con personas que se supone hicieron préstamos a estos contribuyentes, y “como el préstamo no tiene carácter de acumulable y, por lo tanto, no se paga impuesto, no podemos todavía agotar si efectivamente si ese contribuyente dejó de pagar o no los impuestos”, señaló el funcionario.
Destacó que por el momento ya se han iniciado 35 juicios de lesividad, lo que implicará ir ante el tribunal y esperar de uno a dos años a que le den la razón a la autoridad para dejar sin efecto la resolución a favor del particular por parte de la autoridad estatal durante la administración anterior.
“Va a llevar varios meses para que podamos acreditar quién no pagó los impuestos y, en su caso, llevar un expediente a la causa penal”, afirmó Núñez.
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