Entidades ocultan en qué gastan su deuda
Sólo 14 estados reportan el destino de los recursos por concepto de deuda de manera general, pero ninguno explica cuáles son los montos que destinan a obras y proyectos, denuncia la organización Fundar.
La Ley de General de Contabilidad Gubernamental obligó a todas las entidades a publicar la información financiera sobre activos, pasivos, ingresos, egresos y deuda a partir de 2008, pero la realidad es que los estados dan información muy limitada, por lo que es imposible que los ciudadanos conozcan con claridad cómo se gastan sus impuestos, dio a conocer Fundar.
El rubro más opaco es la deuda que los estados adquieren en el presupuesto anual, pues ningún gobierno estatal informa de manera detallada en qué lo gastan.
Pese al incumplimiento de la ley, ningún funcionario público ha sido sancionado hasta el momento, refiere el análisis “Observatorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 2014”, realizado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Los estados tienen buenas prácticas de transparencia en varios rubros, pero en algunos casos sólo es de manera parcial. “Sí dan información, pero de manera general, no detallada. Sigue sin ser suficiente”, asegura Liliana Ruiz-Ortega, quien está a cargo de la investigación.
El estudio reveló que sólo 14 entidades reportan el destino de los recursos por concepto de deuda de manera general, es decir, no explican cuáles son los montos que corresponderían a las supuestas obras o proyectos: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
El resto de entidades ni siquiera menciona cuál sería el destino del dinero de la deuda.
Los estados tampoco publican las iniciativas y leyes de ingresos, lo que dificulta saber cuáles son las fuentes de ingreso para los gobiernos. En entidades como Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas, publican una tabla con los montos, pero “no es suficiente”, dice el estudio.
Un problema detectado por la investigadora son los “ingresos extraordinarios”, pues mientras algunos estados lo etiquetan como “convenios”, otros como “financiamiento”, pero no existe definición ni detalle de lo que significa.
Tampoco hay transparencia en los “subsidios y convenios de reasignación”, sólo registran un monto anual, pero “no sabemos qué convenios ni qué tipo de subsidios lo integran”, afirma.
Sobre los “proyectos plurianuales”, sólo Querétaro reportó un archivo donde se especifica el nombre del proyecto y una breve descripción, pero el detalle sobre los montos es ilegible. El resto de las entidades no presenta información al respecto, y no es claro “si es porque los estados no tienen este tipo de proyectos en el año respectivo o si es un problema de opacidad”.
Aunque la Ley General de Contabilidad Gubernamental obliga a los gobiernos a presentar la información de manera accesible a los ciudadanos, no hay un estándar entre los documentos de los estados.
“Muchos estados cumplen con la norma y enlistan los ingresos y egresos, pero no utilizan los documentos para dar más información y explicación a los ciudadanos que no son expertos en los temas presupuestarios. No se presenta glosario de términos, explicación del proceso presupuestario o detalle sobre las prioridades presupuestales”, concluye el estudio.
Benjamín Fuentes, secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación, afirma que esto se debe a que “no todos los servidores públicos tienen el entendimiento ni las herramientas para realizar esto que parece muy sencillo”.
Por eso, dijo, es fundamental tener una estrategia de cómo implementarlo, tomando en cuenta las diferencias en capacidades administrativas, en capacidades técnicas e institucionales.
Para Ruiz-Ortega, la ley es insuficiente para lograr una buena fiscalización y rendición de cuentas, por lo que se requiere del apoyo del Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional Anticorrupción y voluntad política.
Es necesario que los estados rindan cuentas del gasto, pues una tercera parte del presupuesto federal se destina a las entidades. “La transparencia es un componente para que se gaste mejor”, afirma.
¿Qué pasa si incumplen?
La Ley General de Contabilidad Gubernamental fue aprobada en 2008 para unificar la forma de presentar la información financiera de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), lo que ayudaría a comparar datos y cifras entre los entes públicos de manera más efectiva.
En 2012, la ley se modificó y se le agregaron nuevas obligaciones a los entes públicos en materia de transparencia presupuestaria, es decir, dar más detalle y más información sobre variables como los ingresos, los gastos y la deuda .
Todos debían tener el mismo sistema de contabilidad para elaborar los reportes de gastos e ingresos públicos; normas para registrar bienes e inmuebles y difundir información en sus páginas de internet. Si bien existen avances en algunos rubros, no se ha alcanzado la transparencia ni armonización en todo el país, señala Ruiz-Ortega.
El Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) coordina la armonización contable en el país y tiene la facultad de emitir normas, formatos, monitorear el avance y hacer recomendaciones. Está integrado por la Tesorería de la federación, cuatro gobernadores y representantes de dos municipios, y de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.
En caso de incumplimiento, las sanciones van de mil a 500 mil días de salario mínimo, es decir, de 70 mil 100 pesos a 35 millones de pesos, mientras que las penas de prisión van de los 2 a los 7 años a quien haya causado daño a la hacienda pública o patrimonio público.
Hasta el momento ningún funcionario público ha sido sancionado. En caso de detectarse alguna irregularidad tendría que ser investigada por la Secretaría de la Función Pública, que podría interponer una denuncia ante la autoridad judicial.
La investigación de Fundar incluyó el análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos, la Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos y las páginas de internet de las secretarías de Finanzas de los 31 estados del país y el Distrito Federal, durante agosto de 2014 a mayo de 2015 (con información de Animal Político).
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