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Corrupción causa pérdidas por 200,000 millones de dólares cada año

Los más afectados son los pobres, dice el BM; la transparencia debe ir acompañada de la sanción al corrupto, pues de otra forma sólo engendra más corrupción y más cinismo, dicen durante el foro "Hablemos de corrupción".




12 octubre, 2015

La corrupción es uno de los fenómenos que más deterioran el tejido social de los países, compromete la confianza de las sociedades en sus gobernantes e impacta de forma importante y medible sus economías, afirmó Miguel Coronado, jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México.

Durante la presentación del evento “Hablemos de corrupción”, el  funcionario del BID dijo que anualmente se pierden más de 200,000 millones de dólares (mdd) en el mundo, a causa de la corrupción en los procesos de compras y contrataciones en los gobiernos. 

Explicó que sólo en lo relacionado con los sistemas de salud, se tienen pérdidas por 28,000 mdd al año por corrupción en América Latina y el Caribe. 

Para Roby, Senderowitsch, gerente de Programa de la Alianza Global para la Auditoría Social del Banco Mundial, la corrupción es un desafío para toda la población, pero en mayor medida para los pobres. 

“Los pobres dependen, en su gran mayoría, de servicios públicos, servicios que pueden verse afectados por la corrupción. Cuando los pobres tienen que pagar una mordida, es un porcentaje importante de sus ingresos”, explicó el funcionario del BM. 

Senderowitsch afirma que la corrupción afecta la confianza de las instituciones públicas que es importantísima, porque cuando no hay confianza en las instituciones, en las leyes y en los distintos poderes del Estado, se tienen afectaciones importantes en los países. 

Para el especialista del Banco Mundial, la corrupción se puede combatir, y para abatirla es necesario entender que no es el problema en sí mismo, sino que hay una infección en nuestro organismo, por lo que recomendó atacar las causas institucionales de la corrupción para acabar con ellas.

Insistió en que no basta con hablar de corrupción, ya que, aseguró, con eso únicamente incrementan los niveles de transparencia, algo que puede ser contraproducente, dijo, porque si los buenos niveles de transparencia se mezclan con malos niveles de impunidad, dan como resultado mayor corrupción. 

En esto coincide María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, quien dijo que ya es necesario dejar de hablar de corrupción y es tiempo de exigir a políticos y empresarios cambios en nuestra sociedad. 

“Está en nosotros el cambio, la transparencia no combate la corrupción, en el mejor de los casos la inhibe y en el peor, la exhibe y cuando no viene acompañada de políticas públicas que realmente impidan la transparencia, lo que estamos incubando es un gran cinismo”, dijo Marván. 

Piden cautela en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción

Miguel Coronado, del BID, dijo que si bien el organismo internacional que representa da la bienvenida a la reforma constitucional, que da pie al Sistema Nacional Anticorrupción, los retos para implementar esta reforma son muchos, incluidas las leyes que la sustenten en el ámbito federal. 

“Esperamos que las fuerzas sociales, económicas y políticas de este país continúen interesadas en conocer y seguir este proceso, y analicen con calma la implementación de este importante reforma”, dijo Coronado. 

Para María Marván, el Sistema Nacional Anticorrupción es el primer paso, y recordó que aún faltan políticas públicas que complementen a esta legislación. 

“Si no diseñamos las políticas públicas necesarias, una vez más vamos a reforzar la vieja leyenda de ‘acátese y no se cumpla’,  eso debilita el Estado de derecho y propicia a la ilegalidad”, dijo Marván. 

Al menos 20 leyes a nivel federal deben adecuarse antes de mayo del 2016 para poner este sistema en marcha. 

Al convocar al Seminario “Responsabilidad pública y rendición de cuentas: una exigencia democrática”, Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmo que “el diseño y operación de este sistema es uno de los mayores desafíos políticos, sociales y legislativos de los tiempos recientes”.





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