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EU y México preparan intercambio de información bancaria

A partir de este martes, entra en vigor la legislación que permite a las autoridades tributarias de ambos países compartir datos financieros de sus ciudadanos para el cobro de impuestos.



14 septiembre, 2015



Con la aplicación de la Ley sobre el Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), Estados Unidos y México tienen previsto iniciar este martes el intercambio de información de información bancaria con fines fiscales.

Estados Unidos compartirá la información de mexicanos con cuentas bancarias o inversiones en ese país, que obtuvieron más de 10 dólares por intereses anuales.

México, por su parte, reportará cuentas o inversiones por más de 50,000 dólares, de ciudadanos estadunidenses en instituciones financieras del país.

La FATCA fue promulgada en Estados Unidos en 2010, como una herramienta para combatir la evasión fiscal, a raíz del escándalo del banco HSBC. Su puesta en marcha, sin embargo, pudo aplicarse hasta este mes, luego de sucesivas demandas contra la legislación.

Las asociaciones de Banqueros de Texas y de Florida demandaron en 2013 al Departamento del Tesoro, mientras que el senador Rand Paul y estadunidenses expatriados mantienen su propio proceso legal en curso.

Desde que el presidente Barack Obama promulgó la FATCA, Estados Unidos emprendió la negociación de acuerdos bilaterales con más de 70 países, a fin de formalizar el intercambio recíproco de información.

En el caso de México, el acuerdo se concretó el 9 de abril de 2014.

“México y Estados Unidos han realizado pruebas técnicas durante meses sobre el intercambio de información. La implementación del acuerdo bilateral será gradual”, dijo a Notimex una fuente oficial.

Con el acuerdo bilateral, la información de las cuentas correspondientes a 2014 y subsecuentes será compartida entre el Servicio Interno de Rentas (IRS) de Estados Unidos y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.

“Eso va a permitir como estándar y con seguridad poder recibir la información y también enviarla”, confirmó en un reciente foro en México el director del SAT, Aristóteles Núñez.

Colaboración de bancos mexicanos

El plan del SAT es acopiar y evaluar la información de los mexicanos con cuentas o inversiones en Estados Unidos, con vistas a iniciar las auditorías respectivas a partir de 2016.

El IRS proporcionará a México el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal de quienes sean residentes de México con cuentas o inversiones en Estados Unidos, que hayan obtenido al menos 10 dólares de interés en el año previo o vigente. El programa no es retroactivo.

Asimismo el IRS entregará el número de cuenta o equivalente, el nombre de la institución depositaria, el monto de los intereses pagados al residente mexicano, el monto de dividendos o ingresos obtenidos o acreditados en Estados Unidos y el origen de otros recursos.

En contraparte, México proporcionará al IRS el nombre, dirección y número fiscal de estadunidenses con cuentas cuyo saldo sea superior a los 50 mil dólares, así como el número de la cuenta, el balance mensual y la cantidad de intereses pagados.

Hasta el momento, más de 600 instituciones bancarias y financieras de México han aceptado participar en la FATCA. Bajo la legislación estadunidense, aquellas que no lo hagan pueden enfrentar penalidades, incluido un impuesto de 30% sobre sus bienes en Estados Unidos.

Se estima que en el mundo más de 173,500 instituciones bancarias han aceptado reportar a Estados Unidos la información de sus cuentahabientes estadunidenses.

Entre los países con el mayor número de instituciones participantes figuran las Islas Caimán con más de 32,000, Islas Vírgenes británicas con casi 6,000, Brasil con más de 5,500, Francia con casi 5,000, Canadá con más de 4,500 e Irlanda con más de 4,200. HSBC también participa.

Oposición estadunidense 

En contraste, en Estados Unidos las asociaciones de banqueros de Texas y de Florida iniciaron en abril de 2013 una batalla legal contra la FACTA, por considerar que sus cláusulas son una carga indebida que puede afectar las inversiones en este país.

Según la Asociación de Banqueros de Texas, la inminencia de FATCA provocó la salida de más de 500 millones de dólares en las cuentas de extranjeros en ese estado, además del supuesto riesgo de una mayor fuga de capitales desde Estados Unidos.

El año pasado, el juez James Boasberg, de la Corte de Distrito de Washington, DC, desestimó la demanda, pero las asociaciones de banqueros apelaron el fallo ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.

En defensa de la ley, el Departamento de Justicia mantiene que las demandas en su contra no tienen lugar debido a que la Ley Anti-Mandato (Anti-Injunction Act) prohíbe expresamente cualquier demanda legal que busque bloquear la recolección de impuestos.

El pasado 14 de agosto, tres jueces de circuito fallaron en favor del gobierno de Estados Unidos bajo el argumento de que la queja de los banqueros cae dentro de la jurisdicción de la Ley Anti-Mandato y, por lo tanto, no es legítima.

Pero la batalla contra la FATCA incluye además a un grupo de expatriados que demandó al gobierno federal en Ohio, al senador libertario Rand Paul y al Partido Republicano, cuyo comité nacional denunció que la ley es invasiva de la privacidad personal.

Los opositores de la FATCA argumentan que está provocando que un número inédito de estadunidenses renuncian a su ciudadanía para evitar los efectos de la ley. Sólo el año pasado renunciaron a ella 3,415, comparado con 742 en 2009, antes de la FATCA.

Por el momento sigue pendiente de desenlace la demanda presentada en julio pasado por el senador Paul, quien sostiene que FACTA viola las protecciones constitucionales contra las multas excesivas.

Apenas el pasado 4 de septiembre, los demandantes pidieron a la Corte de Ohio una orden de emergencia para suspender la implementación de la FATCA, pero aún no hay fallo.

Aunque Estados Unidos no tiene un estimado oficial sobre el monto de impuestos no cobrados por cuentas en el extranjero, legisladores de ese país estiman que el monto sería de 100,000 millones de dólares (con información de Notimex).






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