Diputados quieren proteger finanzas de estados y municipios
Frente a los recortes presupuestales, PRI y PAN proponen reformas a Ley de Coordinación Fiscal para modificar la distribución de los fondos de Participaciones y de Aportaciones para la Infraestructura.
Diputados de PRI y PAN presentaron dos iniciativas para modificar la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado priista Miguel Sulub propuso cambios en el párrafo quinto del artículo 2 de esta legislación para proporcionar estabilidad al sistema de distribución de las participaciones estatales.
Esta iniciativa busca que la distribución de la primera parte del Fondo General de Participaciones, que es una de las principales fuentes de recursos para los estados, se desvincule del PIB no minero para dar estabilidad y seguridad financiera a las entidades.
Anclas contra la volatilidad
El legislador priista argumentó que con ello se evitaría que la volatilidad afectara el presupuesto para los estados, y se lograría que estos recursos no dependieran de los altibajos del petróleo.
“El análisis de distribución del Fondo General de Participaciones Federales, respecto de la primera parte de la fórmula, muestra que de 2008 a 2014 hubo variaciones muy pronunciadas para estados como Campeche y Tabasco, resultado de la disminución en la producción de hidrocarburos y la baja en los precios del petróleo a nivel internacional, que han hecho que estos estados reduzcan el monto de las participaciones que reciben”, explicó Sulub.
El diputado insistió en que su propuesta no modifica la estructura de la fórmula de cálculo de este fondo, ni su porcentaje de distribución entre las entidades.
Ni la primaria…
Por su parte, la diputada panista Ingrid Schemelensky propuso que se modifique el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para que los municipios y demarcaciones territoriales dispongan de hasta 2% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura, y se use para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional (Prodin).
Según la legisladora panista, con esta medida el uso de estos recursos fortalecerá las capacidades de gestión del municipio o la demarcación.
“Uno de los rubros en los que pueden invertirse los recursos es en la capacitación de los funcionarios municipales, ya que de los 39,422 titulares de alguna dependencia municipal, sólo 9, 976 tienen estudio de hasta primaria o secundaria, y respecto de la experiencia laboral, únicamente 15% del total de los titulares de área habían trabajado previamente en el gobierno municipal”, aseguró la panista.
La diputada explicó que otro de los usos que se le puede dar a los recursos para la infraestructura social es para la actualización de planes municipales.
“El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2013 muestra que sólo 37% de los municipios cuenta con un reglamento interior del ayuntamiento, 21% con reglamento de transparencia, 20% con reglamento de obras públicas, 13% con reglamento de participación ciudadana, y sólo 12% con reglamentos de recursos materiales y financieros”.
Pese a que se le daría un uso distinto al 2% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Schemelensky advirtió que esto no debería propiciar el abandono de las entidades para recaudar ingresos propios, especialmente del impuesto predial.
“Para ello es necesario que los municipios mantengan actualizado su catastro, así como las tarifas y el padrón de contribuyentes, acciones en las que también podría invertirse estos recursos”.
Ambas propuestas serán discutidas en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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