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Golpe a contribuyentes, la deducción de gastos médicos por incapacidad laboral, advierte Prodecon

Es inequitativo quitar el tope de deducciones únicamente para los trabajadores asegurados en el IMSS o ISSSTE y no para el resto de la población que fue aprobado por diputados, advierte el Ombudsman. 

 



20 octubre, 2015



De manera inesperada, la Cámara de Diputados aprobó una modificación que adiciona la fracción primera del artículo 151 de la Ley del ISR para establecer la deducción total de los gastos médicos y hospitalarios únicamente a aquellos trabajadores que cuentan con seguridad social, en el IMSS, ISSSTE o ISSFAM.

Esto sería loable si fuera para toda la población, pues garantizaría el derecho a la salud, pero el caso es que ampara únicamente a trabajadores que cuentan con esas afiliaciones. 

Aunque la deducción aprobada se acota a gastos estrictamente indispensables y a incapacidades mayores al 50%, esta modificación atenta contra el sistema de seguridad social, pues parece indicar que si el IMSS, ISSSTE o ISSFAM no proporcionan, como es su obligación, todos los servicios médicos necesarios para cubrir la incapacidad del trabajador, éste los puede erogar por su cuenta y serán deducibles sin límite alguno.

Se desconoce que es mandato constitucional que exista un sistema público de seguridad social, lo cual implica que las incapacidades que por enfermedad o riesgo de trabajo sufran los trabajadores deben ser cubiertas por un seguro público, denominado seguro social. 

La Prodecon advirtió que la reforma aprobada prevé que el trabajador asegurado deduzca los gastos médicos que él erogue, lo que vulnera la fortaleza del sistema de seguridad social. 

Prodecon considera que la modificación sólo favorecerá a los trabajadores de altos sueldos, quienes sólo acuden al IMSS, ISSSTE o ISSFAM para obtener su certificado de incapacidad, pero erogan por su cuenta los gastos que les ocasiona su enfermedad o accidente. En cambio, los trabajadores que perciben bajos salarios difícilmente podrán afrontar los gastos que nos les provean las instituciones de seguridad social. 

La reforma es altamente regresiva e inequitativa pues numerosas personas en México tienen que autoemplearse para vivir y carecen de seguridad social, en tanto que los trabajadores, ejecutivos o servidores públicos que obtengan altos sueldos o tengan otros ingresos podrán ir con médicos privados o atenderse en hospitales privados deduciendo el total de sus gastos. 

El ombudsman se mostró profundamente preocupado de que se haga una distinción entre los contribuyentes en un tema tan sensible como es la salud que constituye un derecho humano.





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