Rechazan investigar al hijo de Lula da Silva
Luiz Claudio Lula da Silva es acusado de participar en el pago de sobornos para que el gobierno extendiera los descuentos tributarios que favorecían a fabricantes de automóviles; el Senado de su país rechazó la petición de investigarlo.
Una comisión del Senado brasileño que investiga delitos tributarios rechazó una petición de legisladores opositores para convocar a interrogatorio y levantar el secreto bancario de uno de los hijos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que es acusado de corrupción gubernamental.
La petición del senador Ataídes Oliveira, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fue rechazada por unanimidad por los miembros de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) creada por el Senado para investigar irregularidades tributarias.
"Estamos ante peticiones cuyo objetivo es meramente político. Esas peticiones no tienen ningún vínculo con lo que investiga esta comisión", afirmó la senadora Vanessa Grazziotin, del oficialista Partido Comunista do Brasil.
La oposición pretendía acceder a las cuentas bancarias del empresario Luiz Claudio Lula da Silva, hijo menor del ex presidente y cuyas compañías, dedicadas al marketing del futbol, son investigadas por la policía y la fiscalía por supuestas irregularidades.
Luis Claudio declaró el miércoles ante la Policía Federal en Brasilia sobre la empresa LFT Marketing Esportivo, de la que es socio, y su vinculación con otras dos compañías, Marcondes y Mautoni, que las autoridades sospechan fueron usadas para realizar el pago de sobornos para que el gobierno extendiera los descuentos tributarios que favorecían a fabricantes de automóviles.
La operación Zelotes, lanzada por la policía, trata de esclarecer si hay vínculos entre los pagos y la aprobación de las normativas temporales por parte del gobierno del presidente Lula da Silva en su segundo mandato y durante el primero de Dilma Rousseff.
La semana pasada los investigadores registraron las sedes de las empresas del hijo del ex gobernante y recogieron diversos documentos para determinar la legalidad de un pago por alrededor de 1.45 millones de dólares que una de esas compañías recibió por supuestos servicios a una consultora bajo sospecha.
En julio la fiscalía también abrió una investigación penal contra Lula por supuestamente haberse valido de su influencia, después de dejar la presidencia, para hacer que el banco de fomento del gobierno favoreciera a la constructora Odebrecht en negocios en países latinoamericanos y africanos (con información de Notimex y El Universal Venezuela).
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