Piden proteger a testigo en caso de corrupción en Guatemala
Salvador Estuardo González acusó al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti de participar en el fraude de 28 millones de quetzales de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) de Guatemala y la misión de las Naciones Unidas que colabora en la lucha contra el crimen organizado en Guatemala solicitaron hoy al gobierno garantizar la seguridad de Salvador Estuardo González, alias “Eco”, testigo clave del caso de corrupción conocido como “La Línea”.
En un año del esquema de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), hasta el 16 de abril pasado cuando fue desarticulada la red, se generaron ganancias por 28 millones de quetzales (3.6 millones de dólares), que se defraudaron al Estado, estableció el MP.
González declaró ante el juez encargado del caso que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti recibían los sobornos de la defraudación fiscal cuando se desempeñaban como presidente y vicepresidenta de la república, respectivamente.
Ante esto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependencia de las Naciones Unidas junto con el MP solicitaron al gobierno que protejan a González, detenido en una prisión común desde el 16 de abril.
“Tras escuchar las declaraciones de González, el MP y la CICIG consideran que podría encontrarse en una situación de gravedad pues su integridad se encontraría amenazada y en riesgo”, señalaron mediante un comunicado.
Por lo tanto, solicitaron al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario de Guatemala “asumir su responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Salvador Estuardo González”.
El MP y la CICIG consideran que “Eco” tiene un papel protagónico en el grupo criminal y la red de corrupción que operaba en la autoridad recaudadora de impuestos de Guatemala.
La estructura criminal “La Línea”, de acuerdo con las investigaciones, la encabezarían Pérez Molina, en prisión desde el 3 de septiembre, y Baldetti, detenida el 21 de agosto cuando ingresó a la cárcel.
Ambos exfuncionarios son acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
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