Organizaciones reclaman un presupuesto que revierta la desigualdad
La Acción Ciudadana frente a la Pobreza propuso a los diputados transparencia en programas sociales, recursos para la educación y la salud, aumento del salario mínimo, menos privilegios para los políticos y medidas contra la corrupción.
Con el propósito de revertir la pobreza, la desigualdad y la corrupción, más de 60 organizaciones que integran Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) presentaron 6 propuestas a la Cámara de Diputados para integrarlas en el presupuesto 2016.
Las organizaciones solicitaron la constitución de un padrón y datos abiertos de los beneficiarios de programas sociales, liberar el salario mínimo y cambiar la forma en que se decreta cada año, invertir la ganancia cambiaria del Banco de México (Banxico), reducir privilegios de los políticos, garantizar el derecho a la salud para todos, y concluir el ciclo de reformas contra la corrupción.
“Esos 6 aspectos tienen que ver con la aplicación de medidas inmediatas para 2016, que ayuden a orientar mejor los recursos públicos de la política social, en particular la adopción de un padrón único de beneficiarios de los programas, de acuerdo con lo que dice la Ley General de Desarrollo Social”, explicó Enrique Provencio, fundador del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD).
Al recibir la propuesta, el diputado perredista Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, confió en que nadie se opondrá a tener un padrón y datos abiertos de los programas sociales.
Sobre todo, dijo, “en estos tiempos del reclamo de transparencia y de todo lo que se requiera para evitar el desvío de recursos”.
Provencio explicó que también exigieron a los legisladores desindexar el salario mínimo y aumentarlo al menos a $86.40 pesos en 2016, pues 14% de la población económicamente activa (PEA) está ganando hasta un salario mínimo, según datos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“No debe de haber ninguna persona trabajadora que gane por debajo del costo de la canasta mínima de bienestar”, dijo el economista.
Aseguró que “el promedio del ingreso laboral anda entre 2 y 3 salarios mínimos, que no son suficientes para alcanzar la línea completa de bienestar”.
Las organizaciones también propusieron que los remanentes del Banco de México no se destinen al pago anticipado de la deuda, sino a proyectos de inversión, principalmente infraestructura, mejoramiento de escuelas y hospitales.
“Esto ayudaría al mejor cumplimiento del derecho a la educación y la salud, y también a que la economía se active un poco más”, aseguró Provencio, también profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Contra la corrupción
Las organizaciones además pidieron reducir los privilegios de los actores políticos que reciben financiamiento público, sobretodo prohibir los pagos extraordinarios a los funcionarios, como aguinaldos superiores a 40 días.
Al respecto, Zambrano les informó que hace algunas semanas se presentó una iniciativa reglamentaria del artículo 127 de la Constitución para poner coto a los salarios máximos.
Ernestina Godoy, diputada de Morena, destacó que hay una propuesta de ley de austeridad para los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la cual habría ahorros por 400 mil millones de pesos.
En materia de salud, el académico de la UNAM señaló que están promoviendo la cobertura universal de salud para toda la población, en los próximos 3 años.
“La cobertura universal fue un mandato de la reforma a la Ley General de Salud de 2003, que debió cumplirse en 2010. Pero la reciente medición de la pobreza del Coneval muestra que aún hay 20 millones de mexicanos –18% de la población– que no tiene acceso a servicios”, afirmó ACFP en un comunicado.
Las organizaciones advirtieron que las propuestas presentadas servirán de poco sin el combate a la corrupción. Por eso pidieron que los diputados concluyan el ciclo de las reformas en esta materia.
César Camacho señaló que las reformas en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la impunidad y abatimiento de la corrupción son una obligación legal.
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