Se echan la bolita SAT y SFP respecto a funcionarios ‘defraudadores’
Los empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz habrían suplantado la identidad de diversos contribuyentes para cobrar las devoluciones de impuestos
Luego de dar a conocer que dos funcionarios públicos de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) habrían suplantado la identidad de diversos contribuyentes, el SAT y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no se ponen de acuerdo respecto a quién debe investigar tal ilícito.
La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que había diversos defraudadores, quienes habrían recibido depósitos indebidos por concepto de devoluciones, entre ellos dos funcionarios.
El fraude consistía en presentar la declaración anual de otras personas con datos ficticios y así obtener saldos a favor de ISR. El SAT aseguró que seguirá con la investigación de los fraudes en las declaraciones anuales, pero no especificó información respecto al caso de los funcionarios.
De hecho, funcionarios del SAT aseveraron que la investigación de los presuntos defraudadores debe ser realizada por la SFP debido a su cargo público, sin embargo, esta dependencia aseguró que el órgano fiscalizador es quien deberá investigar el caso.
Según la SFP, dicha dependencia “no cuenta con la facultad” para realizar la investigación a los funcionarios en cuestión y aseveró que el SAT cuenta con una unidad especial para este tipo de casos.
De acuerdo con Maricela González, contadora y especialista en temas fiscales, el SAT tiene la obligación de investigar a fondo el fraude y en caso de que se descubra que hubo tráfico de influencias o abuso de poder por parte de los funcionarios públicos para realizar los actos ilícitos, el caso se tendrá que turnar a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Hasta el momento, el órgano ha recibido información de 98 casos donde se presume fraude en perjuicio de contribuyentes por un monto de 2.1 millones de pesos.
¿Cuál sería el castigo?
Según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en caso de que al realizar la investigación se descubra que los funcionarios utilizaron su cargo público para realizar el supuesto fraude, estos podrían recibir alguna de las siguientes sanciones:
1) una amonestación
2) una suspensión
3) destitución del puesto
4) una sanción económica
5) inhabilitación temporal, la cual podrá de ser de 1 a 10 años.
En caso de que no se compruebe que los trabajadores de la SEV utilizaron su cargo público para realizar el perjuicio a los contribuyentes, las sanciones que recibirán serán con base en Código Penal Federal, en el cual se establece una pena de 1 a seis años de prisión por usurpación.
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