El CCE colaborará en la fiscalización de estados
El organismo empresarial firmó un convenio con la Auditoria Superior de la Federación para promover la denuncia por el uso inadecuado de recursos públicos
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) firmaron un convenio de colaboración en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas para apoyar el cumplimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, dijo que el sector empresarial trabaja con diferentes secretarías para hacer un diagnóstico de la deuda que tienen los estados con el sector privado.
“Vamos a recabar esta información para ayudar a la ASF con las facultades que ahora tiene”, dijo Gutiérrez Candiani.
El líder empresarial destacó, sin embargo, que hay mucha deuda que no está registrada, pero ya trabajan en una solución porque es un tema prioritario para el CCE.
A partir de este convenio, explicó, se podrán revisar en tiempo y forma los concursos gubernamentales en los que participa el sector privado. “Este tipo de mecanismos será fundamental para que el sector público y privado puedan trabajar de manera más eficiente y transparente”, aseguró.
Gutiérrez Candiani informó que este convenio establece un canal abierto de intercambio de información entre la ASF y el CCE, así como el desarrollo de acciones conjuntas en materia de fiscalización.
El Sistema Nacional Anticorrupción establece que la ASF será la encargada de fiscalizar los recursos federales que administren o ejerzan estados y municipios, cualquier persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.
Juan Manuel Portal, titular de la ASF, dijo que estos acuerdos ayudan en el desarrollo y diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, para tenerlo listo incluso antes del año marcado por ley.
El funcionario recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción prevé cambios en 17 leyes, y la creación de dos más: la Ley General Anticorrupción y la Ley General o Nacional de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Para estas modificaciones se tienen 180 días.
“El reto es que son muchas leyes, tienen muchos cambios, y es como un rompecabezas en el que tenemos que cuidar que todas las partes embonen perfectamente”, dijo Portal.
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