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La defensa legal de los contribuyentes frente al SAT

En lo que va del sexenio, algunas medidas implementadas por la autoridad tributaria provocaron inconformidad y el trámite de miles de amparos.



2 septiembre, 2015



Durante los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto, miles de contribuyentes se ampararon para protegerse del sistema electrónico de fiscalización.

Dicho sistema se implementó con la reforma fiscal aprobada en diciembre de 2013, que estableció la obligación de llevar registros y asientos contables a través de medios electrónicos.

Sin embargo, miles de personas se ampararon ante el acoso del sistema electrónico, que abogados fiscalistas consideran inconstitucional.

La Firma Jurídica y Fiscal tramitó más de 2,500 amparos en contra del sistema electrónico: Buzón tributario, contabilidad, revisiones, auditorías, multas, cobros, liquidación de créditos y embargos, vía electrónica.

El despacho, con más de 35 años de experiencia, constantemente estudia las inconstitucionalidades que hacen las autoridades.

Entre sus servicio ofrece el trámite de amparo contra el IVA en alimentos, el límite de deducción del ISR y contra el sistema electrónico normativo del Código Fiscal de la Federación y su suspensión.

En el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Samuel Orlando García Mascorro, titular de la firma jurídica, explicó que los empresarios podían deducir al 100% los salarios de sus empleados, pero con las reformas a la Ley del ISR ahora sólo pueden hacer deducible el 53%.

“Hace un mes aproximadamente un juez de distrito de Campeche nos concedió el amparo por la inconstitucionalidad”, dijo.

Nosotros, agregó, estudiando vimos que es inconstitucional porque el empresario se va a ver afectado, porque no va a poder deducir lo que en realidad está pagando. “Presentamos el amparo en toda la república y el primero que nos resolvió fue Campeche”, explicó.

Acerca del sistema de contabilidad electrónica “nosotros decimos que es inconstitucional, porque viola el Artículo 16 de la Constitución”, asegura.

Dicho artículo establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”.

Es inconstitucional, insiste García Mascorro, por eso la Corte concedió la suspensión, para que los contribuyentes beneficiados no tengan que enviar mensualmente su contabilidad electrónica por el portal del SAT.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) afirma que la suspensión concedida también es para que no se les notifique ningún acto por parte del SAT a través del Buzón tributario y para que no se les revise su situación fiscal por medio electrónico.

Malas prácticas de recaudación

La Prodecon también alertó este año sobre las malas prácticas que llevan a cabo las autoridades fiscales en materia de recaudación persuasiva y que deja indefensos a los pagadores de impuestos.

Para el cobro persuasivo, de febrero a julio de este año, el SAT envió 507,426 correos electrónicos, 165,402 cartas, 233,465 mensajes telefónicos pregrabados y realizó 68,567 llamadas telefónicas.

Es correcto que el SAT realice acciones persuasivas, asegura la Prodecon, pero para ello debe adoptar las mejores prácticas administrativas.

En agosto, el SAT organizó el Foro internacional de tributación digital 2015, en el Museo Interactivo de Economía (Mide), con el objetivo de resaltar los beneficios de la tributación digital.

En el evento, los funcionarios del SAT expusieron que entre los beneficios de utilizar la tecnología están el reducir costos, presentar más opciones de trámite a los contribuyentes, para su comodidad, y evitar multas a través de la comunicación constante.

Prodecon asegura que el acercamiento con el contribuyente no debe constituir una amenaza o intimidación para éste, sino que le tiene que informar sobre sus obligaciones y facilitar su cumplimiento.

Citar en sus oficinas al contribuyente, incluso por teléfono, para que aclare “inconsistencias” respecto de uno o más ejercicios, usando como fundamento expresiones abstractas y genéricas, como que se detectaron “comportamientos atípicos”, es una de las prácticas denunciadas por la Prodecon.

Comunicar al contribuyente en esas citas, únicamente de manera verbal, las presuntas irregularidades; presionar al contribuyente a firmar una declaración en la que se compromete a autocorregirse e impedir el acceso a los asesores del contribuyente cuando es citado en las oficinas de las autoridades, también encabezan la lista de malas prácticas.






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