Recortes en materia ambiental agravarán contaminación
Piden ONG a legisladores asignar 200 millones de pesos al Programa de Impulso a la Movilidad Urbana y 1600 millones al Programa de Fortalecimiento Ambiental en las entidades federativas.
De aprobarse el recorte del 15% en el Ramo 16, referente a protección del medio ambiente, combate al cambio climático y el Fondo Ambiental de Recursos Naturales, se incrementará la congestión vehicular y, por lo tanto, las emisiones, el ruido y los incidentes viales, advirtieron organizaciones civiles a los legisladores.
En México se producen anualmente alrededor de 9,300 muertes por causas asociadas con la contaminación del aire, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), y casi 16 mil personas fallecen en accidentes viales, según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), afirmó Agustín Martínez, de la organización Bicitekas.
Según Salvador Medina, investigador del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP), México las pérdidas por externalidades negativas de congestionamiento, contaminación local, emisión de gases de efecto invernadero y de accidentes, generados por el uso excesivo del automóvil, representan 5,379 pesos por habitante o el equivalente a 4% del PIB total de 5 grandes áreas metropolitanas del país que concentran al 40% de la población urbana nacional.
Asimismo, los automóviles particulares son responsables de generar el 18% de las emisiones de dióxido de carbono, que contribuyen al fenómeno del cambio climático, el cual le podría costar al país hasta 6% del PIB si no se toman las medidas de prevención adecuadas, refiere el estudio La economía del cambio climático en México, realizado por el economista Luis Miguel Galindo.
De no actuar ahora, Martínez advirtió, para 2030 habrá un parque vehicular de 70 millones de automóviles, casi el doble de los 38 millones de autos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por eso Javier Garduño, coordinador de política pública de ITDP, rechazó el recorte del 15% en el Ramo 16 de la Semarnat, la eliminación del Fondo Ambiental y de Recursos Naturales dirigido al financiamiento de proyectos Estatales, municipales y Delegacionales por 1,600 millones de pesos y la falta de recursos para el Programa de Impulso a la Movilidad urbana de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
“Resulta preocupante e incongruente que México al ser un actor líder en la agenda internacional de cambio climático, reduzca un 15% el presupuesto de Semarnat y 20% el del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)”, señaló durante una conferencia.
Ante esto, las organizaciones ITDP México, CTS EMBARQ México, Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la Comisión de Movilidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Bicitekas exigieron a la Cámara de Diputados considerar 4 propuestas en su dictamen de presupuesto para 2016.
1. Asignar 200 millones de pesos al Programa de Impulso a la Movilidad Urbana, de la SEDATU, y establecer un porcentaje mínimo de 30% del Fondo Metropolitano para las acciones, obras y proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.
2. Aumentar el presupuesto a dependencias como Semarnat e INECC, las cuales tienen la responsabilidad de desarrollar la política nacional de cambio climático.
3. Asignar recursos (1600 millones) al Programa de Fortalecimiento Ambiental en las entidades federativas, ya que el proyecto de presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda no contempla recursos para este programa.
4. Establecer reglas claras de operación del Fondo de Infraestructura que privilegie la movilidad sustentable, el desarrollo urbano compacto y conectado sobre la inversión en movilidad.
Adriana Lobo, de CTS EMBARQ, dijo que el tema ambiental se ha visto en México como enemigo de desarrollo económico; sin embargo, descartó que una cosa afecte a la otra.
Garduño informó que las organizaciones se han reunido con integrantes de la SEDATU para unir esfuerzos y lograr obtener más recursos, así como vigilar el buen empleo de los fondos existentes, independientemente de lo que aprueben los diputados.
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