La SFP asegura que resolverá el caso de Grupo Higa antes de terminar el 2015
La Comisión Permanente del Congreso pidió que en un plazo menor a 15 días la SFP reporte el estado de las investigaciones acerca de los vínculos de Grupo Higa con el gobierno federal
Antes de que termine el 2015 se conocerá si hubo o no conflicto de interés en el caso de la “casa blanca”, propiedad de Angélica Rivera, primera dama de México, informó el secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade.
El inmueble ha causado polémica desde noviembre de 2014, después de que una investigación periodística hecha por Carmen Aristegui y su equipo de trabajo, revelara que la casa, con un costo de 7 millones de dólares y ubicada en Las Lomas, fue supuestamente vendida por Grupo Higa, un contratista cercano al presidente Enrique Peña Nieto, y que tiene contratos con el gobierno federal.
En febrero de 2015, el mandatario ejecutivo nombró a Virgilio Andrade como titular de la SFP y le ordenó una investigación por la casa de su esposa y una residencia en Malinalco, Estado de México que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray habría comprado a Grupo Higa.
Andrade aseguró que “si en la forma de asignar los contratos se puede determinar si hubo conflicto de interés o no, será un caso debidamente documentado para que cualquier persona, en el mundo, lo pueda comentar”.
Por su parte, el Congreso dio un plazo de 15 días para que el SFP, Virgilio Andrade, para que informe en qué estado se encuentran las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre Grupo Higa y diversos funcionarios federales.
Ese mismo lapso tendrán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para entregar un informe de todos los proyectos en los que Grupo Higa haya colaborado con el gobierno federal.
Cabe señalar que Peña Nieto encomendó a Virgilio Andrade crear la unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés, que emitiera reglas de integridad y que se establecieran protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
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