Exigen candados antimoches para el Ramo 23
Organizaciones civiles y legisladores proponen modificaciones a la ley para auditar este ramo y asignar recursos sólo a proyectos evaluados.
Expertos y legisladores exigieron evaluar la eficiencia del gasto público y hacer modificaciones en la legislación para auditar el Ramo 23 –que concentra ingresos excedentes que son transferidos a estados y municipios–, y evitar actos de corrupción.
“El Ramo 23 no está en ninguna ley y se ha vuelto un atajo para gastar rápido y mal”, dijo Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Transparencia de la organización México Evalúa.
Jorge Chávez, director en ITG Consultoría en Finanzas Públicas, explicó que este ramo surgió como un mecanismo ante posibles contingencias, en términos de los riesgos que enfrenta el presupuesto público, como la caída en los precios del petróleo, de los granos o casos de desastres naturales.
Sin embargo, este ramo que empezó “un poco en lo oscurito” para cubrir algunos gastos en entidades y municipios, se vició por la falta de una buena gobernanza, afirmó Campos.
“Hoy tenemos un presupuesto que se ha elevado de manera impresionante en los últimos años, y ya supera los 130,000 mil millones de pesos”, detalló Campos durante su participación en el foro “¿De qué hablamos cuando hablamos de austeridad?”.
Mario Delgado, senador de Morena, afirmó que este incremento de recursos no se refleja en beneficios para la población, “porque no están guiados para resolver una necesidad y, en cambio, llevan la lógica de resolver una distribución de moches”.
Afirmó que, aunque el gobierno federal afirma que envió un presupuesto antimoches, porque no tiene crecimiento el Ramo 23, lo más probable es que durante las negociaciones los diputados le asignen más recursos, como ha ocurrido en los últimos 3 años.
Por eso recomendó hacer un bono concursable para asignar recursos a los proyectos que tengan una evaluación mínima.
“Así podríamos hablar de un blindaje contra el tema del moche, que no sea nada más un tema de ocurrencias o de negociación, sino que se ponga un candado”, explicó.
Campos, de México Evalúa, recomendó aplicar los cuatro principios básicos de la buena gobernanza del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos establecen que cada acción debe ser transparente, cada participante debe estar sujeto a responsabilidades, cada acción debe estar propiamente documentada y reportada, y cada acción debe sujetarse a una posible auditoría independiente, objetiva y profesional.
“El Ramo 23 no tiene rendición de cuentas, no está reglamentado y no hay responsabilidad”, señaló la investigadora.
Por eso Delgado recomendó reformar la Constitución para darle a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de auditar a partir de cumplimiento de metas y objetivos.
Sunny Villa, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que es necesario que la Cámara de Diputados y el Senado tengan las capacidades técnicas para discutir estos temas y poder quitarle el monopolio a la Secretaría de Hacienda.
Hay que “exigir mayor información pública, metodologías y memorias de cálculo para poder hacer la réplica, y eso requiere una oficina de presupuesto”, dijo.
Vidal Llerenas, diputado de Moreno, coincidió en que los legisladores deben contar con una institución solvente para una buena discusión presupuestal.
“La cámara tiende a empeorar la calidad del gasto, porque aquí se aprueban una serie de proyectos que no tienen ninguna evaluación”. Por eso, dijo, se necesita una oficina de presupuesto, un banco de proyectos y capacidad técnica para que lo que se apruebe, sea solvente.
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