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Sancionarán “ordeña” de combustible

Diputados envían al Senado el dictamen aprobado de la ley que sanciona el robo de combustible, incluso cuando es cometido por servidores públicos o por el personal relacionado con la actividad; se elimina la acusación de “terrorismo” propuesta inicialmente por senadores.



14 diciembre, 2015



La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con el que se expide la Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

Los diputados modificaron la propuesta del senador Omar Fayad, por lo que regresó al Senado para su discusión y aprobación.

Una da las modificaciones más significativas fue la eliminación del delito de terrorismo, cuando un grupo de personas tome un ducto o pozo para presionar a que el gobierno atienda sus demandas.

Con el dictamen se pretende establecer las penas respecto de las actividades en que se han diversificado las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos, así como inhibir la realización de dichas actividades al calificar esos delitos como graves.

El documento establece que en la extracción ilegal de combustibles, se castigará a quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie, resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte, o bien altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Dichas conductas se sancionarán de la siguiente manera: cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, de 2 a 4 años de prisión y multa de 2,000 a 4,000 días de salario mínimo vigente; cuando sea mayor a 300 litros, pero menor o equivalente a 1,000 litros, se impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 días de salario mínimo vigente.

Cuando la cantidad sea mayor a 1,000 litros, pero menor o equivalente a 2,000 litros, de 8 a 12 años de prisión y multa de 8,000 a 12,000 días de salario mínimo vigente, y cuando sea igual o mayor a 2,000 litros, se asignará de 10 a 15 años de prisión y multa de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente.

En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, se le impondrá de 10 a 15 años de prisión y de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, siempre que se acredite que por las condiciones en que se encuentre contenido dicho volumen, se presuma que se trata de cantidades mayores a los 2,000 litros.

Se sancionará de uno a cinco años de prisión y de 4,000 a 7,000 días de salario mínimo, a cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta ley.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del PRI, presidente de la Comisión de Justicia, mencionó que se realizaron modificaciones a la minuta enviada por los senadores, lo que contribuye y abona al espíritu de la misma.

Informó que la comisión presentó una propuesta de modificación al dictamen, las cuales fueron aceptadas por el pleno de la Cámara de Diputados, a los artículos del 8 al 23 de la Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos; el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; 139 y 140, del Código Penal Federal; 42 y 108 del Código Fiscal de la Federación.

Su alcance, agregó, será más amplio, pues inhibirá la comercialización ilícita en estaciones de servicio y expendios clandestinos, contempla la extinción de dominio a favor del Estado, de los inmuebles utilizados para cometer los delitos y prever el incremento de las penas y de las multas.

Robo de combustible millonario

El legislador refirió que los delitos en contra de la industria petrolera causan pérdidas económicas por más de 40,000 millones de pesos anuales, situándose así en una de las actividades ilícitas más redituables, solamente atrás del narcotráfico y tráfico de armas.

Precisó que este delito no sólo causa pérdidas financieras, sino también en vidas humanas, integridad física y daños al medio ambiente.

La nueva Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, pretende ampliar el bien jurídico tutelado y se contemplan reformas a los distintos códigos y leyes, para aplicar las modificaciones y la creación de los nuevos tipos penales.

El diputado Cuitláhuac García, de Morena, señaló que ante el problema de la toma clandestina y el robo de hidrocarburos “se estaban tipificando como actos terroristas, y no se hace nada contra la corrupción en los órganos de justicia y mucho menos contra los ladrones de cuello blanco”.

Reconoció que hubo la voluntad de la comisión para corregir el dictamen, por lo que agradeció la voluntad de los legisladores, sin embargo, anunció que se abstendrían de votar.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) sostuvo que hoy se da un gran paso a la conformación de este sistema de leyes y tipos penales especiales que permitirán darle la herramienta y la pauta al Ministerio Público de la Federación al momento de consignar, pero también a los jueces penales que en su momento tienen la responsabilidad de dictar sentencias.

Celebró el trato que se le da al tema de la información que debe ser reservada como información de seguridad nacional, “porque no es factible llegar a los puntos de exageración de regular al personal de las empresas o los vehículos en los que se trasladan, que van a ser permisionarios o asignatarios de una concesión para la explotación de los hidrocarburos en nuestro país”.

La diputada Elva Lidia Valles Olvera, del PAN, afirmó que el dictamen permite una tipificación más exacta de los delitos que se cometen en contra de la industria de los hidrocarburos.

“Establece sanciones más fuertes en contra de quienes cometen estas conductas ilícitas, y se considera responsables a todos aquellos que participen en la cadena de actos delincuenciales”, expresó.





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