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Buscan revivir impuesto sobre transacciones en Brasil

Gobierno de Dilma Roussef busca cobrar 0.2% de impuesto a todos los movimientos financieros que se hagan en el país; los recursos que se recauden irían directamente a solventar el déficit en la seguridad social.

 



15 septiembre, 2015



El gobierno de Dilma Rousseff busca reimplantar un impuesto sobre los movimientos financieros (CPMF), congelar los salarios de los funcionarios federales durante siete meses y recortar en casi un 30% el gasto dirigido a un programa vivienda dirigido a las familias más pobres.

Estas medidas son parte del ajuste fiscal que pretende revertir el déficit equivalente a 0.5% del producto interno bruto (PIB) previsto en el presupuesto nacional para 2016 y convertirlo en un superávit primario equivalente a 0.7% del PIB, que era la meta inicial del gobierno, informaron los ministros Joaquim Levy (Hacienda) y Nelson Barbosa (Planificación).

El impuesto que tasará un 0.2% en todos los movimientos financieros llevados a cabo en Brasil, necesitará ser aprobado por el Congreso Nacional, y en caso de que sea revisada por los diputados y senadores, se destinará sólo al pago de la seguridad social y no a sanidad, como cuando estuvo en vigor entre 1997 y 2007.  

Cuando el impuesto fue suprimido, cobraba 0.38% sobre los movimientos bancarios, pero ahora será del 0.2%, es decir casi la mitad de la cuota de hace 18 años. O sea que por cada 1, 000 reales movidos, 2 caerían directamente en las arcas del gobierno. 

Así, el gobierno pretende recaudar 32,000 millones de reales, según cálculos del equipo de Levy.

La decisión de la vuelta de este impuesto, agregó, es porque es el más “democrático” ya que engloba a toda la sociedad.

“Frente a todas las alternativas de impuestos, la prórroga de la vigencia de la ley del CPMF sería lo que menos distorsionaría la economía, con menor impacto en la recaudación y más distribuido y que incide más equitativamente en todos los sectores”, afirmó el ministro.

El hecho de que sea destinado a seguridad social se debe al agujero en esa área, pues de acuerdo con las cuentas del gobierno, de los 58,000 millones de reales de déficit en 2014, el agujero crecerá hasta los 117, 000 millones el año que viene.

Sin embargo el presidente del Congreso, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), advirtió que en el Congreso la propuesta enfrentará a resistencias para conseguir los 308 votos necesarios para su aprobación.

“Además de que el gobierno tiene apoyos parlamentarios poco sólidos, el tema es polémico”, dijo.

Consideró que el plan presentado está compuesto por “seudo recortes”, porque de las 16 alternativas de recortes y el aumento de los ingresos presentados, como salida a la crisis, 15 necesitan ser analizadas por los congresistas. La única medida que no pasará por el escrutinio del Congreso es la reducción de 39 a 29 ministerios.

Por eso, durante los próximos días, representantes del gobierno de Rousseff comenzarán una serie de negociaciones con los parlamentarios para la aprobación de la resurrección del impuesto. 

Incluso Rousseff, durante una cena el lunes, dialogó con los gobernadores de los partidos aliados para solicitar su apoyo para convencer a los legisladores.

Congelan salarios a funcionarios 

El equipo de Rousseff también propuso la congelación en los salarios de los funcionaros públicos para ahorrar alrededor de 7,000 millones de reales.

Esto requiere una renegociación, entre el gobierno y los servidores públicos, de las propuestas de reajuste que ya había presentado para un período de cuatro años. 

Para el año que viene, la estimación era de que el aumento llegara hasta el 10.5% a partir de enero, un poco más que la inflación que se abate ahora sobre el país. De acuerdo con el ministro Barbosa, para conseguir este ahorro, será necesario extender el plazo hasta agosto.

Para el programa de vivienda Minha Casa Minha Vida el recorte será de 4.800 millones de reales (1.200 millones de euros), casi un 30% de lo que estaba previsto para 2016. 
Por el momento ha sido el único programa social en el que el gobierno ha admitido llevar a cabo recortes sobre el presupuesto previsto.

Las medidas fueron anunciadas días después de que la agencia de riesgo Standard & Poor's (S&P) redujera la nota de Brasil al nivel BB+, considerado como de "bono basura", lo que supuso retirarle el "grado de inversión" que califica a los buenos pagadores (con información de El País y Noticieros Televisa).

 





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