El Senado aprueba candado antimoches
Con una adición a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los legisladores otorgaron facultades a la Auditoría Superior de la Federación para revisar los proyectos de infraestructura de entidades y municipios, con el fin de evitar el desvío de recursos.
Con la finalidad de evitar el desvío de recursos públicos a proyectos que no tengan un objetivo claro y transparente, los senadores aprobaron una adición al adición al artículo noveno transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El senador perredista Armando Ríos Piter, quien impulsó esta modificación, explicó que el propósito es evitar que recursos como los 17,000 millones de pesos adicionales, que se esperaban en los ingresos para el próximo año, se destinen de manera discrecional y poco clara a obras municipales que den pie a los llamados moches.
La adición fue aprobada por el pleno del Senado la madrugada de este jueves, con 76 votos a favor y 21 votos en contra (en conjunto con la Miscelánea Fiscal).
Con este cambio se establece que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará de manera directa los proyectos de infraestructura de las entidades y los municipios, que no fuero incluidos en el proyecto de Egresos para 2016, enviado por el Ejecutivo federal.
Esta supervisión se realizará al mismo tiempo que la revisión de recursos, durante el ejercicio presupuestal correspondiente, para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables respecto de los recursos federales que reciban los estados y municipios.
Para ello se destinarán recursos a la ASF, a través del Presupuesto de Egresos para el próximo año, por lo que el organismo emitirá informes específicos a la Cámara de Diputados y al Senado.
Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los informes trimestrales sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública, la información del ejercicio del gasto en los proyectos de infraestructura.
La dependencia deberá indicar el uso y destino de los recursos para saber en dónde están, “porque nos enteramos que hubo diputados que, siendo de un estado, terminaban haciendo obra y destinando recursos a otro, porque ahí se ponían de acuerdo con alguna autoridad, que era la que le daba la lana”, afirmó Ríos Piter.
El senador del PRD dijo que esta medida impulsa el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual establece que la ASF será la encargada de fiscalizar los recursos federales que administren o ejerzan estados y municipios, cualquier persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.
Una medida contra la corrupción
Para Ernesto Cordero, senador del PAN, esta medida es “pertinente, urgente y oportuna”.
Tristemente, dijo, el principal espacio de corrupción en México es la Cámara de Diputados, en donde se hacen asignaciones poco claras, “y en las que se reparten los impuestos de todos los mexicanos como si fueran patrimonio de los legisladores”.
Héctor Larios, del PAN, aseguró que en ocasiones este dinero se asigna a programas de cultura, pavimentación o deportes, que no responden a las prioridades del país.
“Esta propuesta es totalmente pertinente porque se enfoca exclusivamente a obras que no están marcadas en el presupuesto”, declaró.
Para Alejandro Encinas, del PRD, esta modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es el primer paso para establecer candados y mecanismos de control para evitar el desvío y la malversación de recursos derivados de una mala gestión de representantes en la Cámara de Diputados.
“Es el primer artículo antimoche del Congreso, y esperamos que fortalezca el sistema nacional anticorrupción, ya que refuerza las facultades del auditor superior para intervenir de oficio, en cualquier momento, en el ejercicio de esos recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos”, afirmó.
Esta adición forma parte de las modificaciones realizadas por senadores al paquete económico de 2016, que se enviará nuevamente a la Cámara de Diputados para su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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